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ANÁLISIS

El difícil compromiso del déficit cero

La situación económica o la voluntad política no siempre permiten mantener el compromiso

El difícil compromiso del déficit cero

Las reglas que se imponen los Gobiernos para tener bajo control las cuentas públicas acaban casi siempre en el desván de los propósitos incumplidos. Una cosa es prometer el déficit cero y un endeudamiento limitado y otra es que, luego, la situación económica o la voluntad política permitan mantener ese compromiso.

Elevar a mandato constitucional la austeridad fiscal equivale a dar las máximas garantías de que, esta vez sí, la promesa se respetará. A la vez, equivale a complicar al máximo la gestión del denostado incumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Denostado y previsible, si hay que hacer caso de lo que ha ocurrido en las cuatro últimas décadas. En España y en Europa, las excepciones son la norma absoluta.

Si lo que se blinda en la Constitución son los objetivos vigentes en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (superávit a partir de determinado nivel de crecimiento), España solo habría cumplido la norma en la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde 1980, solo en 2005, 2006 y 2007, las cuentas públicas arrojaron un saldo positivo, en paralelo a ritmos de crecimiento elevados (tasas reales por encima del 3% del PIB). Y aún aquí, los números engañan. En una reciente entrevista, Pedro Solbes, ministro de Economía en aquel periodo, admitió que los ingresos estaban hinchados por la burbuja inmobiliaria y que el superávit (llegó al 2% del PIB) debía haber sido sensiblemente superior. En otras palabras, si entonces se hubiese tenido en cuenta el saldo estructural, que debería corregir los efectos presupuestarios de un crecimiento (o decrecimiento) temporal y extraordinario, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestario sería más que dudoso.

Al ampliar se percibe el radical contraste entre la promesa (austeridad fiscal) y la realidad (económica y política). Desde 1980, Francia e Italia, los otros dos países que han anunciado una cobertura constitucional al objetivo de estabilidad presupuestaria, no han logrado cerrar un ejercicio con superávit. Ni una sola vez escaparon de los números rojos. Alemania, desde la reunificación (1990), solo lo ha logrado en 2007 y 2008, cuando ya estaba dirigida por la canciller, Angela Merkel. Un año después, en 2009, el Parlamento alemán aprobó blindar en la Constitución los límites al déficit (0,35% del PIB), iniciativa que ahora Merkel pretende extender a toda la zona euro.

Desde 1980, solo en 2005, 2006 y 2007, las cuentas públicas arrojaron un saldo positivo, en paralelo a ritmos de crecimiento elevados

España ha sido hasta ahora uno de los más fieles cumplidores del Pacto de Estabilidad europeo, aprobado en 1997 y reformado en 2005. En su redacción inicial, el pacto establecía como objetivo general la estabilidad presupuestaria y como límite un déficit del 3% del PIB, que debía corregirse al año siguiente. El Gobierno del PP cumplió desde el principio con la cláusula y, en 2002, fue más allá al exigir por ley, a todas las administraciones (central, comunidades y ayuntamientos) un déficit cero, sin vincularlo a la marcha de la economía. Otra vez más la promesa se incumplió, aunque fuera por poco (entre 2002 y 2004, el déficit osciló entre el 0,2% y el 0,5% del PIB).

El Gobierno del PP exigió por ley a todas las administraciones (central, comunidades y ayuntamientos) un déficit cero, pero la promesa finalmente se incumplió

En esos mismos años, Alemania, Francia e Italia superaron, de forma reiterada, un déficit del 3% del PIB. En 2003, el eje francoalemán que ahora reivindica y exige el equilibrio presupuestario, rompió el Pacto de Estabilidad al negarse a los recortes de gasto público que exigía Bruselas. El eje francoalemán que ahora quiere castigar con la retirada de ayudas europeas a los países que incumplan el objetivo presupuestario, dejó sin efecto el régimen sancionador del Pacto de Estabilidad al negarse a pagar las multas previstas.

Tras la reforma del Pacto de Estabilidad, empujada por Alemania y Francia, se dio un periodo de tres años para reconducir el déficit excesivo y se establecieron varias excepciones que permitían sobrepasar el límite del 3% sin desencadenar el régimen sancionador. Lo que hace apenas cinco años era una necesidad de flexibilizar la austeridad fiscal, es ahora, por la presión de los mercados, del Banco Central Europeo y de Alemania, el principal sostén de los rescates a Grecia, Portugal e Irlanda, un urgente retorno a la doctrina del déficit cero. Otra cosa es que las nuevas promesas, aunque sean constitucionales, pasen el filtro de la realidad.