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El “escaño 351”

Rubalcaba propondrá que los ciudadanos puedan intervenir en el pleno del Congreso

Rubalcaba, entre Cristina Narbona (izquierda) e Inmaculada Rodríguez Piñeiro, miembros de su equipo.
Rubalcaba, entre Cristina Narbona (izquierda) e Inmaculada Rodríguez Piñeiro, miembros de su equipo.

El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quiere que su programa electoral incluya fórmulas para mejorar la participación de los ciudadanos en la política. Para ello, su equipo trabaja en lo que denominan el “escaño 351”, cuyo objetivo es que los ciudadanos puedan intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de las iniciativas legislativas populares.

En la actualidad solo está previsto que intervengan en el Pleno de la Cámara baja, además de los diputados, los parlamentarios autonómicos para defender iniciativas que procedan de las Cámaras de las comunidades. Nadie más puede intervenir ante el Pleno.

La idea con la que trabaja el equipo de programa de Rubalcaba, con Cristina Narbona a la cabeza, es la de buscar una fórmula que permita que un ciudadano represente ante la Cámara a los firmantes de una iniciativa legislativa popular. Ahora, si una iniciativa de ese tipo logra pasar los filtros previos, es debatida ante el Pleno, sin que nadie la defienda pero con posibilidad de que los grupos parlamentarios fijen su posición y, finalmente, acepten o rechacen la propuesta.

El problema con el que han topado es la excesiva rigidez para que alguna iniciativa de este tipo pueda llegar al Pleno. Y no es fácil solucionarlo, porque es la Constitución la que exige un número muy elevado de firmas necesarias para tramitar una iniciativa legislativa popular. Así, el artículo 87 de la Constitución establece que “una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley”. “En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa”, prosigue, “en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”.

Es decir, se exige medio millón de firmas y, además, se limitan los asuntos sobre los que pueden presentarse esas iniciativas. Estas iniciativas se tramitan ante la llamada Comisión de Peticiones que, en la práctica, tiene una muy limitada actividad. Rubalcaba pretende, incluso, cambiar el nombre de la comisión por el de “participación” o similar, para estimular la implicación ciudadana en las actividades parlamentarias.

Cada diputado socialista responderá de un distrito o circunscripción

Estas medidas se incluirán en el programa electoral que aprobará la Conferencia Política del PSOE los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Formarán un bloque en el que el candidato socialista pretende lanzar a los ciudadanos mensajes de regeneración democrática, adoptando algunas de las propuestas o inquietudes del Movimiento 15-M. La base es la constatación de que el sistema democrático requiere, 30 años después, mejoras que garanticen la implicación de los ciudadanos en la política.

Habrá también una propuesta de reforma electoral, sobre la base de la que formuló ya el propio Rubalcaba el día de su designación oficial como candidato, que consistía en una fórmula similar a la alemana. La idea es buscar la manera de que cada diputado pueda responder ante sus electores y, al mismo tiempo, poder canalizar sus propuestas e inquietudes.

El candidato socialista pretende, además, establecer un funcionamiento interno de su futuro grupo parlamentario en el que se pueda identificar al diputado de la circunscripción y, para provincias muy pobladas, de distritos muy concretos. También que se garantice la iniciativa individual de cada parlamentario, sin estar tan sujeto a las directrices de la dirección del grupo.

Comparecencia obligatoria de expertos

Solo en casos excepcionales la tramitación de las leyes en el Congreso de los Diputados y el Senado va acompañada de la presencia de expertos que puedan dar sus puntos de vista sobre la reforma. Sí se hace cuando se abren subcomisiones de estudio que, a su vez, sirven para elaborar informes para futuras reformas legislativas.

La idea del equipo que elabora el programa de Alfredo Pérez Rubalcaba es la de poder extender esta posibilidad a todas las normas que se tramiten en el Parlamento. Es decir, que en la tramitación de los proyectos y proposiciones de ley no solo intervengan los grupos parlamentarios sino que puedan comparecer expertos para dar su opinión y aportar información. Se trata de acompasar la aportación de visiones distintas con la necesidad de no demorar en exceso el trámite de las normas. Para ello sería precisa la modificación del reglamento de las Cámaras, estableciendo procedimientos específicos para esas comparecencias.

En este momento cada uno de los grupos parlamentarios suele mantener reuniones con los sectores afectados por las normas, a instancias de los portavoces o a solicitud de los afectados. Esos contactos no tienen ningún tipo de transparencia y se produce un cierto vacío legal, puesto que en España no está prevista la actuación de los lobbies que aporten su visión sobre las leyes. Quienes defienden la regulación de esa actividad proponen que se establezca lo que llaman la trazabilidad de las normas, es decir, que cuando la ley salga de las Cortes conste qué sectores, organizaciones o asociaciones han participado en la elaboración.

El sistema sobre el que trabaja el equipo del PSOE supondría que cada partido pueda presentar una lista de expertos para que, de forma pública, aporten su visión y opinión del proyecto o proposición de ley que se tramita.