Acentos diferenciados
Nunca un candidato a presidente del Gobierno había tenido tan difícil presentar una oferta de política económica suficientemente diferenciada del Gobierno al que pertenece. La dificultad era aún mayor si se tiene en cuenta que desde hace poco más de un año el Gobierno español mantiene una política presupuestaria manifiestamente contractiva, de acuerdo con las orientaciones que la Comisión Europea estableció como respuesta a la grave crisis de la deuda soberana en la eurozona. El margen que tiene Alfredo Pérez Rubalcaba para el estímulo es nulo. La economía española apenas crece. La habitual tracción de la demanda interna hace meses que fue sustituida por la exterior: haciendo de la necesidad virtud, algunos empresarios españoles han intensificado sus decisiones de comercialización en el exterior, sacrificando márgenes en no pocos casos. La demanda exterior de servicios, en particular de turismo, también está reflejando la vitalidad relativa de economías como la alemana y la francesa y, en todo caso, la desviación de flujos de turistas desde destinos hoy inmersos en una excepcional conflictividad geopolítica.
El resultado es una manifiesta reducción del tradicional déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos hasta niveles desconocidos en los últimos años. Pero ese esfuerzo exportador es insuficiente para garantizar un crecimiento económico que reduzca el desempleo. El candidato Rubalcaba no podrá ofrecer a sus potenciales electores avance alguno a corto plazo en la corrección de ese desequilibrio desde que se inició la crisis por el Gobierno del que ha sido vicepresidente hasta ayer.
Tampoco podrá exhibir mejoras en la distribución de la renta y de la riqueza, principal referencia programática de lo partidos socialdemócratas. En estos últimos años no solo el PIB por habitante ha retrocedido de forma significativa, sino que de la mano de decisiones específicas, como el retroceso en la progresividad fiscal, las rentas mayores han aumentado su participación en la distribución. También la de la riqueza ha sido una distribución regresiva, a la que contribuyó la eliminación del impuesto sobre el patrimonio que Rubalcaba ahora pretende restaurar.
Desde bases tales, y disponiendo de un horizonte de crisis todavía largo, el candidato parece haber tratado de acentuar sus ofertas en componentes que signifiquen una menor desigual distribución de los efectos de la crisis y una corrección de inercias poco favorables en la política económica. La propuesta relativa a la imposición de una tasa sobre los beneficios bancarios o sobre el volumen de transacciones financieras apunta en esa dirección, en modo alguno original, de que sea la capacidad de maniobra de las entidades financieras la que contribuya en mayor medida. No es una iniciativa fácil de concertar. En primer lugar, porque su virtualidad dependerá de que se adopte, al menos, en el conjunto de espacios tan amplios como la propia UE. Al igual que con las decisiones tributarias, la imposición de cargas excesivas puede favorecer la deslocalización de actividades empresariales o los flujos en arbitraje.
Más importante si cabe que el establecimiento de cargas sobre el sistema bancario es procurar que la reestructuración en ciernes se complete adecuadamente, con el fin de que bancos y cajas restauren cuanto antes la canalización de flujos de crédito. Hace bien Rubalcaba en prever la posibilidad de aportación de dinero público y el consiguiente control de las entidades que lo reciban.
Es razonable asumir, como el candidato ha hecho, que la condición necesaria de todas sus propuestas sea la adecuación a los compromisos con las instituciones europeas y, desde luego, con esa dinámica de perfeccionamiento de la integración que se encuentra hoy más cuestionada que nunca. Desde el Pacto de Estabilidad hasta la necesaria intensificación de la coordinación fiscal es necesario que los candidatos a gobernar nuestro país asuman que la integración política es la única forma de restaurar la hoy muy dañada unificación monetaria.
La apuesta por la concertación como fundamento metodológico de aquellas decisiones como las relativas al mercado de trabajo constituye también un acento a valorar. La evidencia es suficiente acerca de la rentabilidad que esa disposición al entendimiento ofrece frente a la confrontación. Especialmente cuando las empresas lejos de haber concluido sus ajustes de empleo se verán obligadas a ensayar fórmulas más flexibles, como las de mayor intensidad del empleo a tiempo parcial, defendidas por el propio Rubalcaba. Una actitud tal no debería significar, sin embargo, la abdicación de las decisiones que en última instancia ha de adoptar un presidente del Gobierno.
Más que de izquierdistas, esos acentos diferenciales que Rubalcaba ha puesto en su discurso de aceptación —que no todavía en su programa económico— son más propios de una cierta pretensión regeneracionista. Esa es una vía quizás más necesaria que la convencional asignación entre políticas de derechas e izquierdas, difíciles de diferenciar en la gestión de la más grave crisis económica desde la Gran Depresión en el contexto de una unión monetaria. Reducir el desempleo, facilitar una mayor tasa de natalidad empresarial y una asignación de talentos a la asunción de riesgos, son tareas no solo necesarias para reducir el paro, sino para la necesaria modernización de la economía española. Si las señales que ahora envía Rubalcaba se traducen en propuestas más detalladas, y el candidato Rajoy hace lo propio, la campaña electoral podrá contribuir a fortalecer la necesaria pedagogía democrática.
