Reprimenda a la Sala Penal
La recusación de cinco magistrados del Supremo por el contundente resultado de 13 votos a 2 se traduce, según fuentes judiciales, por una severa reprimenda propinada a la Sala Penal y más concretamente, a su clase dirigente: Adolfo Prego, el verdadero artífice de la causa contra la Memoria Histórica , y el presidente, Juan Saavedra, cooperador en el levantamiento del andamiaje que sustenta los tres procesos abiertos al juez Baltasar Garzón.
Más allá de la lectura jurídica, el auto de al Sala del 61 implica una seria advertencia del resto de las Salas del Tribunal Supremo a la Sala Penal y a su presidente de que con el caso Garzón se están pasando de rosca. La situación en que han quedado cuatro de los recusados --Joaquín Jiménez había aceptado apartarse--, resulta aleccionadora: una reprobación en toda regla, apenas refutada por la ponencia del muy conservador presidente presidente de la Sala de lo Militar, Ángel Calderón, junto con el voto de otro magistrado.
A favor de Calderón cabe decir que difícilmente cabía exigirle otra ponencia. Se trata de juzgar a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo y Calderón, desde su cargo de presidente de la Sala de lo Militar, ha sido el máximo opositor a la revisión de las penas de muerte impuestas por los consejos de guerra franquistas.
Además, Calderón coincidió varios años con Garzón en la Audiencia Nacional, y las malas relaciones entre ambos eran tan conocidas como la buena relación de amistad que mantiene con su colega, el recusado Juan Saavedra, con quien, según fuentes del Supremo, practica deporte regularmente y ha compartido multitud de jornadas y foros. El próximo será en los Cursos de Verano de El Escorial, que financia el Banco de Santander y dirige Calderón, quien lleva este año, entre otros invitados, al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, y a los magistrados Saavedra, Prego y Manuel Marchena, este último instructor del proceso contra Garzón por los honorarios cobrados por dirigir dos cursos en Nueva York, financiados también por el Santander, precisamente.
El principal perdedor del incidente ha sido Saavedra, presidente y primer firmante del informe opuesto a la recusación y quien, como presidente de los tres tribunales nombrados para juzgar a Garzón, tendrá que salir de los tres, ya que la doctrina de la Sala del 61 es extensible a los demás procesos. Pero sobre todo, ha perdido la Sala de lo Penal, cuatro de cuyos magistrados han sido apartados forzosamente, por primera vez en la historia del alto tribunal, de un proceso al que se habían aferrado contra toda razón y contra varios precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como les señaló acertadamente la Fiscalía y acaba de recordarles la Sala Especial.
