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El PP extremeño y Cascos quieren parar la fusión de Cajastur

Quieren evitar que la caja esté en manos de ejecutivos que califican de socialistas

El terremoto que supusieron las elecciones municipales y las autonómicas ha llegado hasta las cajas de ahorros de Asturias y Euskadi. En el peor momento posible, como ocurre con las malas noticias.

El líder del Foro de Asturias, y candidato a la presidencia del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, ha iniciado una campaña contra la fusión de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria. Sus argumentos son que el control de la entidad quedará en manos de los ejecutivos, sobre todo el presidente Manuel Menéndez, al que considera afín al PSOE, y se quita un patrimonio a los asturianos al venderse una parte del capital a inversores privados. Propone convertir la entidad en una fundación controlada por el Principado.

Pero Cascos tiene dos problemas. El primero es que la legislación no permite esa maniobra. Si una caja se convierte en fundación, pierde el control sobre el negocio financiero, que debería vender a un tercero. De hecho, la conversión en fundación es un castigo que preve la ley a las que no pueden controlar la mayoría del capital. Además, Cascos no cuenta con apoyo suficiente en la asamblea de la caja, porque hasta abril de 2012, su victoria no se traducirá en poder en la caja. El miércoles y el jueves darán las tres entidades el visto bueno definitivo. Otra contradicción es que Cajastur tiene el 66% de la fusión, con lo que, en principio, la unión estará dirigida desde Oviedo, aunque no tenga tanto poder el Gobierno regional.

Precisamente ese es el problema para el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que quiere “parar” la integración. Si lo hace, la caja pagará multas multimillonarias y perderá sus activos. Mal negocio. Mientras tanto, los ejecutivos de las cajas intentan seguir a lo suyo. Aseguran que la próxima semana cerrarán la fusión porque es un proceso es “irrevocable”. Formarán un grupo de 53.000 millones de activos, con más de 1.400 oficinas y 6.500 empleados. Por otro lado, el PP de Álava y Bildu podrían paralizar la fusión de las cajas vascas.

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