Los pactos fallidos de Roca

A medida que el macrojuicio del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella, va cogiendo velocidad de crucero se van conociendo algunos detalles del intento de negociación que entabló el principal acusado, Juan Antonio Roca, con la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Según informó ayer el diario La Opinión de Málaga, el exasesor urbanístico marbellí rechazó una supuesta oferta del Ministerio Público para declararse culpable en el juicio a cambio de una rebaja en la condena y de mantener la propiedad del domicilio familiar, un lujoso dúplex en la calle Estébanez Calderón de Marbella. El resto de su patrimonio, valorado en más de 200 millones de euros, quedaría automáticamente incautado por el Estado.

El domicilio familiar, que Roca adquirió a través de un entramado societario con ramificaciones en Gibraltar, fue adquirido en 1989, antes de que el exasesor entrara a trabajar en el Ayuntamiento de Marbella. Por lo tanto, este inmueble no forma parte de los bienes supuestamente blanqueados por el que fue mano derecha del fallecido Jesús Gil.

Sin embargo, en el caso de que Roca sea condenado por blanqueo de capitales probablemente este inmueble sirva para abonar la multa, que como mínimo ascenderá al doble de la cantidad supuestamente blanqueada. Fuentes cercanas al caso calculan que, de ser condenado, la sanción mínima rondaría los 100 millones de euros.

El exasesor marbellí quiso que su esposa y su hija quedaran fuera del proceso

Esta oferta, que la Fiscalía no confirma ni desmiente ni comenta, fue rechazada por Roca, que optó por enfrentarse a un juicio que durará en torno a dos años y en el que le piden hasta 30 años de prisión y una multa cercana a los 810 millones de euros. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción consideran que la vista oral del caso Malaya, que se inició en septiembre de 2010, "llegará hasta el final".

En los meses previos al inicio del juicio, e incluso en la fase de estudio de las cuestiones previas, la defensa de Roca inició contactos informales con la Fiscalía para obtener una rebaja en la pena a cambio de admitir los hechos que se le imputan, un mecanismo muy habitual en los juicios penales. Según fuentes judiciales, uno de los ejes del acuerdo, que nunca llegó a producirse, consistía en que Roca se declararía culpable a cambio de que su esposa, María Rosa Jimeno, y su hija, María Roca, ambas procesadas por blanqueo de capitales, salgan absueltas o con una pena que no implique su ingreso en prisión.

El exasesor urbanístico está acusado de los delitos de prevaricación, malversación, fraude y cohecho. La vista oral ha sido suspendida durante esta semana después de que el miércoles pasado se cerrara el segundo bloque en que se ha dividido la causa, centrado en el entramado societario del que supuestamente se sirvió Roca para ocultar su patrimonio.

El próximo lunes se reanudará el juicio con la comparecencia como acusados de personas en las que supuestamente se apoyó Roca para blanquear el dinero que este obtenía de sobornos de empresarios con intereses en Marbella. Entre ellos hay marchantes de arte como Alberto Pedronzo o los ganaderos Ignacio y Manuel Sánchez Dalp.