Una juez investiga si excargos del PP canario amañaron un macrocontrato
La mujer del fiscal jefe de Las Palmas dirigió la adjudicación sanitaria Anticorrupción entró para evitar sospechas sobre la neutralidad fiscal
La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 8 de Las Palmas —de oficio— investigan la adjudicación en octubre de 2010 de un concurso para realizar hemodiálisis para los hospitales doctor Negrín y doctor José Molina Orosa de más de 31 millones —ampliables a 124,7— por la sanidad canaria. La investigación —, basada en indicios de malversación, prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias— intenta aclarar el papel en dicha concesión por Lourdes Quesada, secretaria general técnica de la consejería de Salud cuando ocurrieron los hechos y esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco.
La denuncia, presentada ante Anticorrupción de Las Palmas por asociaciones vecinales y colectivos sindicales, acusa a Quesada de forzar la adjudicación a una empresa sin experiencia. Según los acusadores, Quesada “modificó el borrador preparado por los técnicos suprimiendo la cláusula por la que se exigía experiencia a los licitadores y modificando a la baja la cláusula que exigía solvencia financiera, requiriendo solo una póliza de tres millones de euros para un contrato global de casi 125 millones”. La investigación judicial posee ya pruebas de la supuesta manipulación del proceso.
Quesada, según la denuncia, presidió la mesa que adjudicó el concurso a Lifeblood el 14 de octubre de 2010. Seis días después, el PP, partido de la consejera de Salud, Mercedes Roldós, rompió el pacto con CC, que anularía el contrato. La denuncia ve sospechoso que tuviera una “mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica, 10 puntos sobre 100, porcentaje inusual”; y que se valorara especialmente en Lifeblood la oferta de la creación de un tercer centro de hemodiálisis, algo que “no aparecía en las bases del concurso”.
Sospechan que tuvo información privilegiada Lifeblood. Ninguna otra empresa ofreció esa guinda. Y se dio “la máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos: 49 versus 51”.
¿Cuál era la solvencia y experiencia de una empresa merecedora de ganar un concurso para 15 años por casi 125 millones? Basta con leer sus últimas cuentas aprobadas, el 31 de diciembre de 2009: “La sociedad en este ejercicio no ha realizado actividad por lo que no hay resultado a distribuir”; “la sociedad no posee inmovilizado material”; “la sociedad no posee bienes de inmovilizado inmaterial”; “la sociedad no tiene ningún tipo de inversión”; Todo su capital asciende a 3.000 euros. Ni un empleado. No tiene teléfono de oficina, sino el móvil y el correo electrónico de su administrador, Francisco Jorcano. El nombre de la firma fue creado por Ramón Cerda. Por tanto, la empresa adjudicataria del macroconcurso tenía nula experiencia en sanidad o en cualquier área, dado que no había tenido ninguna actividad en los años previos. ¿Y su gestor? Tampoco.
Jorcano es un hombre vinculado al sector inmobiliario (Iniciativas y Promociones Canarias, Iniciativas de Viviendas Canarias, Frontón Las Palmas) y transporte (Olsen Shipping Agent). Hay informes oficiales de dicha consejería que dan verosimilitud a la denuncia. Uno de ellos está dirigido a la exconsejera de Sanidad canaria el 16 de noviembre de 2010.
Lo rubrican la responsable del servicio encargado de la redacción de las bases del concurso y un jefe de dicha unidad. El escrito revela que en el primer borrador figuraban las exigencias de solvencia económica y financiera y que “desaparecieron” en el borrador que aportó la secretaria general técnica. “Nuestro servicio mostró en todo momento su discrepancia por la modificación de determinados aspectos técnicos y, sobre todo, por la retirada de los criterios de experiencia mínima, en cuanto a la solvencia técnica, y por los criterios de adjudicación establecidos, que encontrábamos demasiado subjetivos. Estas discrepancias han quedado registradas en los numerosos correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios actuantes, así como con la secretaria general, cuyas copias impresas se adjuntan. Pese a esas discrepancias los pliegos fueron aprobados sin esas exigencias”.
García Panasco es representante de la Asociación de Fiscales en el Consejo Fiscal y fue nombrado fiscal jefe de Las Palmas en 2008. Anticorrupción entró en este asunto para evitar toda sospecha de que pudiera influir en la investigación para favorecer a su esposa.
Un historial de causas archivadas
La investigación que llevan Anticorrupción y el juzgado número ocho de Las Palmas por el concurso para la hemodiálisis en los hospitales canarios doctor Negrín y José Molina Orosa, no es la primera en que se analiza la gestión de la esposa del fiscal jefe de las Palmas.
Caso ambulancias 1. En diciembre de 2008, Lourdes Quesada fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, que remitió el caso a la fiscalía ordinaria local, por la adjudicación de un contrato de ambulancias. Pero un subordinado de su marido, el teniente fiscal Ernesto Vieira, decretó el archivo de las diligencias de acuerdo con el informe elevado por una fiscal, también a las órdenes de García Panasco, que señaló que los hechos carecían de relevancia penal. La fiscal elevó su escrito de archivo al propio García Panasco. La denuncia era obra de Artea, la asociación regional de empresarios del transporte sanitario.
Caso ambulancias 2. La empresa Transportes Sanitarios de Las Palmas denunció el mismo caso ante un juzgado. Pidió la imputación por prevaricación y fraude en la contratación de Lourdes Quesada y demás miembros de la mesa adjudicataria. El juzgado citó como imputada a Quesada el 9 de octubre de 2009. Y en febrero de 2010 archivó la causa. La fiscalía no se opuso al archivo. Los denunciantes recurrieron y un subordinado de García Panasco, Antonio López, informó a favor del archivo.
Hace unas semanas se presentó una quinta causa contra ella. Esta vez por el otorgamiento irregular de complementos de productividad. Lo llamativo del escrito es que los demandantes hacen constar lo siguiente: “Nótese que si se derivase la competencia a la fiscalía provincial de Las Palmas una de las firmantes de las resoluciones cuyos indicios se alegan posee relación familiar directa con algún miembro de órganos (sic) fiscal de dicha provincia”.
