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Presidenciables del PP alarman

Las declaraciones que dudan sobre las cuentas públicas siguen tras la promesa de lealtad de Rajoy a Zapatero

Carlos E. Cué
José Ramón Bauzá.
José Ramón Bauzá.Tolo Ramón

Nadie ha llegado tan lejos como el Partido Popular de Castilla-La Mancha con su denuncia de que la comunidad está en “quiebra total”. De hecho, en privado algunos barones y dirigentes del PP critican la estrategia de Dolores de Cospedal, que aunque no ha intervenido en público sí ha dirigido el ataque de su partido contra las cuentas de José María Barreda. Nadie ha llegado a tanto, pero la tónica es general. Todos los presidenciables del PP, cada uno con su tono, mantienen la misma línea: un ataque frontal a las cuentas de sus predecesores socialistas, y la denuncia de que van a recibir una herencia envenenada.

Lo hicieron los primeros días, y lo siguen haciendo a pesar de que Mariano Rajoy, en una conversación con José Luis Rodríguez Zapatero, el domingo, y otra con Elena Salgado, el martes, comprometió la lealtad de su partido ante la petición del Gobierno para no inquietar de nuevo a los mercados. Algunos dirigentes regionales comentan que Rajoy no ha llamado a los suyos para pedirles que rebajen el tono, aunque él sí ha cuidado el suyo.

El más claro ejemplo está en José Ramón Bauzá, el líder del PP balear. Aunque en un tono muy diferente al de Vicente Tirado, mano derecha de Cospedal en Castilla-La Mancha —Bauzá es un dirigente que suele medir mucho sus palabras— el fondo es el mismo. Tanto que en una reciente entrevista en EL PAÍS llegó a decir: “Deseamos pagar las nóminas de los funcionarios. Lo sabremos al ver las auditorías”. Esto es, mantuvo la línea de Tirado de plantear que las nóminas pueden estar en riesgo. Ayer, en Los Desayunos de TVE, Bauzá mantuvo sus dudas sobre las cuentas autonómicas. “Nosotros no somos alarmistas; somos transmisores de la alarma que nos llega de los que no pueden cobrar”, aseguró.

Bauzá insistió en que harán auditorías para conocer el estado real de las cuentas. “No es que no nos fiemos del todo, sino que en las últimas semanas y días son numerosos los proveedores que se están poniendo en contacto con nosotros para decirnos que las facturas no se cobran, que hay facturas no reconocidas. Además, los funcionarios también se ponen en contacto con nosotros para darnos información que pone en entredicho la comunicación oficial que nos facilita el Gobierno”. Esto es, una técnica similar a la de Castilla-La Mancha: denunciar antes de conocer las cifras reales. Bauzá se mostró a favor de reducir impuestos y anunció que hay que “empezar a ejercer el bisturí” en el gasto público, especialmente en las empresas públicas.

En una línea muy similar se ha expresado estos días el cántabro Ignacio Diego que, como Bauzá, ha ganado con mayoría absoluta. En Cantabria la situación es más complicada porque Diego y el presidente saliente, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ni siquiera han hablado todavía desde el 22-M. No hay aún movimientos de traspaso de poderes y sí muy malas relaciones. Diego ha anunciado que hará auditorías y ya ha planteado que se cerrarán empresas públicas, aunque su tono ha sido moderado. Ayer mismo, en cualquier caso, hizo un llamamiento a Revilla para que no tome decisiones sobre el club de fútbol Racing de Santander, cuyo futuro depende del Ejecutivo autonómico, y que espere a que él tome posesión. Diego, como otros presidenciables del PP, está dedicado sobre todo a ultimar su equipo de Gobierno.

José Antonio Monago, el líder del PP de Extremadura, convencido de que gobernará si IU, como espera, se abstiene, también ha expresado muchas dudas sobre las cuentas públicas y ha dicho que hay facturas ocultas. Luisa Fernanda Rudi, que con toda probabilidad gobernará con el Par en Aragón, ha sido mucho más suave y ha evitado cualquier alarmismo, mientras en el PP de Asturias, que no gobernará, la diputada Pilar Fernández Pardo ha llegado a decir que “existen muchos indicios para pensar que lo mismo que en Castilla-La Mancha puede haber ocurrido en Asturias”, a pesar de que es la segunda comunidad menos endeudada.

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