Diez comunidades reclaman más de 5.400 millones al Gobierno

Las comunidades autónomas a las que les corresponden los fondos de cooperación o de competitividad —que juntos se denominan fondos de convergencia— por el nuevo sistema de financiación autonómica reclaman más de 5.400 millones de euros al Gobierno. Tres de ellas —Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía— han presentado en el último mes recursos ante los tribunales para reclamar su pago, después de que el Ministerio de Economía y Hacienda haya hecho patente su negativa a abonar esas partidas antes de 2012.

La Comunidad de Madrid, que presentó un recurso el pasado 17 de mayo ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, calcula que el Ejecutivo le debe 1.000 millones de euros, mientras que en Castilla-La Mancha la cifra asciende a 900 millones.

En Andalucía, que presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 1 de junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la consejera de Hacienda, Carmen Martínez-Aguayo, ni el presidente, José Antonio Griñán, concretaron ayer por la mañana en el Parlamento, donde comparecieron para hablar de este asunto, la cifra que reclaman por la vía judicial. “Hemos recurrido la filosofía [el rechazo al anticipo de las cantidades], pero no la cifra, porque no la sabemos”, justificó un portavoz de la Junta. Andalucía calcula que le corresponden 1.795 millones de fondos adicionales, entre los que se encuentran los de cooperación.

La nueva financiación autonómica contempla los fondos de competitividad y cooperación como mecanismos correctores para que las comunidades no se vean perjudicadas respecto a su situación inicial. El de cooperación se estableció para mejorar la situación de las autonomías que cuentan con menos recursos, mientras que el de competitividad garantiza que las comunidades que aportan a la cesta común más que la media no queden por debajo en asignación de recursos, una vez repartidos los fondos en función de variables como la población, distribución geográfica...

Las tres comunidades que han acudido a los tribunales no son las únicas con exigencias, basadas todas en cálculos propios de las regiones. Cataluña viene reclamando desde hace tiempo 1.450 millones de euros, una aspiración que se tradujo en el Senado en una moción al Gobierno, aprobada el pasado 27 de abril, para que hiciera efectivo el pago. La iniciativa aunó los votos de CiU, la Entesa (ERC e ICV), PP, e incluso de los senadores socialistas catalanes. El Gobierno de CiU no se plantea recurrir porque prefiere negociar, ya que opina que el proceso judicial se dilataría demasiado.

En Castilla y León, que reclama 724 millones, está abierta la negociación con el Gobierno en una comisión bipartita. El Gobierno regional (PP) se ha dado de plazo hasta septiembre para alcanzar un acuerdo. “Si la negociación no da fruto, recurriremos a los tribunales”, explicó una portavoz.

Valencia estima en 633 millones de euros la partida que le corresponde. Los servicios jurídicos de la Generalitat valenciana están estudiando si acudir a los tribunales por la vía contenciosa e incluso al Tribunal Constitucional.

Asturias, donde hasta ahora gobernaba el PSOE, venía exigiendo 90 millones y ha amagado con acudir a la vía judicial, pero aún no lo ha hecho. También Murcia y Galicia, gobernadas por el PP, se quejan en público de que les corresponden 211 y 243 millones de euros, respectivamente. Y, aunque tanto el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, como el gallego, Alberto Núñez Feijóo, han mostrado su predisposición a acudir a los tribunales, no la han llevado a la práctica. Valcárcel aseguró ayer que esperará a que Mariano Rajoy gobierne para evitar la confrontación.

Hacienda aduce que hasta 2012 no se conocerá la liquidación total de ingresos y gastos del ejercicio 2011, que determina cuánto deben recibir las comunidades por esos conceptos. Así, aunque la obligación se genere este año, las cantidades no se abonarán hasta dentro de dos años, según explica el Ministerio de Economía.

Este departamento no entra en si la partida que reclama cada comunidad, basada en estimaciones propias de cada autonomía, se ajusta o no a lo que el Gobierno prevé, aunque en un primer momento el ministerio ya consideró exagerada la cifra esgrimida por Cataluña, de casi 1.400 millones. Sobre el resto no se pronuncian e insisten en que la cantidad definitiva solo se conocerá dentro de dos años, pero es probable que el Gobierno corrija a la baja lo que algunas comunidades reclaman.

Con información de Joaquín Ferrandis, Raúl Limón,  Àngels Piñol y José Precedo.