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El ‘botín’ provincial de CiU

El 22-M da por vez primera a los nacionalistas el poder en las cuatro Diputaciones catalanas, que gestionan más de mil millones de euros

Diputación de Barcelona.
Diputación de Barcelona.tejederas

El poco conocimiento ciudadano de las Diputaciones provinciales es inversamente proporcional al interés que estas instituciones tienen para los partidos políticos. Los entes provinciales disponen de un fuerte poder para subvencionar y un gran presupuesto para personal, lo que da dos ventajas a los partidos que las dirigen: por un lado, ejercer competencias que benefician a los municipios con menos capacidad gestora; por otro, utilizar el contundente poder de contratación de personal. Todo, sin apenas coste político para el partido que posee el mando.

Con el resultado de las elecciones del 22 de mayo, Convergència i Unió se prepara para gestionar el botín provincial. CiU gozará de la mayor concentración de poder de su historia, tras ganar las Diputaciones de Lleida, Tarragona y Girona con mayoría absoluta y vencer por primera vez en Barcelona, donde necesitará pactar para gobernar. Un presupuesto global de más de 1.000 millones de euros que los nacionalistas tendrán en sus manos para contratar y subvencionar, en paralelo a las otras instituciones que ya domina, encabezadas por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Un botín apetitoso para todos los partidos que CiU copará en las cuatro provincias.

Barcelona. 2,5 millones para asesores

La Diputación de Barcelona es la tercera institución de Cataluña en términos presupuestarios, con 661 millones de euros para este año 2011. Conocida en círculos políticos como la menjadora (el comedero), nombre derivado del gasto en asesores, este año la institución gastará 2,53 millones en sueldos de “personal eventual de confianza” de los partidos políticos. Son 46 cargos de confianza para 51 diputados. La mayoría de asesores son para el partido que domina la institución, aunque todas las formaciones se benefician. Cada cargo de confianza cuesta al ciudadano 55.130 euros anuales.

En Barcelona, cada cargo de confianza cuesta 55.130 euros anuales

CiU negocia con PSC y PP para garantizarse la presidencia de la institución, un cargo al que acompaña una nómina de 128.581,88 euros, de las más altas en Cataluña con cargo al erario público. La Diputación de Barcelona, que emplea a 5.000 funcionarios (el 35% del presupuesto se va en personal), gasta más de 10 millones de euros entre personal directivo y cargos de confianza.

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Tarragona. 3,7 millones de euros para Presidencia

La Diputación de Tarragona no facilita el desglose del presupuesto de 2011, pese a que son datos públicos. La institución emplea a 1.200 funcionarios y la preside Josep Poblet, de Convergència i Unió. Tras el 22-M, CiU seguirá al frente con mayoría absoluta, gestionando un presupuesto de 157 millones de euros. El presidente de la Diputación cobra 73.100 euros anuales, y solo su departamento, que se encarga también de la planificación, mueve un montante de 3,7 millones de euros.

La Diputación de Tarragona gestiona 157 millones de euros al año

La Diputación controla el Patronato de Turismo provincial, un ente con mucha fuerza, ya que con sus 4,2 millones de presupuesto gestiona todo lo que afecta a la Costa Dorada y a las comarcas del Ebro. Además, el consorcio tiene un papel decisivo en las inversiones de los Ayuntamientos, con un programa que presta servicios a pueblos de menos de 4.000 habitantes. La Diputación cerró 2010 con una deuda de 33,5 millones de euros, que deberá pagar en los próximos seis años.

Lleida. 43,6 millones en subvenciones

CiU volverá a gobernar la Diputación de Lleida tras cuatro años de gobierno de Esquerra Republicana y el Partit dels Socialistes. La corporación provincial ha sido durante la etapa democrática uno de los organismos más deseados por todos los partidos políticos. Lo es, principalmente, por los fondos que gestiona —sumando las diferentes agencias y patronatos, 120 millones de euros— y que en ocasiones puede repartir de forma discrecional o partidista, una acusación que en cada legislatura tiene que escuchar muchas veces el equipo gobernante.

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