PSOE y PP pactan una reforma legal que cierra el paso a negociar con ETA
Descongelan, ocho meses después, la ley de víctimas del terrorismo
El PSOE y el PP descongelaron ayer la proposición de ley de reforma de la ley de víctimas del terrorismo que mantenían parada en el Congreso desde hace más de ocho meses.
Los dos grupos presentaron 35 enmiendas conjuntas que mejoran la cobertura a las víctimas y, sobre todo, incluye referencias a principios concretos de la lucha antiterrorista. La principal es que se añade un párrafo en la exposición de motivos que dice: “El Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones”.
Según el PP, ese nuevo artículo supone cerrar por primera vez en una ley el paso a cualquier posible negociación con ETA, aunque no se mencione expresamente. Hasta ahora se había incluido este tipo de referencias en mociones o proposiciones no de ley, pero nunca en una norma.
El texto acordado por el socialista Antonio Hernando y el popular Alfonso Alonso prevé medidas de protección a las víctimas, como que se evite que haya contacto visual con los terroristas en las vistas orales. Así, se asegura que “se consagra el denominado principio de mínima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se ven obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas”.
Las enmiendas explican que las autoridades “trabajarán para impedir la impunidad de los crímenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarán para que los terroristas cumplan íntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislación penal”.
Símbolos o placas
También reafirma la persecución legal de los símbolos o placas de enaltecimiento de terroristas, estableciendo la obligación de que los delegados del Gobierno de velar por su cumplimiento.
Los dos partidos han reformulado las funciones de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional.
Se busca la derrota incondicional, sin contrapartidas y definitiva de ETA
Así, incluyen la de “promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las víctimas en su participación en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegítimas o actos de intimidación y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigración”.
Así mismo, se establece que “el gobierno constituirá un Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo”. La sede estará en el País Vasco.
La norma reconoce a hermanos, abuelos y nietos, así como a víctimas de atentados que resultaron ilesos, aunque con efectos honoríficos. ERC ha presentado sus propias enmiendas para que, por ejemplo, se elimine el veto a ex terroristas de las ayudas a las que da derecho la ley. En concreto, pide “suprimir de entre las causas que imposibilitan la percepción de las indemnizaciones de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, a quienes hayan pertenecido a bandas o grupos armados”.
Un acuerdo por las libertades
"La violencia es moralmente aborrecible y radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política democrática. Quienes la practican, quienes atentan contra la vida de aquellos que no piensan como ellos solo merecen la condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos y del conjunto de la sociedad. No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse legítimamente en democracia mediante coacciones o asesinatos. El único déficit democrático que sufre la sociedad vasca, el verdadero conflicto, es que aquellos que no creen en la democracia ejercen la violencia terrorista para imponer sus objetivos a la mayoría. Por ello, el PP y el PSOE nos comprometemos a trabajar para que desaparezca cualquier intento de legitimación política directa o indirecta, de la violencia. Por eso, también, afirmamos públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito político alguno".
Añade que “el Gobierno deberá presentar, en el plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición”.
