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Matas se enfrenta a una nueva fianza millonaria por la ópera de Calatrava

El Tribunal Superior de Baleares confirma la decisión del juez del 'caso Palma Arena' solicitada por Anticorrupción

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha confirmado hoy la imposición de una nueva fianza millonaria para el expresidente balear y exministro de Medio Ambiente del PP, Jaume Matas: 1,6 millones de euros de caución de responsabilidad civil en el caso judicial por la contratación de Santiago Calatrava para levantar una ópera sobre el mar en Palma. La nueva fianza se suma a los tres millones de la caución carcelaria que Matas tuvo que constituir para evitar entrar en prisión en la primavera de 2010 por su presunta implicación en nueve delitos del ‘caso Palma Arena’.

Matas asegura que no tiene fondos para asumir el pago de los intereses del crédito hipotecario que constituyó para aportar los tres millones de la primera fianza y sus bienes inmobiliarios están trabados por el banco y el juez. El Banco de Valencia inició el proceso de embargo por la deuda.

La nueva fianza civil alude a las posibles responsabilidades económicas en lo que la Fiscalía Anticorrupción considera un amaño electoralista desde el Gobierno de Baleares en 2007: la adjudicación directa al arquitecto Santiago Calatrava del proyecto de construcción de un edificio para albergar una ópera sobre el mar, en la bahía de Palma. La decisión de Matas costó 1,2 millones a la comunidad por la cesión de una maqueta, un video y un esbozo de planificación de una reforma urbanística inmobiliaria.

El llamado caso de la ópera de Palma, o caso Calatrava es una pieza separada del escándalo del caso Palma Arena, en el que se definen hasta nueve supuestos delitos distintos de corrupción. En la pieza están acusados el ex consejero de Educación con Matas, Francisco Fiol –que se declara “totalmente inocente”- y el arquitecto Calatrava que admitió ante el juez que el expresidente autonómico le encomendó el trabajo en septiembre de 2006. Matas defendió la viabilidad del proyecto y la legalidad del contrato en el que se encargó el proyecto a Calatrava.

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