Crisis y descoordinación contra las oposiciones de maestros

Las oposiciones para maestros y profesores en 2011 están siendo una especie de carrera de obstáculos, y las dos principales piedras en el camino son las restricciones presupuestarias a cuenta de la crisis económica y la descoordinación que han exhibido el Gobierno y las comunidades autónomas. El último capitulo de ese periplo ha sido la decisión del Ministerio de Economía de intentar paralizar en los juzgados casi el 75% de unas oposiciones que, aunque ya estaban mermadas, el departamento consideraba que excedían lo que marca la ley de presupuestos. Ahora mismo se han convocado algo más de 8.700 plazas en toda España para unos 100.000 opositores, según los cálculos de los sindicatos, muchos de los cuales llevan meses estudiando y gastándose dinero en academias.

Economía acaba de llegar a un acuerdo para no denunciar la convocatoria de Andalucía y Baleares, dos de las siete autonomías sobre las que pesaba la amenaza judicial, y esta semana seguirán las negociaciones para hacer lo mismo con el resto: Castilla y León, Cataluña, Navarra, Aragón y Extremadura. Sin embargo, a estas alturas ya se ha generado un profundo malestar entre opositores, sindicatos y dos las comunidades cuyo recurso ya está en los tribunales, Cataluña y Castilla y León, que se quejan de que las negociaciones no han comenzado hasta que no le ha llegado el turno de la denuncia a Andalucía, una comunidad gobernada, como el Ejecutivo central, por el PSOE.

Pero este es solo el último capítulo. Para contar esta historia de desencuentros habría que empezar meses atrás, a finales de 2010. Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y ante las protestas de sindicatos y algunas comunidades (entre ellas, Andalucía), una enmienda pactada entre IU y el PSOE permitió aumentar para los profesores de la enseñanza pública la tasa de reposición para 2011 al 30%; para el resto de funcionarios es del 10%. Eso significa que, de cada 100 profesores que se jubilen, las comunidades podrán convocar en sus oposiciones 30 plazas.

A pesar de la subida, a muchos les seguía pareciendo insuficiente, pues, aún comprendiendo la situación de crisis en la que está sumida la economía española y la necesidad de reducir el déficit público, señalaban que la educación es un área estratégica fundamental para salir, precisamente, de la crisis. Más, en un contexto en el que el sistema educativo español no ha conseguido en toda una década reducir su grave problema de abandono escolar temprano (más del 30% de los jóvenes deja de estudiar sin  conseguir un título de FP o bachillerato) que, según organismos internacionales como la OCDE, representa uno de los factores que están lastrando la economía del país.

“Si se cumple esta previsión, la enseñanza pública se verá seriamente perjudicada, ya que con ello se extendería la política de agresivos recortes de plantillas docentes practicada en algunas comunidades autónomas, con el pretexto de reducir el déficit público”, escribía en un comunicado el sindicato CC OO el pasado noviembre, cuando aún no se sabía que el gasto público en enseñanza en 2011 va a ser unos 1.800 millones de euros menor que en 2010. Aquel comunicado añadía: “La reducción de profesorado es especialmente grave cuando está aumentando el número de alumnos”.

Habrá aproximadamente 11,5 opositores por cada puesto

Algunas comunidades tampoco estaban contentas. Andalucía ya empezó en noviembre a buscar fórmulas para saltarse esa limitación, que el sistema de enseñanza pública de la comunidad "no podría soportar", dijo la consejería. Pero la reacción a finales 2010 y primeros de 2011 fue la contraria en otras autonomías: Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria decidieron no celebrar oposiciones en 2011; no les merece la pena convocar tan pocas plazas como les permite la ley de presupuestos, dijeron. En una especie de reacción en cadena, Madrid y Canarias decidieron en febrero suspenderlas también, y Castilla y León, La Rioja, Galicia y Asturias empezaron a pensárselo mientras se miraban de reojo entre sí. El miedo era que el efecto llamada provocase una competencia brutal de opositores venidos de toda España en las pocas comunidades en las que se celebrasen exámenes. Algunos colectivos de interinos, temerosos de perder su oportunidad en concursos tan multitudinarios, presionaron para que se suspendieran en todo el país. Y algunas federaciones regionales de los sindicatos les apoyaron. No obstante, tras las protestas de opositores que veían frustrarse sus esperanzas, las federaciones nacionales de CC OO, UGT, ANPE, CSIF y STES exigieron, no solo que se convocaran en toda España, sino que se hiciera sin respetar las limitaciones del 30% que marca la ley.

En medio del guirigay, y después de que el Ministerio de Educación convocara a los responsables de todas las comunidades a una reunión para tratar el asunto, Andalucía insistió en que no iba a respetar las limitaciones; la enseñanza es una prioridad para su Gobierno, dijeron.

UGT calcula que habría que sacar a concurso unas 14.000 plazas.

De ese modo, llegó la reunión el 18 de febrero. En ella, los responsables ministeriales pidieron a todas las comunidades que convocaran oposiciones, eso sí, respetando los límites que marca la ley. Tras aquel encuentro, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria se reafirmaron en su decisión de no celebrar exámenes, y se les unió La Rioja. Sin embargo, algunos representantes autonómicos salieron de aquella reunión con la impresión de que, aunque el discurso oficial era el de que había que respetar la limitación, tampoco iba a llegar la sangre al río si no era así. De hecho, el secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, dijo poco después: “Andalucía ha sido muy valiente”.

Sin embargo, enseguida Andalucía rebajó el tono desafiante y se puso a buscar una solución con el Ministerio de Política Territorial para evitar un posible recurso a su oferta de empleo. Y dieron con ella: convocarían todas las plazas docentes que le hacen falta (3.790) a costa de reducir al mínimo o congelar las oposiciones del resto de funcionarios, de tal manera que no se rebasara el límite global del 10% de tasa de reposición. El ministerio de Manuel Chaves dio su visto bueno.

Así pasaron los meses, la cuestión parecía resuelta y las comunidades fueron publicando sus convocatorias de exámenes. La única polémica por el asunto surgió por la decisión de Madrid de retrasar sus exámenes (saca 489 plazas) a después del verano, algo que ha molestado a los opositores y a los sindicatos, que dicen que va a suponer un problema en los colegios, pues los nuevos maestros no se incorporarán hasta bien entrado el curso.

Pero el nuevo capítulo del desencuentro llegó a primeros de este mes, cuando el Ministerio de Economía recurrió ante los tribunales superiores de justicia las oposiciones de Cataluña, Castilla y León y Navarra por saltarse el límite, en un movimiento que, según parece, pasó inadvertido para los ministerios de Política Territorial y Educación. Además, el ministerio de Elena Salgado planeaba hacer lo mismo con Andalucía, Baleares, Extremadura y Aragón. La cuestión es cada comunidad ha calculado las limitaciones de una manera: Baleares y Navarra lo han hecho de forma muy parecida a Andalucía, Castilla y León ha sumado las jubilaciones de los dos últimos años y Aragón y Cataluña han incluido las nuevas necesidades de profesores por el aumento de alumnos.

Castilla y León ha destacado que las cuatro comunidades en las que no se ha llegado a poner el recurso son precisamente del PSOE. Sin embargo, fuentes del Gobierno explican que se han ido poniendo los recursos según se iban acabando los plazos legales para hacerlo, que dependen de cuándo se ha publicado oficialmente la convocatoria de exámenes. En cualquier caso, al conocerse los planes de Economía, los ministerios de Educación y Política Territorial (este último, recordemos, había dado el visto bueno a las explicaciones de Andalucía) se pusieron en marcha. En puertas de las elecciones municipales y autonómicas, una parte del Gobierno peleaba por buscar una solución. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo destacaban el poder que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha dado al Ministerio de Economía con un único fin: que se cumplan las medidas de austeridad necesarias para reducir el déficit y sortear así los peligros que acechan a la economía española.

Pero finalmente llegó el acuerdo con Andalucía. El martes pasado, Economía aceptó una salida nueva y distinta: que la Junta se acoja a un resquicio legal para no computar las plazas ocupadas por interinos dentro de las restricciones que marcan los Presupuestos Generales. Es decir, que una parte se computa como consolidación de plazas que ya existían, pero no las ocupaban funcionarios, y la otra como la cobertura del 30% de las jubilaciones. Una solución, como poco, inesperada, pero a la que también se ha acogió el jueves Baleares. Y todo indica que, a pesar de la indignación manifestada por los Gobiernos catalán y castellanoleonés, también se llegará a un acuerdo con ellos, así como con todos los demás.

Ahora, unos 100.000 opositores pelearán por unas 8.700 plazas de profesor de la escuela pública. Es decir, que habrá aproximadamente 11,5 opositores por cada puesto. UGT calcula que habría que sacar a concurso unas 14.000 plazas.