La corrupción se instala en España

Grandes tramas y menores corruptelas. Con causas de mayor y menor envergadura, pero la corrupción se ha instalado en España y, como si de algo ordinario se tratara, las investigaciones judiciales se aprecian como una parte más de la política. El deterioro de lo público se ha estandarizado. Los partidos empuñan estos días el arma de la corrupción como argumento de crítica. Pero siempre viendo la paja en el ojo ajeno. Nunca la viga en el propio. El caso es que un sinfín de casos y causas salpican la geografía española hasta diseñar un mapa que debería resultar vergonzoso.

En algunas comunidades, los ciudadanos ven la corrupción como uno de sus problemas principales. Pero, quizá por saturación, el asunto no hace mella. Como si el posible beneficio de unos u otros no incidiera en el perjuicio de la cosa pública, de los fondos públicos, del dinero de los contribuyentes. Como si no importara pervertir el concepto de lo público. Además, la escasa penalización electoral, comprobada sobre casos que llevan años instruyéndose, parece haber dado alas a los partidos para, en muchos casos, mantener a sus cargos imputados no solo en sus puestos sino como candidatos a las próximas elecciones. Un análisis realizado por EL PAÍS ya desveló que más de un centenar de implicados en causas judiciales vuelven a concurrir a las elecciones. Y son el PP y el PSOE los partidos que más candidatos bajo sospecha presentan: el 50% los populares y cerca del 35% los socialistas.

El PP no solo acapara más candidatos implicados en causas judiciales sino que también es el partido sobre el que recaen los casos más graves. Los populares se significan especialmente además por otra cuestión: el ataque a los investigadores, jueces y fiscales, pero siempre dependiendo del sentido de su trabajo. “Los políticos, cuando les das la razón, te ven como un gran jurista, pero cuando no se la das, dicen que obedeces a no se sabe qué intereses ocultos”, decía hace unos meses un fiscal.

La más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia lleva nombre alemán: Gürtel. Desde que, hace más de dos años, se destapara el caso, se han ido sucediendo un sinfín de informaciones sobre la manera que el cabecilla de la red, Francisco Correa, desplegó para nutrirse, supuestamente, de fondos de entidades públicas, ayuntamientos y comunidades autónomas vinculadas al PP. Los dirigentes de este partido, a cambio, recibieron regalos y sobornos, según los investigadores que llegaron a grabar, por orden judicial, conversaciones realmente reveladoras. El PP no ha actuado igual con todos los implicados en este caso. Mientras en Madrid, lugar de origen de la trama, la investigación se ha llevado por delante a una decena de cargos implicados en esta trama, en Valencia, la factura política ha sido de cero, cuando sobre el PP valenciano pesa la imputación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Pero es que de haber marcado una senda de ética política, la corrupción también habría sacado de la vida pública a una decena de cargos del PP en Alicante, imputados en el caso Brugal, y al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

En general, los imputados del PSOE deben responder por asuntos de menor relevancia, aunque no por ello se les debería privar de la atención que tendría que merecer el control sobre la gestión pública. Más teniendo en cuenta que el electorado progresista es el que más castiga las corruptelas y que no ha de enfrentarse a tramas sino a “avariciosos” individuales. Aún así, sobre el partido vuelan dos grandes y extensos asuntos, el de Mercasevilla y el reciente de los ERE, que, en realidad, nació derivado del primero. Aunque el PSOE ha anunciado que actuará y sancionará, la dimensión del caso y lo delicado del asunto obliga a una intervención diligente.