El Consejo de Europa acusa a España de no cumplir sus recomendaciones contra la corrupción

El Consejo de Europa ha lanzado este jueves una nueva voz de alarma en la lucha contra la corrupción: los avances conseguidos en los 47 Estados miembros corren peligro de verse revertidos por nuevas leyes aprobadas en algunos países en 2017, y por la lentitud en la implementación de las medidas ya acordadas en otros, como es el caso de España y Bélgica. Ambos países se encuentran en el punto de mira de esta institución por no completar las recomendaciones anticorrupción del organismo desde hace años.

“2017 fue un año negro para la lucha contra la corrupción”, advierte Marin Mrčela, presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO, por sus siglas en inglés). Este organismo fue creado para mejorar la capacidad de sus miembros para luchar contra la corrupción y en él están representados los 47 países que pertenecen al Consejo de Europa y Estados Unidos, observador en este último.

Su advertencia encabeza el informe publicado este jueves sobre el nivel de cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido GRECO para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales. Las conclusiones no son halagüeñas: “Nuevas iniciativas legislativas aprobadas en algunos países europeos en 2017 suponen un retroceso en reformas realizadas previamente para reforzar la prevención de la corrupción o inician reformas que podrían resultar en violaciones de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa”, resume.

A ello se une, advierten los expertos del organismo, la implementación “más lenta de lo deseable” de las medidas para combatir la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales.

España, suspenso en lucha anticorrupción

De hecho, algunos países ni siquiera han aplicado aún medidas contra el fraude. Es el caso de España que, junto con Bélgica, son señalados en este informe como los dos únicos países que no han implementado aún de manera completa ninguna de las recomendaciones que han recibido.

España suma 11 recomendaciones desde 2014, de las que no ha implementado cuatro y otras siete solo “parcialmente”. Supone un nuevo tirón de orejas a España, un país que lleva años en la mira de la institución con sede en Estrasburgo (Francia) por incumplir las recomendaciones sobre independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento. La última vez que España recibió una dura llamada de atención de GRECO fue en enero, cuando el organismo publicó un informe del país en el que constataba la falta de avances. En los últimos años, el Consejo de Europa ha criticado, entre otros, la politización del sistema español para elegir el poder judicial.

Las recomendaciones del Consejo de Europa

GRECO ha emitido diversas recomendaciones tanto para el poder legislativo como el judicial de sus países miembros.

En el caso de los parlamentarios, GRECO ha propuesto “regularizar los informes de activos, clarificar las restricciones de actividades económicas externas y la transparencia sobre sus interacciones con grupos de cabildeo”, con el objetivo de “cumplir su mandato de servicio público con integridad”. Pero solo se implementan lentamente. Y esto es malo, subraya, porque contar con “estándares claros” de conducta “ayuda a los parlamentarios y a otros a comprender cuál es la conducta que se espera de ellos y qué acciones están por debajo de lo aceptable, así como las consecuencias que pueden tener”.

Las recomendaciones para el poder judicial se centran sobre todo en la necesidad de que el reclutamiento y promoción de jueces se produzca “por méritos” y no por intereses políticos, y que los magistrados se mantengan alejados de actividades políticas, en aras de la salvaguardia de la independencia de poderes. “GRECO ha constatado, no sin cierta sorpresa, que en algunos países sigue siendo posible ser a la vez juez y un representante electo”, destaca en este sentido.

La falta de compromiso a la hora de aplicar las recomendaciones tiene un alto riesgo ya que “cuando los jueces no están a la altura de los altos estándares de integridad, independencia e imparcialidad que se espera de ellos, la confianza se estremece y la inquietud pública es palpable”.

En el caso de los fiscales, los expertos recuerdan la importancia de los nombramientos transparentes y de la existencia de reglas claras en cuanto a la asignación de casos y la recusación de los mismos. “Garantizar la independencia de fiscales individuales en sus investigaciones es una salvaguarda importante contra presiones dentro del sistema mismo, pero también de otras ramas del poder”, subraya.