Toledo declara ilegal el paro general convocado hoy por los sindicatos
El ministro de Interior ha anunciado que la policía actuará para "evitar que los grupos violentos hagan de las suyas"
La huelga general convocada por los sindicatos en Perú para protestar contra la política de privatizaciones de Alejandro Toledo se ha convertido en una moción de censura popular en contra del Gobierno después de que éste declarara ayer ilegal el paro.
Un portavoz del Ministerio de Trabajo ha explicado que la protesta no cumple con los requisitos que señala la ley para acogerse al derecho a la huelga, y ha asegurado que aquellos que no acudan a sus puestos de trabajo perderán su jornal y la parte proporcional de su paga dominical. Por su parte, Toledo ha condenado la medida por ir "contra el diálogo y la democracia".
Además, la huelga puede degenerar en enfrentamientos, puesto que el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, anunció ayer que la policía ha recibido la orden de actuar para evitar que "grupos violentos hagan de las suyas" durante la protesta.
Subidas de tarifas y despidos
El paro, el primero al que se enfrenta Toledo en sus nueve meses de gestión, ha sido convocado por varias organizaciones sindicales regionales y por la Confederación General de Trabajadores de Perú, el sindicato más importante del país. Los organizadores de la protesta, que culminará con una gran marcha en Lima, exigen un cambio en la política económica del Gobierno y la suspensión del proceso de privatización de las empresas públicas del país.
El origen del conflicto hay que buscarlo en el intento de privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur , rechazada por los habitantes del sur del país, que temen una subida de las tarifas y el despido de trabajadores. En principio este proceso debía culminar el 15 de mayo, pero Toledo lo ha aplazado un mes. Eso sí, la privatización se hará "con transparencia y fiscalización", según Toledo, y no supondrá una subida de precios o despidos.
Los sindicatos y la izquierda ya realizaron una marcha de protesta hasta el Congreso el pasado 25 de abril para protestar contra el proceso de privatización y la política económica del Gobierno. La manifestación, la más concurrida de los últimos años en Perú, transcurrió sin incidentes y bajo la vigilancia de más de 2.000 policías.
