Torrent vuelve a dar largas a Puigdemont para una investidura desde Bruselas
La Mesa del la Cámara reclama un informe para asegurarse de que no se contraviene al Constitucional
A la espera de que el independentismo se ponga de acuerdo sobre un candidato para formar Gobierno, este martes quedó aplazada por segunda semana consecutiva la petición de Junts per Catalunya de reformar la ley de la presidencia de la Generalitat para que Carles Puigdemont pueda ser investido desde Bruselas. A petición del presidente del Parlament, Roger Torrent, la Mesa reclamó un informe a los letrados para saber si esa tramitación contravendría al Constitucional.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, parece querer pasar página de la etapa de Carme Forcadell y evitar una posible acusación de desobediencia del Tribunal Constitucional. Eso explica su cautela antes de admitir a trámite la doble propuesta que registró Junts per Catalunya el pasado 9 de febrero para reformar dos artículos de la ley de la presidencia de la Generalitat que permitirían la investidura telemática de Puigdemont.
La petición se llevó a la reunión de la Mesa de la semana pasada y quedó aplazada por un “defecto formal”, según explicaron fuentes independentistas. En la reunión de este martes se volvió a debatir y la Mesa decidió, con el voto de Junts per Catalunya y Esquerra, solicitar un informe a los servicios jurídicos para determinar si el cambio de la ley contravendría las medidas cautelares dictadas el 27 de enero por el Tribunal Constitucional, que prohibió la investidura de Puigdemont si no se presentaba personalmente en el Parlament y no tenía autorización del Tribunal Supremo.
El secretario general del Parlament, Xavier Muro, intervino durante más de 15 minutos en la reunión de la Mesa y explicó que, a primera vista, consideraba que la idea de cambiar la ley para permitir la investidura telemática no encajaba con lo que había dicho el Constitucional y se comprometió a tener listo un informe jurídico la próxima semana. De ser así, la Mesa lo debatiría el día 28 y si se quisiera seguir adelante con el cambio de la ley debería aprobarse en la junta de portavoces del 7 de marzo.
Los diputados de Ciudadanos piden otra vez un pleno
Los diputados de Ciudadanos remitieron ayer un escrito al presidente del Parlament, Roger Torrent, en el que le reclaman la “inmediata y urgente” reunión de una junta de portavoces para que, con la misma premura, acuerde fecha, hora y orden del día para celebrar un pleno de la Cámara que desbloquee la situación política catalana. El partido ya exigió a Torrent ese pleno el pasado día 15, al amparo del artículo del reglamento que le permite hacerlo por tener más de una quinta parte de los diputados de la Cámara, pero el presidente del Parlament no lo llevó a la reunión de la Mesa de ayer. Ciudadanos considera que Torrent ha actuado “de manera injustificada” y por eso le piden que rectifique y agilice la convocatoria.
Junts per Catalunya pretende cambiar por el procedimiento de lectura única el artículo 4.2 de la ley de presidencia de la Generalitat e incluir un nuevo apartado en el artículo 35 para acabar con la obligatoriedad de que el candidato a la investidura esté presente en el pleno y permitir también que el Govern pueda celebrar reuniones telemáticas. Sería una reforma a la medida de Puigdemont para facilitar su elección desde Bruselas y hacer posible que gobierne la Generalitat desde allí, un escenario que rechaza Esquerra.
Junts per Catalunya también reclamó la semana pasada que se activara la comisión del reglamento para permitir la investidura telemática o por delegación de Puigdemont. Entonces quedó aparcado el tema y se llevó a la reunión de ayer sin que tampoco saliera adelante. Es una comisión que tiene carácter de comisión legislativa y no puede activarse hasta que no se forme Gobierno, según vienen insistiendo el PP y el PSC.
Pérdida de tiempo
Los partidos no independentistas coincidieron en que toda esta estratagema era una pérdida de tiempo para que el secesionismo solucione su división y que debería empezar a contar ya el plazo de dos meses para investir a un presidente de la Generalitat. En ese sentido, el PSC registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con la intención de “proteger los derechos de los diputados y desbloquear el proceso de investidura”.
El presidente de la Cámara tenía sobre la mesa una doble petición de Ciudadanos y Catalunya En Comú-Podem para celebrar el llamado pleno de desbloqueo. La solicitud del partido naranja no se debatió en la reunión de la Mesa y la de los comunes pasó a la junta de portavoces, que será la que decidirá la fecha de celebración del pleno en la que se propone aprobar una resolución para reivindicar “la soberanía del Parlament”.
Ciudadanos anunció que también acudirá al Constitucional si Torrent sigue paralizando de forma “arbitraria y antidemocrática” el pleno de desbloqueo que reclaman. Los socialistas, por su parte, consideran que el único pleno que debe celebrarse es el de investidura para escoger a un presidente dentro de la ley.
