El ‘procés’ relega la agenda social
19,2% de la población catalana sigue en riesgo de pobreza tras cinco años de debate independentista en los que el Govern no ha hecho reformas estructurales
El principal argumento de los independentistas para defender la república catalana ha sido en los últimos cinco años que solo con la secesión se conseguiría una sociedad más justa e igualitaria. La independencia era la receta mágica que igual servía para aumentar las ayudas a la pobreza energética que para facilitar el acceso a la vivienda. Lo que no ha hecho el independentismo durante estos años ha sido dar respuesta desde la Generalitat a los graves problemas sociales de la Cataluña autonómica que, como el resto de España, salía de la peor crisis de las últimas décadas. El 19,2% de la población catalana sigue en riesgo de pobreza. Y 157.500 personas llevan más de dos años sin encontrar trabajo.
Los expertos, las entidades y los Ayuntamientos reprochan al Govern cesado que haya primado los parches en forma de subsidios antes que las reformas estructurales. El proceso independentista ha copado la mayoría de los decibelios del debate público y ha bajado el volumen de la enorme crisis social. De ahí que la Generalitat haya sido fuertemente criticada por descuidar el “mientras tanto”, lo que se debía hacer a la espera de la tan prometida independencia. La única excepción es la aprobación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, la prestación de 564 euros que recibirán las familias más pobres de Cataluña. La ayuda nació de una iniciativa legislativa popular y sus promotores están a la expectativa de cómo será gestionada para los más de 30.000 beneficiarios.
Desde 2012, el Govern se ha topado con recursos judiciales contra leyes como la de emergencia habitacional. Pero tampoco ha exprimido aquellas normativas y actuales competencias donde tenía recorrido. Ha pecado de falta de ambición y valentía en materia de políticas sociales y de vivienda, dicen los críticos.
En materia de vivienda, un área en la que las competencias son de la Generalitat, los datos muestran como en paralelo al procés cae el gasto global de la Administración catalana. Mientras, no se ha escatimado en ayudas, que se han multiplicado, con partidas abiertas para atender a quien las pida y cumpla requisitos necesarios. La crítica es que se ha primado poner parches a los problemas, antes que intervenir en sus causas.
Desde 2012, la Generalitat ha bajado un 40% el presupuesto del área de vivienda; la construcción de pisos sociales ha caído un 46%. No se han desplegado todas las posibilidades de la ambiciosa Ley del Derecho a la Vivienda que aprobó el tripartito de izquierdas en 2007. De hecho, una de las primeras cuestiones que hizo CiU en 2011 cuando recuperó la Generalitat fue mutilarla dejando sin efecto un 20% del texto.
En los últimos años el Gobierno catalán ha aprobado dos decretos —para gravar pisos vacíos y para comprar vivienda o expropiar su uso si está vacía—, pero con tantos condicionantes que han tenido poca o nula repercusión, a juicio de los expertos.
Lo que sí ha aumentado y mucho son las ayudas al pago del alquiler: se han casi cuadriplicado, hasta alcanzar más de 110 millones de euros para más de 65.000 hogares. Pero, pese a esta millonaria inyección, Cataluña es la comunidad española donde se produjeron más desahucios (3.625 en el último trimestre), sobre todo por impago de alquiler, recuerda la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Un fenómeno al que no ayuda a la tormenta que se ha desatado con la brutal subida de las rentas: un 10% en dos años, a falta de datos de 2017.
Pese a las críticas, fuentes de la secretaría de Vivienda mantienen que han “gestionado la crisis más bestial que ha habido en vivienda desde la Guerra Civil”. Y defienden con vehemencia que su legado “debería hacer abrir los ojos al cambio de políticas de vivienda de cualquier Administración territorial”. Sobre el presupuesto del área, al de la Generalitat suman el del instituto catalán del suelo y con datos de liquidación aseguran que ha pasado de 361 millones en 2012 a una previsión de 370 este año.
Los gestores del área encuentran respuesta a todos los reproches. Sobre la construcción de vivienda pública afirman que ningún promotor público ha hecho tanto en estos años. Sobre la compra de pisos para destinarlos al alquiler, aseguran que este año habrán sido casi mil (el 80% vacíos), pero las entidades aseguran que es insuficiente y que los Ayuntamientos tienen más cola que para adjudicar pisos para emergencias. En 2015 se aprobó un decreto que contemplaba la expropiación temporal del uso de pisos vacíos: no se ha materializado en ningún caso, pero Vivienda responde que no ha habido tiempo. Y otro decreto que grava las viviendas vacías de bancos y grandes propietarios ha permitido recaudar 13,5 millones en 2016 y 18 en 2017, pero los expertos aseguran que los pisos a los que se ha aplicado la tasa no representan más que el 3% del parque en desuso.
Ante la tormenta desatada con la subida de los alquileres, el Gobierno catalán cesado también presume de haber creado un índice de referencia de precios en las principales ciudades catalanas. Es meramente informativo, y no incluye los criterios para definir los “alquileres abusivos” o limitar las rentas, como pedía la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La jurista y colaboradora del observatorio de derechos económicos sociales y culturales Mercè Pidemont asegura que el ejecutivo catalán “ha hecho medidas de cara a la galería que no han tenido impacto real relevante”. Una crítica que comparte el recientemente creado Sindicato de Inquilinos. Su portavoz, Irene Sabaté, critica también que el índice de precios sea solo una referencia: “regular el alquiler es un tabú; habría que regular su precio como se hace con otros bienes básicos como los medicamentos”.
La demanda de becas comedor se dispara
El incremento de un 107% desde 2010 en la dotación para pagar las becas comedor —ahora llega a los 69 millones de euros— demuestra el alcance de la pobreza infantil en Cataluña. Más de 101.000 niños reciben esta ayuda, frente a los más de 67.000 que lo hacían en el curso 2010-2011. El aumento de la cobertura responde al cambio de baremo para otorgar las ayudas. Fue necesaria una larga reivindicación de las familias para que se cambiara la fórmula que da acceso a las ayudas.
Este cambio fue una de las medidas surgidas de los dos plenos monográficos contra la pobreza que se han celebrado en la Cámara catalana. La Generalitat negó en un principio que hubiera menores malnutridos en Cataluña pero la dureza de las evidencias y la presión de las entidades como la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Familia (Fapac) terminó por poner el tema en el centro del debate. El 24% de los menores en Cataluña están en riesgo de pobreza, según el Idescat.
Pese al aumento de las becas, el seguimiento al problema de las carencias alimenticias ha sido errático por parte de la Generalitat. Pese a tener un protocolo específico sobre el tema, el Govern dejó en 2014 de hacer un seguimiento trimestral de los casos de menores con este problema.
