Junqueras no dará a Montoro la lista de los funcionarios que certifican el gasto del Govern

Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, aseguró ayer que no facilitará al Ministerio de Hacienda la relación de funcionarios que certifican el gasto de la Generalitat. El Gobierno central anunció el viernes que suspendería el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) si detectaba desvío de fondos para el referéndum del 1 de octubre y pidió la lista de los interventores. “Si no quieren pagar las facturas, que lo digan”, avisó Junqueras que aseguró tener tesorería para abonarlas.

El vicepresidente anunció que cumplirá con el requerimiento de información semanal del gasto de la Generalitat pero a su manera. “Bajo ningún concepto”, dijo, se entregará la lista de interventores y responsables económico financieros. Ellos son, en teoría, los responsables de certificar que los recursos de 183 empresas públicas con gran participación de la Generalitat no se destinan a preparar el referéndum y que Cristóbal Montoro quiere fiscalizar.

Tras la celebración del Consell Executiu, Junqueras consideró la estrategia del Gobierno de innecesaria porque ya dispone, dijo, de toda la información en una web de la Generalitat y, por tanto, es pública. El vicepresidente expuso que los 13 consejeros asumirán los certificados semanales. “Seremos los responsables políticos los que certificaremos cualquier información que pidan”, subrayó afirmando que su voluntad es proteger a los funcionarios. El procedimiento alternativo será el siguiente: los funcionarios requeridos remitirán los datos al consejero correspondiente y este a su vez lo canalizará a Economía, que centralizará la información. Será la interventora general la que finalmente responda a Hacienda. El ministerio aguarda qué remite hoy la Generalitat antes de tomar una decisión.

El criterio del Govern contradice al expuesto este lunes por el secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, que señaló que el Ministerio tiene “perfectamente identificados” a los funcionarios que firman las facturas y que, por tanto, no tendrían inconveniente en remitirles el listado. Junqueras no aclaró la divergencia y reivindicó la seriedad de la tesorería de la Generalitat al recordar que paga a sus proveedores a menos de 30 días. “Es obvio que no hacemos la consulta a través del FLA. ¿Alguien cree que de verdad pagamos el referéndum con el Banco de Sangre y Tejidos?”, se preguntó perplejo el vicepresidente citando a una de las empresas afectadas por el control extra. Luego, agregó a la Escuela Superior de Musica, el Instituto Oncológico y al Consorcio del Estanque de l'Ivars d'Urgell para denunciar, en su opinión, lo absurdo de pensar que estas entidades puedan pagar la consulta.

Dos recursos

Junqueras apeló a la responsabilidad de la Administración central al recordar que cancelando el FLA se perjudica al gasto social y avisó de que la Generalitat está en condiciones de costear las facturas con los recursos de su plan de contingencia. En ese sentido, no dio crédito a las agencias de calificación que cuestionan la capacidad de la Generalitat de recurrir a los mercados. El Govern considera que una eventual interrupción del FLA es una “amenaza” y por ello aprobó presentar sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional como paso previo para elevarlo a las instancias internacionales. El Govern dio luz verde también a otro acuerdo para garantizar el derecho de defensa de los consejeros, altos cargos y empleados públicos. El procedimiento, que permite contratar a letrados externos, persigue salvaguardar “la imparcialidad” de los funcionarios.