Contra la sombra de la beneficencia

Empezó siendo un fenómeno excepcional, pero, por desgracia, cada vez es más frecuente. Los servicios sociales y los educadores detectan como aumenta el número de alumnos que van a clase sin desayunar. Y muchos de ellos, la única comida que han al día es la que reciben en el comedor escolar. El problema es que el curso académico concluye, pero las necesidades en casa persisten. Algunos de estos menores no viven con sus padres, otros apenas tienen algo en la nevera. La situación es de emergencia y las soluciones que plantea la Administración tampoco satisfacen a todo el mundo. La sombra de la beneficencia es alargada y nadie quiere ver colas de niños para comer.

Merche Alabau, presidenta de FAPA Valencia, reconoce que cada día un mayor número de escolares la única comida “en condiciones” que realizan es en el centro educativo. “El problema está ahí, hay que buscar soluciones pero no volver a la beneficencia”, opina Alabau que como representante de las familias considera que el plan de ayudas de la consejería “tiene algunas lagunas y debería extenderse también a los institutos”. Bienestar Social ha lanzado esta semana un plan de ayudas a los municipios, dotado con 1,2 millones de euros, para organizar escuelas de verano con actividades y que contemplen el servicio de comedor para niños con riesgo de exclusión social.

“No queremos comedores para pobres, eso va contra la dignidad de los menores”, afirma el concejal de Educación y Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Ardid, que está trabajando en varios frentes para atender las necesidades de estos niños. Por un lado, una parroquia de la Zona Norte organiza un campamento de verano para 150 chavales, ael que el Ayuntamiento destina 16.000 euros para los monitores y Cáritas se encarga de la manutención. Las Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alicante organizan, en paralelo, otros 15 campamentos estivales, que han pedido acogerse a la ayuda de la consejería de Bienestar Social, que es un máximo de 100.000 euros por Ayuntamiento. “En estos campamentos habrá chavales que pagarán el comedor y otros que están becados, pero no tienen por qué saberlo entre ellos, para no sentirse marginados”, afirma Ardid. El alcalde de Alcoi, el socialista Toni Francés, tampoco está dispuesto a organizar “unas escuelas de verano solo para pobres, debe ser integrador”.

“Los comedores para menores van contra la dignidad”, dice un político

Celia Alegre Díaz, responsable de estos temas en Cáritas Diocesana, recuerda que lo mejor siempre es “comer en casa por dignidad”, y evitar “las colas de personas esperando el plato”. En Alicante, según Cáritas, las necesidades de las familias aumentan cada día y se extiende por los barrios (Zona Norte, Cementerio, Ciudad Asís, La Florida…) “Debemos trabajar para ofrecer actividades lúdicas para los niños, para que pasen un buen verano, y que coman, pero que el objetivo no sea solo la comida”, explica Alegre Díez, que lleva años de experiencia en Cáritas ayudando a familias necesitadas.

Los socialistas en Alicante tildan de “broma de mal gusto” el cálculo de la consejera de Bienestar Social de que sean unos 2.400 niños los que se beneficiarán de los comedores este verano. Eva Montesinos, secretaria de Integración en la ejecutiva del PSPV de Alicante, cifra en 3.000 los niños que pasan hambre en Alicante. “No pedimos caridad, pedimos que se les atienda a estos menores que no pueden quedar abandonados a su suerte”.

La consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, evita el término comedor escolar en verano y prefiera hablar de campamentos con derecho a comedor. Según la consejería, alrededor de 2.400 menores valencianos de entre 3 y 16 años podrán participar en las “escuelas de verano” gratuitas a partir de julio. La nueva iniciativa se puede quedar corta, según todas las fuentes consultadas. La consejería pretende “asegurar la adecuada atención a menores en situación de especial vulnerabilidad”, para ello ha dispuesto, gracias a la subvención del ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, de unas ayudas económicas que los ayuntamientos podrán solicitar presentando programas, de gestión directa o coordinada con entidades, que permitan integrar en campamentos o escuelas de verano en el período estival a menores de familias con carencias económicas graves. La cuantía que recibirá cada Ayuntamiento “alcanzará un máximo de 100.000 euros” y los consistorios se comprometerán, “tanto al seguimiento del programa, como a la intervención familiar con los núcleos de convivencia”, según informan en una nota desde la Generalitat.