Correa, Crespo y El Bigotes se niegan a someterse a una prueba de voz
El Fiscal y la acusación pretendían cotejar los resultados con la grabaciones de la policía
Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Cándido Herrero, considerados cabecillas de la trama Gürtel, se han negado a someterse a una prueba de voz en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que había sido solicitada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular. A pesar de no dejar grabar sus voces, Correa, Crespo, El Bigotes y Herrero no se han ahorrado el paseíllo ante las cámaras de los medios. El juez ordenó que la prueba solicitada por el ministerio fiscal fuera presencial en Valencia.
Todos ellos se encuentran imputados en la causa que investiga una supuesta financiación irregular del PPCV y una presunta prevaricación de la Generalitat relacionada con la trama de empresas vinculadas a Correa.
La causa se encuentra divida en tres piezas: presunto delito electoral en los comicios autonómicos de 2007, supuesta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market.
Estaba previsto que la prueba de voz se realizase ante el secretario judicial y la Policía, con el fin de verificar que la voz de estos cuatro imputados es la que aparece en las conversaciones telefónicas intervenidas.
Entre otras razones, esta diligencia pericial, que no es considerada prueba hasta que no se realiza el pertinente informe tras cotejar las voces, se solicitó porque los tres principales cabecillas (Correa, Crespo y Pérez) se negaron a prestar declaración en el TSJCV.
El primero en acudir al juzgado ha sido Álvaro Pérez, El Bigotes, alrededor de las 9.40 horas, y tras él ha acudido Cándido Herrero, Francisco Correa y Pablo Crespo, estos dos últimos juntos con el mismo abogado, quienes han permanecido en el interior de Palacio de Justicia durante unos 20 minutos.
Al abandonar el edificio ninguno de ellos ha querido realizar declaración alguna a los periodistas, a excepción de Crespo, quien se ha limitado a confirmar que se había acogido a su derecho de no someterse a la prueba solicitada por la Fiscalía y la acusación particular.
