El Congreso rechaza prohibir el ‘fracking’
La iniciativa de la Izquierda Plural proponía vetar en España la técnica de fracturación hidráulica
El Pleno del Congreso ha rechazado hoy la petición de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) de prohibir en España el método de la fracturación hidráulica o fracking, una técnica de extracción de gases no convencionales que se encuentran en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables.
PP, CiU y UPyD han votado en contra de la moción, propuesta por el diputado aragonés de CHA Chesús Yuste. PNV, FAC y UPN se han abstenido y solo IU-ICV-CHA, PSOE y el resto del Grupo Mixto han votado a favor del texto, en el que se pedía al Gobierno aprobar, en el plazo máximo de tres meses, un proyecto de ley que prohíba el uso de la técnica extractiva de la fractura hidráulica fracking, en aras al principio de precaución, dados los riesgos que supone para la salud de las personas y el medio ambiente.
Tras numerosas peticiones, el Gobierno de Cantabria (PP) fue, el pasado mes de enero, el primero en prohibir esta técnica de extracción de gas. Ecologistas y partidos de izquierda de Cataluña, Comunidad Valenciana han pedido repetidamente que se prohíba en todo el territorio nacional.
La moratoria de izquierda plural rechazada hoy solicitaba que, de forma inmediata y hasta que la ley entre en vigor, se suspendan todas las actividades de prospección, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales que utilicen la fractura hidráulica y, por consiguiente, no autorizar ninguna nueva solicitud y dejar en suspenso las previamente autorizadas.
Igualmente, reclama el impulso de un cambio de modelo energético "basado en las fuentes renovables y limpias, en el ahorro y la eficiencia energéticas, en lugar de dedicar los esfuerzos a prolongar la dependencia de los combustibles fósiles". En el texto se incluyó finalmente incluir una parte de una enmienda socialista para instar al Gobierno a "impulsar un cambio de modelo energético" basado en las renovables.
Tanto PP como UPyD han justificado su postura en que no se puede prohibir de forma generalizada la investigación de nuevas fuentes de energía, especialmente en la actual coyuntura económica y ante la alta dependencia energética de España, y además señalaron que lo necesario es garantizar que las exigencias de seguridad sean suficientes.
