La número dos del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha querido dejar claro que Mariano Rajoy y su Gabinete trabajan para "sacar adelante" el país. "España vive un momento muy difícil. Este Gobierno está trabajando para sacarlo adelante", ha manifestado en los pasillos del Congreso de los Diputados al recordar, frente a la bajada de impuestos y al giro de la política tributaria que reclama Aznar, que el Ejecutivo "agradece especialmente todas las aportaciones que se puedan hacer para que en este país se vuelva a crear empleo y se vuelva a crecer". "En esto es en lo que estamos y eso es a lo que nos dedicamos", ha agregado.

En la misma línea, el portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha subrayado que "lo que ayuda a la recuperación del país es el proyecto reformista que lidera Mariano Rajoy". "Todo el mundo puede realizar aportaciones y, por supuesto, Aznar. Un sistema democrático se basa en el debate público informado y en las opiniones que unos y otros puedan dar", ha concedido. Aun así, ha destacado que Rajoy cuenta con una mayoría que le respalda en el Parlamento y en él han depositado su confianza los electores.

Uno de los más claros con Aznar ha sido el presidente de la Cámara baja, Jesús Posada, que fue su ministro de Agricultura y de Administraciones Públicas. "Las cosas se van para no volver y ahora los tiempos van por otro camino", ha señalado. "El paso del tiempo es inexorable. Hay que cosas que tuvieron su momento y creo que los que estuvimos con él podemos estar muy orgullosos, pero las cosas se van para no volver".

Los ministros de Sanidad y Justicia, Ana Mato y Alberto Ruiz-Gallardón.se han limitado a mostrar su respeto a todas las opiniones. No obstante, en las filas populares el malestar es palpable. El nuevo portavoz del PP en el Parlamento vasco, Borja Semper, ha ironizado desde su cuenta de Twitter: "Zapatero se consolida como el mejor expresidente de Gobierno". Desde el PP vasco, también se ha pronunciado Iñaki Oyarzábal. El número dos de la formación en Euskadi ha asegurado que Aznar sabe que el PP "respalda mayoritariamente" las políticas de Mariano Rajoy, tras lo que ha pedido "lealtad" hacia el actual jefe del Ejecutivo y al PP, informa EP. 

Muy significativa ha sido también la valoración de Josep Antoni Duran Lleida. El portavoz de CiU en el Congreso cree que  Mariano Rajoy tiene la legitimidad de las urnas y "no se merece las palabras del expresidente Aznar. "No le ha hecho ningún bien a Rajoy, y Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar", ha afirmado Duran en unas declaraciones que apuntan a una mejora de las relaciones el Gobierno de Artur Mas.

Desde el PSOE, la número dos de la formación, Elena Valenciano, ha manifestado que la posibilidad del regreso de Aznar le parece una mezcla del  "túnel del tiempo y el túnel de los horrores".  El coordinador de IU, Cayo Lara: "Aznar ya nos dejó una herencia en este país. Dejó al país en una guerra [en Irak] y con las consecuencias tan dramáticas que vinieron después de esa guerra". 

“No creo que la vuelta al pasado sea la solución”. Así de tajante ha sido el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, cuando se le ha preguntado por el retorno de José María Aznar a la política, idea con la que jugó anoche el expresidente. “España necesita mirar al futuro”, ha seguido Fernández Toxo. A tampoco el líder de UGT, Cándido Méndez, le entusiasma la idea de que vuelva Aznar: “Nunca segundas partes fueron buenas. Y a mi tampoco me lo pareció la primera”.

Toxo, en un desayuno organizado por Nueva Economía, ha recomendado al expresidente del PP que antes de plantearse volver haga suya la frase del rey: “Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Y que lo haga en referencia a la ley del suelo, a la foto de las Azores…”. Informa Manuel V. Gómez.

Aznar se centró sobre todo en la clarísima exigencia, más contundente incluso que la de Esperanza Aguirre, para que Rajoy baje ya los impuestos a las clases medias. Una enmienda en toda regla a la política de su sucesor. Tanto que le preguntaron si se arrepentía de haberlo elegido —dijo que nunca se arrepiente de sus decisiones—. “Hay que ofrecer esperanza, no una lánguida resignación”, arrancó para dar enseguida cinco puntos de lo que él haría si estuviese en la presidencia del Gobierno. Y entre ellos, el más destacado es una reforma fiscal para bajar impuestos de inmediato, mientras el Gobierno ha dicho que no lo hará hasta 2015.

“España necesita una profunda reforma fiscal. El proceso de castigo a las clases medias está siendo muy fuerte. Necesitamos recuperar el impulso económico”, empezó. “Espero que nadie dude de que nosotros hicimos en 1998 una gran reforma fiscal y bajamos los impuestos. Lo digo porque algunos de los que lo hicieron entonces ahora lo dudan”, añadió en referencia a Montoro y su polémica con Esperanza Aguirre. “Hace falta bajar los impuestos en España ya, es urgente, tenemos un sistema fiscal que ha sido superado”, exigió de nuevo.

¿Está usted reprochando al Gobierno su política?, le preguntaron. “Estoy defendiendo lo que yo haría. Mis criterios y mis ideas. Y creo que esto entra dentro del mandato del PP. Espero que sea desarrollado. Se heredó una situación terrible para España pero también algunas buenas cosas: una gran mayoría, un gran partido muy disciplinado dispuesto a seguir a un Gobierno que renueve los objetivos. Dispuesto a aplicar un proyecto político renovado. Uno de los problemas de España es que cualquier partido que no tenga proyecto nacional está condenado a ser diluido. El PP está obligado a no contagiarse”.

¿Pero usted cree que no hay proyecto, qué está reclamando?, le interrogaron. Y ahí Aznar, presidente de honor del PP y mentor de Rajoy, del que ahora está muy distanciado, fue directo al cuello de su sucesor: “Reclamo que actúe el Gobierno, que tiene que actuar todos los días. Si creyese que andamos sobrados de proyecto político lo diría. Me encuentro como la mayoría de los votantes del PP, a los que les gustaría ver un proyecto político muy claro y una acción política definida”.

Ante este golpe, le preguntaron cómo es su relación con Rajoy. Fue diplomático, pero dejó claro que es fría: “El presidente tiene mi mayor respeto y consideración por la responsabilidad que ocupa y por ser quien es. Mi deseo es que tenga el mayor éxito. El presidente decide si quiere hablar y escuchar opiniones”. ¿Hablan poco?, insistieron. Y replicó: “Solo he hablado largamente con él una vez desde que es presidente”. En esa línea de exigir a Rajoy que utilice su mayoría absoluta para actuar, Aznar también se mostró contrario a pactos de Estado: “Un pacto sustitutorio de la actual mayoría es un error garrafal. El PP tiene la obligación de preservar esta mayoría, hay que exigir de esa mayoría decisiones cada vez más relevantes”.

Y al final llegó el momento que más comentarios internos generará: dejó en el aire, más que nunca, la posibilidad de volver a la política activa, aunque sin decirlo. Le preguntaron si ve a España desesperada y podría volver, como le dijo al embajador de EE UU en 2008, según los cables de Wikileaks. Y soltó: “De los cables no voy a hacer ningún comentario. Pero le digo: cumpliré con mi responsabilidad, con mi conciencia, con mi partido, con mi país”. ¿Eso qué quiere decir?, le remacharon. “Lo que he dicho, no saque más conclusiones”. ¿Pero si se dan las circunstancias volvería a la política? “Voy a cumplir mis responsabilidades. Nunca las he eludido”, insistió. El debate interno en el PP y con Rajoy está servido.

Las carpetas incautadas por la policía hace más de dos años en la nave de Alcorcón, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran los desproporcionados beneficios que la red obtenía de contratos públicos en AENA (organismo aeroportuario dependiente del Ministerio de Fomento) o en numerosos Ayuntamientos dirigidos por alcaldes populares.

Esa misma documentación también recoge las pérdidas que la trama corrupta se anotaba en determinados actos del PP, dado que o bien los hacía gratis, como el que protagonizó José María Aznar en Marbella para presentar a la nueva candidata a la alcaldía a finales de 2002, o bien aplicaba rebajas excepcionales, como en la convención del PP valenciano de junio de 2002.

La red Gürtel dejó constancia documental de todos sus manejos. Lo que sigue tan sólo es una pequeña muestra.

» Actos gratis o rebajados. El 26 de noviembre de 2002, a menos de seis meses de las elecciones municipales, José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, se desplazó a Marbella para apoyar a la candidata electoral del PP a la alcaldía de esa localidad. Special Events, la empresa de la red Gürtel que organizaba todos los actos del PP, se encargó del montaje y decoración del pabellón que albergó la cena donde Aznar arropó a su candidata. El coste de esos servicios, según la contabilidad secreta, fue de 5.245 euros, que el contable de la trama registró como pérdidas con un apunte en el que se podía leer: “Regalo Sr. Correa”. El jefe de la trama decidió regalar al PP el coste del montaje del acto preelectoral, en el que participó el entonces jefe del Ejecutivo. No fue el único. En la documentación también se pueden ver facturas de otros actos con un signo negativo en el capítulo de beneficios, como el que tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia el 8 de junio de 2002. Según la contabilidad secreta de la red Gürtel, el acto tuvo un coste real de 20.067 euros, pero por “orden dada por Álvaro [Pérez]”, jefe de la trama en Valencia, tan solo se facturaron al partido 6.010 euros. Las pérdidas para la red por este acto se elevaron a 14.057 euros.

» Contratos municipales. Entre la documentación aportada al sumario, figuran cientos de contratos con Ayuntamientos gobernados por el PP, con márgenes de beneficio para la red que superan en muchos casos el 100%. Uno de los ejemplos más significativos es el recogido por la trama en la contabilidad particular de los premios de periodismo Luis del Olmo a la libertad que se celebraron el 16 de junio de 2002 en la plaza mayor de La Nucia, un municipio alicantino gobernado por el PP.

La red Gürtel, que se encargó de organizar todo el acto, facturó por el mismo 305.662 euros. Siempre según su contabilidad, la trama apuntó un coste real de 184.708 euros y un beneficio de casi 121.000 euros. Entre los conceptos que detalla, esa contabilidad da cuenta por ejemplo de que la red pagó a la presentadora del evento 6.010 euros, pero facturó al Ayuntamiento por este servicio concreto 12.020 euros; el coste real de los decorados fue 90.000 euros, pero facturaron por los mismos 120.202.

» El negocio de AENA. Francisco Correa, jefe de la red Gürtel, presumió ante el juez Baltasar Garzón, que había conseguido contratos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) gracias a su amistad con Francisco Álvarez-Cascos, ministro de Fomento entre 2000 y 2004. La documentación que la red guardaba en la nave de Alcorcón recoge muchos de los servicios prestados por las empresas de Correa a AENA, con porcentajes de beneficio próximos al 100%. Algunos ejemplos:

— El acto denominado “Inauguración terminal Barajas, entierro de la primera piedra”, celebrado el 20 de junio de 2000, fue organizado por la empresa Special Events, de la red Gürtel, que facturó por este evento a la Unión Temporal de Empresas que había conseguido la obra 26.772.000 pesetas, según figura en su propia documentación. En la contabilidad secreta sobre este acto, Special Events registra un coste real de 14.593.000 pesetas, un poco más de la mitad.

— El “Symposium ATM (Retiro-Madrid), organizado para AENA, tuvo un coste real de 15.136 euros, pero la trama le facturó al organismo estatal 29.449 euros, casi el doble.

Correa aseguró ante uno de sus colaboradores que le había llevado a Luis Bárcenas, extesorero del PP, hasta 1.000 millones de pesetas (seis millones de euros) por “adjudicaciones de obras de la época de [Francisco] Álvarez-Cascos”. Dos ex altos cargos de AENA están imputados en el caso Gürtel por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos a la trama corrupta.

Tanto Del Burgo como Ayesa han declarado hoy por videoconferencia desde la capital navarra. Ambos políticos han coincidido en que el pago tenía por objeto “compensarle” por el “quebranto económico” que le suponía tener que cerrar su clínica dermatológica para ejercer como consejero de Salud. Las entregas a Del Burgo, recogidas en la contabilidad secreta de Bárcenas, se realizaban en bloques de 600.000 pesetas (3.600 euros). Los manuscritos de Bárcenas recogen pagos entre 1991 y 1992, aunque Ayesa reconoció que los abonos se prolongaron hasta 1995.

Preguntado sobre estos hechos en una entrevista en Antena 3, el expresidente del Gobierno ha rechazado hacer declaraciones al encontrarse este asunto bajo investigación judicial.

Del Burgo recibió de Bárcenas en 2001 un segundo pago, de 500.000 pesetas (3.000 euros). Estos fondos fueron entregados a la concejala de UPN de Villaba Elena Murillo Gay, cuya vivienda había quedado prácticamente destrozada por un atentado de ETA.

El juez Pablo Ruz sigue recabando testimonios y documentos que otorgan veracidad a los papeles de Bárcenas. Ayer, el magistrado tomó declaración a otros cuatro políticos que figuran como perceptores de fondos en diferentes fechas en las cuentas manuscritas de Bárcenas. Y aunque, según fuentes judiciales, en algunos casos demostraron flaqueza de memoria, corroboraron la existencia de pagos al margen de la contabilidad oficial de partido y, por lo tanto, opacos al fisco.

El exministro de Medio Ambiente y expresidente de Baleares Jaume Matas ha reconocido ante Ruz que recibió 21.436 euros del PP en concepto de nómina entre marzo de 2003 —fecha en que dejó el Gobierno central— y junio del mismo año, cuando accedió a la presidencia de las islas. Según fuentes próximas al expolítico, este dinero lo negoció con el entonces secretario general del PP, Javier Arenas. La nómina se le abonaba mediante transferencia bancaria y está declarada a Hacienda.

Sin embargo, según las mismas fuentes, Matas ha negado haber recibido los 8.400 euros que figuran a su nombre en la contabilidad b de Bárcenas en abril de 2003. El extesorero consignó junto al nombre de Matas que el dinero supuestamente entregado era para un “piso”.

El expresidente balear ha entregado al juez Ruz durante su declaración un contrato de arrendamiento de un inmueble en la calle Goya de Madrid en el que se establecía el pago de una renta mensual de 2.100 euros. Matas permaneció en esa casa durante cuatro meses, hasta que accedió a la presidencia balear. El total abonado por este alquiler sumaría 8.400 euros, la cifra que figura en los papeles de Bárcenas. En su declaración, el expolítico sostuvo que se trataba de una “casualidad”.

Fuentes cercanas a Matas afirmaron que utilizó el hecho de que necesitaba pagar un piso para su familia en el tiempo que medió entre su salida del Gobierno y su llegada al ejecutivo balear como baza para negociar con Javier Arenas el importe de su nómina, que se acercaba a lo que cobraba en el Ministerio de Medio Ambiente.

Antes de Matas declaró como testigo el político del PP vasco Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava y concejal de Amurrio. Este también confirmó haber recibido los 12.000 euros que figuran en las anotaciones de Bárcenas y dijo que fueron para reparar los daños en su comercio en Amurrio (Álava) tras un ataque con cócteles molotov en febrero de 1999. "Fueron daños por 19 millones de pesetas (114.000 euros). En ese año sufrí 19 actos de terrorismo callejero (...) el partido me ayudó con esa cantidad para reparar mi comercio y se lo agradezco", afirmó. Sin embargo, el exdirigente popular no recordó "ni quién le dio el dinero ni cómo se lo dio".

No ha respondido el titular de Justicia a los requerimientos concretos sobre la capacidad y el derecho de las mujeres para decidir si quieres ser madres, ni tampoco a las mujeres que "prefieren llorar un mes a no toda la vida", en relación a Mercedes Perales, que hace días contó en EL PAÍS cómo decidió interrumpir el embarazo al conocer las gravísimas malformaciones cerebrales detectadas en el feto. "Usted señora Valenciano tiene un problema con la Constitución que por tres veces ha defendido el derecho del no nacido".

No hay forma de llegar a un acuerdo porque los conceptos son claramente opuestos. Las leyes del aborto se hacen en todos los países para "evitar los abortos clandestinos y las legislaciones restrictivas aumentan los abortos inseguros", le ha respondido Valenciano que ha quedado en enviar al ministro todos los informes de Naciones Unidas que avalan esta tesis. "Nosotras damos la vida, cómo nos va a decir usted que no la defendemos, pero no tiene usted ni nadie ningún derecho a decir cuándo hay que ser madre", ha subrayado.

No soltó el ministro la Constitución y la solución que tiene que dar el legislador cuando se produce el choque entre los dos derechos; el de las mujeres a decidir y el del no nacido. "No se puede anular uno de los derechos", ha defendido Gallardón. Eso sí, el ministro ha garantizado que en ningún caso habrá delito si se produce un aborto. "No habrá reproche penal para la mujer que aborte porque la consideremos una víctima; y esto lo va a hacer por primera vez este Gobierno". Imposible el acuerdo porque el PSOE quiere mantener la ley tal cual está, sobre la que aún no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al que apeló el Grupo Popular en la pasada legislatura.

Así que en esta ocasión, en ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que asiste a una cumbre europea, la primera parte de la sesión de control ha versado sobre la herencia que dejaron los socialistas y “la conculcación de derechos” de la mayoría de la sociedad, como ha señalado la vicepresidenta. “Ustedes los socialistas piden explicaciones a todos, expliquen ustedes por qué tres altos cargos de Extremadura fueron detenidos por malversación de fondos y si ese interés general de los detenidos es el que defienden también los socialistas con los ERE en Andalucía”, ha continuado la vicepresidenta.

La inmensa mayoría de los diputados no sabía nada sobre esas detenciones que ha llevado a cabo la policía la pasada noche. Ni palabra sobre eso ha respondido la dirigente socialista que ha hecho un resumen de la visión de la oposición, desde luego del PSOE, sobre el gobierno. .”Ustedes gobiernan para una minoría, pero además, su Gobierno está cada vez más desorientado y aislado, no escuchan ni a la oposición, ni a la sociedad ni a su propio partido. Su presidente de honor, José María Aznar dice que no ve proyecto político en su gobierno; los alcaldes rechazan su reforma local, y ustedes no escuchan a nadie. Pidan ayuda, el país se les va de las manos”, ha sugerido Sáenz de Santamaría.

La reacción del ministro ha sido la de restar importancia a lo sucedido, afirmar que durante el mandato de gobiernos socialistas también se han producido hechos similares y situar ese acto en un contexto de “reconciliación nacional”. Además, homenajes de estas características “se han celebrado en muchas ocasiones por lo que CiU debería pedir la dimisión de todos los delegados del Gobierno en Cataluña”. No le han servido a Xuclá estas alusiones al pasado que ciertamente son ciertas y cada vez que se ha conocido la presencia en actos oficiales de la División Azul ha habido quejas. Ocurrió el 12 de octubre de 2004 y se pidieron explicaciones desde la oposición al gobierno socialista. “Algunos abogan por la reconciliación y otros por la división y la discordia”, ha replicado el ministro.

La ley de Consultas populares pasará hoy el primer trámite parlamentario y el Gobierno de CiU prevé que esté aprobada definitivamente en octubre. Regulará las consultas no refrendarias, sin carácter vinculante. La ley se basa en el artículo 122 del estatuto, que garantiza competencias exclusivas de la Generalitat en lo relativo a las consultas sobre su ámbito de competencias. El texto llega avalado en su primer trámite por CiU, el PSC, ERC, ICV y la CUP. 

Sánchez-Camacho ha negado en el Parlamento que la cámara autónoma tenga derecho a aprobar esta ley, algo que ha indignado al presidente catalán. “Ustedes creen que éste es un Parlamento de feria que no tiene nada que ver con la voluntad popular”, le ha reprochado Mas a Camacho. 

Antes, la líder del PP catalán ha asegurado que los catalanes “no merecen un gobierno que engañe y que lleve al Parlamento una ley de consultas”, y ha reclamado que el texto sirva también para preguntar sobre los recortes. “Olvídese de separar a los catalanes”, ha instado Sánchez-Camacho. 

El presidente catalán le ha respondido acusando a la dirigente regional del PP de pretender actuar más como ministra o delegada del Gobierno que como parlamentaria. “Cuando la escucho hablar con tanta vehemencia pienso que tiene aspiraciones de ser la delegada del Gobierno en Cataluña”, le ha espetado.

Más allá de la ley de consultas, la reforma educativa del ministro José Ignacio Wert ha vuelto a centrar la sesión de control quincenal del Gobierno en el Parlamento catalán. Tanto Ciutadans como el PP han vuelto a reclamar una escuela catalana trilingüe, pero ambos han rehuido la defensa cerrada de la ley, que prevé escolarizar en castellano a los alumnos que así lo pidan. “La ley es una chapuza; lo mejor que podrían hacer es retirarla”, ha dicho Mas. 

Tanto el PSC como Iniciativa han vuelto a reclamar a Artur Mas que presente los Presupuestos, pues la Generalitat sigue sin cuentas aprobadas para 2013. Los socialistas han incidido también en los recortes educativas y han criticado que éstos no afecten por igual a la pública y a la concertada, algo que Mas ha rechazado de plano. El presidente catalán también ha respondido al líder de ICV, Joan Herrera, que en pocas semanas espera poder concretar la restitución del impuesto de Sucesiones.

Muy en la línea del tono empleado por el expresidente del Gobierno José María Aznar con su sucesor, Camps ha reivindicado en los pasillos de las Cortes sus tres mayorías absolutas mientras dirigía el PP valenciano. "Me siento feliz y satisfecho de los que los valencianos decidieron hace dos años", ha destacado el expresidente sobre la victoria electoral de 2011. En el ecuador de la legislatura, Camps ha subrayado sus "tres legislaturas ganadas". "Quiero agradecer dos años después el apoyo que me dieron los ciudadanos", ha insistido el exjefe del Consell a pocos días de que el PP valenciano celebre este fin de semana el primer aniversario de la elección de Alberto Fabra como presidente regional, acto al que asistirán los ministros de Economía, Luis de Guindos, y de Industria, José Manuel Soria.

Camps también ha sido preguntado sobre la reunión en La Zarzuela en la que se sentaron las bases para los contratos millonarios del Instituto Nóos con las administraciones valencianas, según ha relatado al juez Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin. El expresidente de la Generalitat negó en su momento a través de su entorno ese encuentro celebrado en enero de 2004. Hoy ha contestado a los periodistas: "Son ustedes muy amables, gracias".

Diego Torres sitúa el encuentro en el palacio de La Zarzuela, en la mañana del 29 de enero de 2004, día que tanto Camps como Barberá aprovecharon para viajar a Madrid y visitar el pabellón de su tierra en la feria de turismo Fitur. Aquella toma de contacto en La Zarzuela entre Torres, Urdangarin y los dirigentes del PP valenciano reportaría más tarde 3,5 millones de euros al Instituto Nóos, en forma de contratos, según la investigación judicial.

Urdangarin, según relata Torres al juez, le contó que la alcaldesa de Valencia le había emplazado para reunirse y fijar su colaboración. Tanto el yerno del Rey como el expresidente valenciano han negado la existencia de la reunión en el palacio de La Zarzuela. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin hace un detallado informe de las circunstancias previas y posteriores al encuentro.

Los dos socios de Nóos, según Torres, embarcaron a primera hora de la mañana desde la sala de autoridades del aeropuerto de Barcelona y usaron la de Madrid. Allí, según el relato, fue a recogerlos un coche de la Casa del Rey, acompañado por otro de escolta, y directamente se dirigieron hacia La Zarzuela, en cuyo recinto entraron sin detenerse en ningún control ni ser registrados por nadie. “Cosa lógica por lo demás”, apostilla Torres, dado que uno de los que entraban en el coche era el yerno del Rey. Al llegar a La Zarzuela, observa Torres, estaban esperándoles el presidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá en una sala de reuniones del palacio. El exsocio del yerno del Rey supone que les saludó el que fue jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza.

Torres remite al juez unos recortes del diario EL PAÍS con fotografías de Camps en la feria Fitur de Madrid de aquel día para demostrar que los dirigentes valencianos se encontraban de visita en la capital. Junto a la foto, Torres remite unas cartas previas enviadas por Urdangarin a la alcaldesa, en las que alude a colaboraciones y a una comida previa en el mismo mes de enero de 2004 y a un encuentro anterior, en Navidad.

En la residencia de los Reyes, el esposo de la infanta Cristina y su socio explicaron a sus futuros clientes qué era el Instituto Nóos (nacido meses atrás) y dibujaron cómo podría ser el evento mundial del deporte y el turismo en Valencia (Valencia Summit), una especie de lo que es Davos para el mundo de la economía global, según Torres. Las autoridades aceptaron su propuesta y se comprometieron, según el exsocio de Urdangarin, a facilitarles una lista de posibles patrocinadores.

Las cartas del yerno del Rey a la alcaldesa muestran su complicidad. “La alcaldesa estaba muy agradecida por la ayuda prestada”, tras un ofrecimiento de Urdangarin para cuestiones de la Copa América, señala el escrito del letrado de Torres, Manuel González Peeters. Es la respuesta del exsocio de Urdangarin a la petición del juez José Castro de que le facilitara todos los detalles posibles sobre el encuentro.

En la comunicación al juez hay varios correos electrónicos al secretario de las infantas y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga, imputado en la causa, sobre una carta protocolaria del duque de Palma a Rita Barberá. Así, Torres reitera su teoría sobre el “absoluto control, inspección, aprobación y autorización” por parte del asesor “de todo cuanto se acometía” y su “férrea verificación”, que despeja toda duda de ilegalidad.

A partir de la supuesta cita de La Zarzuela, en todo caso, el Instituto Nóos se embolsó hasta 3,5 millones de euros públicos de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento para financiar tres ediciones del Valencia Summit y para preparar unos Juegos Europeos que nunca llegaron a celebrarse. Las entidades valencianas contratantes fueron Fundación Turismo Convention Bureau y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).

Durante unas tres horas los alcaldes estuvieron negociando ayer con el Gobierno el texto de la reforma local que hoy se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo ha conseguido mantener las líneas fundamentales de la polémica reforma, en especial la que se refiere a que se establecerá un “coste estándar”, para cada uno de los servicios que presten; el aumento del poder de las diputaciones provinciales o la clarificación de las competencias para evitar duplicidades con las Comunidades Autónomas. Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dicho estar satisfecho con las modificaciones aunque asegura que sigue negociando con el Ejecutivo para eliminar los puntos más conflictivos, que se mantienen en el texto. Uno de ellos es quién va a pagar las competencias en educación y servicios sociales y quién debe asumirlas.Los alcaldes han conseguido que en materia de educación, los servicios que prestan ahora los seguirán asumiendo hasta que no se firme un nuevo sistema de financiación autonómica. En cuanto a sanidad, las competencias se retirarán en cinco años, al tiempo que se resta financiación a los municipios.

El Gobierno ha cedido en algunos asuntos y ha eliminado el artículo que ordenaba la intervención directa e inmediata de los municipios de menos de 5.000 habitantes que no cumplieran la Ley de estabilidad presupuestaria o que los interventores municipales no puedan decidir, como quería Hacienda, si se presta o no un determinado servicio en los Ayuntamientos. “Todos los municipios se someterán a las mismas reglas”, destacó el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Beteta. Lo que significa que todos estarán sometidos al poder de intervención estatal si no cumplen con el equilibrio presupuestario, pero no habrá atajos para el ministerio en el caso de que se quiera iniciar un proceso contra un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Sobre la polémica limitación de salarios de la que ayer informó el ministerio de Hacienda, De la Serna aseguró: "No va a haber recorte salarial de funcionarios, no es la intención del gobierno entrar en esa cuestión. No sabemos nada de ninguna horquilla ni se ha planteado ninguna horquilla para las retribuciones de los funcionarios. Es en la evolución futura del crecimiento de salarios donde se va a entrar", aseguró. También desmintió al ministerio en otra cuestión: "La información trasladada desde el ministerio sobre la ineficiencia del 92% de los ayuntamientos en absoluto se corresponde con la realidad". En cuanto a los salarios de los cargos públicos, los alcaldes de menos de mil habitantes podrán ser retribuidos con dedicaciones parciales, en contra de lo que decía inicialmente la reforma.

Pero el Ejecutivo insistió a través de Beteta, que matizó que habrá una “horquilla salarial”, que se recogerá en las leyes de presupuestos de cada año, pero aseguró que eso no significa bajada de sueldos. "En el plan nacional de reformas se indica que se establecerán baremos. Se bajarán los sueldos? no ¿Se establecerá una horquilla en la que se van a mover los salarios de los empleados públicos?: sí. Lo que no explicó es qué ocurrirá si los salarios actuales están por encima de la horquilla que fije el Gobierno.

El presidente de la FEMP ha reiterado que sigue habiendo "desacuerdo" en algunos de los aspectos de la reforma local pero ha vaticinado que "queda margen" y que los representantes de los Ayuntamiento "tenemos espíritu de colaboración". Puso en valor el hecho de que la reforma partía con la intención de suprimir un 30% los concejales y eliminar a través de fusiones muchos ayuntamientos. Con los cambios, la estructura política de las corporaciones locales queda intacta.

Beteta, destacó que se trata de una reforma "profundamente municipalista" que va a ayudar a que exista "una clara definición de competencias". "Hay una coincidencia en lo esencial: lograr una administración más eficaz". Más allá de eso aseguró que también hay "diferencias", con los alcaldes."No va a ser un proceso sencillo", ha vaticinado respecto a la aplicación de la ley.

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ya había solicitado una reunión con el ministro, encuentro al que Gallardón había accedido y que fue finalmente pospuesto por un problema de agendas. Los magistrados, previsiblemente, pedirán al presidente Gonzalo Moliner que se fije una nueva cita a la que acudirán ahora con el apoyo del parecer de los integrantes de la Sala Tercera. No se votó nada ayer, pero, según fuentes del alto tribunal, por asentimiento se decidió tratar de frenar estas dos nuevas cuestiones antes de la aprobación final de la ley y, sobre todo, trasladar al ministro su malestar por estos puntos incluidos a última hora en el Congreso.

¿Por qué tanto revuelo con dos asuntos que a primera vista pueden parecer meramente técnicos? Dentro del nuevo órgano de gobierno de los jueces aparece una figura que ahora no existe: la del vicepresidente tanto del Tribunal Supremo como del Consejo General del Poder Judicial —en estos momentos, en ausencia del presidente ejerce sus labores en el alto tribunal el magistrado más antiguo—. Este vicepresidente será uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (es decir, alguien que ha sido elegido por el Congreso o el Senado) que sea a su vez magistrado del Supremo y que “reúna los requisitos para ser presidente de Sala del mismo”. En virtud de todos estos requisitos, temen los que critican la medida, podría ser fácil para cualquier Ejecutivo tener en mente a quién quiere nombrar como vicepresidente cuando se lleve a cabo la elección de los vocales.

Se trata, según la norma en trámite, de un cargo que “auxiliará” y “sustituirá” en algunos casos al presidente. Será nombrado por el pleno del Consejo a propuesta del presidente, según consta en el proyecto de ley, pero este último podrá destituirlo en cualquier momento, algo que, según los críticos del proyecto, priva además a esta figura de la mínima independencia. “La permanencia en el cargo de vicepresidente depende de la sola voluntad del presidente”, indica el texto.

Las funciones del vicepresidente no son menores. Sustituirá al presidente “en los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo”; formará parte de la Sala de Gobierno; podrá dirigir, por delegación del presidente, el gabinete técnico del Supremo; presidirá el tribunal de conflictos de jurisdicción entre los juzgados y la Administración, la sala de conflictos de jurisdicción entre los juzgados ordinarios y los órganos judiciales militares y la sala de conflictos de competencia entre juzgados y tribunales de distinto orden jurisdiccional; y presidirá la comisión de asuntos económicos y la comisión de igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de un amplísimo abanico competencial que incluye decisiones sobre quién debe juzgar un caso determinado que ha preocupado a los magistrados del Supremo por la posible intervención política en asuntos jurisdiccionales.

Finalmente, los jueces del alto tribunal tampoco han visto clara la creación de una sección específica dentro de la Sala de lo Contencioso, formada por el presidente de la Sala Tercera junto a los presidentes de sus siete secciones, para tratar los recursos presentados sobre actos del Consejo. Medida que también ha sido interpretada como excepcional, innecesaria y que puede suponer un riesgo de control de las decisiones que emanan del órgano de gobierno de los jueces.

El proyecto de ley del Gobierno —que en el Congreso solo recibió el apoyo del PP— ha sido duramente criticado no solo por el resto de los partidos políticos, sino también por casi todas las asociaciones de jueces y fiscales, tanto conservadoras como progresistas, y casi todos los vocales del actual Consejo. Los múltiples detractores de la norma defienden que politizará aún más el órgano de gobierno de los jueces, que se podrá renovar parcialmente al final de su mandato con una mayoría de tres quintos en alguna de sus Cámaras (el PP la supera en el Senado, por lo que podría nombrar a 10 de 20 vocales sin negociar con nadie) y que tendrá solo una parte de sus vocales con dedicación exclusiva.

No todos los grupos han estado de acuerdo al completo con los tres breves artículos de la proposición de ley de Izquierda Plural pero sí hubieran querido que se tome en consideración para después introducir cambios. De entrada ya se sabía que no iba a ser así por lo que cada formación ha aprovechado la ocasión para dejar fijada su posición sobre la dictadura y las víctimas. Aunque los términos contra el impulsor de la iniciativa los ha copado el PP, sí ha habido reproches del PSOE a Izquierda Plural por ignorar en su propuesta que hace cinco años a impulso del Grupo Socialista existe en España una ley de Memoria Histórica que, por primera vez, ha reconocido a las víctimas. Una vez hecho el reproche a Izquierda Plural por ignorar la ley vigente, la portavoz socialista, Susana Sumelzo ha denunciado al PP por bloquear la aplicación de la misma por la vía de suspender las subvenciones a las asociaciones y por haber suprimido la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil.

El recordatorio de Sumelzo a la ley solo fue compartido por el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que recordó su existencia aunque los proponentes y buena parte de la oposición lo ignorara. Esa ley impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el apoyo de toda la Cámara, también Izquierda Plural, y con el voto en contra del PP y de Esquerra Republicana. Pensiones para las víctimas, concesión de nacionalidad española a los familiares de los exiliados, creación de un mapa sobre las fosas, son algunas de las iniciativas que se han llevado a cabo aunque el PP “no esté dispuesto a continuar la tarea”, ha lamentado la diputada socialista. Todo lo que propone brevemente Izquierda Plural en su iniciativa “está en la Ley de Memoria Histórica”, aunque no se dedique explícitamente un día de conmemoración de la guerra civil, ha defendido la portavoz socialista.

La ocasión brindada por José Luis Centella de Izquierda Plural con su iniciativa ha servido para que Emilio Olabarría del PNV, Joan Tardá de ERC, Feliu Guillaume de CiU y un representante de Amaiur hicieran un alegato de condena del franquismo y recordaran sus horrores. “Esta iniciativa no es contra nadie sino para que se reparan los daños que provocó la dictadura que todavía arrastra la desaparición de más de 100.000 españoles muertos que no se sabe donde están”, ha dicho el autor de la iniciativa. Antes de que el portavoz popular le haya recriminado por esta iniciativa, el representante de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, lo hizo al no considerar oportuno que el Parlamento trate de imponer “·una verdad oficial”; lo que proponen está condenado de franquismo”, dijo.

Pero el rapapolvo a Izquierda Plural ha llegado del Grupo Popular cuyo portavoz en este debate, Pedro Gómez de la Serna, ha reprochado que Centella saque este asunto toda vez que “el legado comunista no es para dar lecciones a nadie”. Un respingo dieron los diputados de Izquierda Plural al escuchar a de la Serna reprocharles que están “presos del franquismo”.

Preguntado sobre qué ha sucedido en tan solo un mes para que el subsecretario cambie radicalmente de opinión, un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) se limitó a contestar: “Sin comentarios”.

Compañeros de De Mingo aseguran que la repentina anulación de su nombramiento responde a un veto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que habría negado a la diplomática la habilitación de seguridad necesaria para acceder a documentación clasificada.

¿Y qué ha hecho De Mingo para provocar los recelos del servicio secreto? Nada en su hoja de servicios parece justificarlo. Tras una etapa en protocolo, De Mingo, madrileña de 38 años, estuvo destinada en las embajadas españolas en Yakarta (Indonesia) y Tegucigalpa (Honduras), en esta última como encargada de negocios (número dos) y, en la práctica, número uno en ausencia del embajador, que fue retirado por España tras el golpe de Estado contra el presidente Zelaya. Se da la circunstancia de que en Honduras trabajó para el embajador Luis Belzuz —exjefe de Gabinete del director del CNI, Félix Sanz—, quien la propuso para la Orden del Mérito Civil. Además, ha sido asesora internacional de la ministra de Fomento socialista, Magdalena Álvarez. Hasta ahora, estaba destinada en la subdirección general de No Proliferación y Desarme.

El problema de esta diplomática parece no ser ella, sino su marido, Mohamed El Masry, con quien está casada desde 2012 y tiene una niña, Sara, de un año. Según le han indicado sus jefes, de forma verbal y nunca por escrito, el CNI tiene “la previsión de que El Masry pudiera ser captado por un servicio de inteligencia extranjero”. Nacido en Egipto hace 40 años, El Masry está plenamente integrado en España, donde reside desde 1996. Inicialmente trabajó en el servicio de seguridad de la Embajada egipcia en Madrid y, ahora, en la Embajada de Arabia Saudí, donde se encarga de relaciones institucionales. Licenciado en administración empresarial, cursa un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero, sobre todo, tiene la nacionalidad española desde 2005 y, en consecuencia, disfruta de los mismos derechos que cualquier otro español.

El Masry no oculta su indignación por la discriminación que sufre su esposa y la sombra de sospecha que se hace recaer sobre él. “Creía que España era un Estado de derecho, pero empiezo a dudarlo. Se lanza contra mí una acusación que es falsa y ni siquiera se me da la oportunidad de defenderme”, alega.

Según El Masry, el CNI no se ha dirigido a él para pedirle aclaraciones que se muestra dispuesto a dar. De Mingo no ha recibido ninguna respuesta a su solicitud de obtener la habilitación de seguridad; lo que le impide recurrir una eventual negativa. Tampoco ha visto el informe del CNI que supuestamente cuestiona el patriotismo de su marido. “Sentimos una indefensión absoluta”, se lamenta El Masry.

Un portavoz del servicio secreto aseguró a EL PAÍS que el CNI “no designa a los diplomáticos y, en consecuencia, tampoco lo veta”. Entonces ¿quién?

Se han sentado en el banquillo los etarras miembros del comando Otazua Íñigo Zapiraín, Beatriz Etxebarría y Daniel Pastor como presuntos autores del asesinato. La fiscalía solicita una pena de 45 años de cárcel para cada uno, así como la prohibición de residir en Bilbao durante los diez años posteriores al cumplimiento de la condena.

En su escrito, la fiscal Ana Noé también solicita una indemnización solidaria de 200.000 euros para la viuda de la víctima, así como una de 150.000 euros a cada uno de sus hijos. A las peticiones del ministerio público se han sumado el Sindicato Unificado de Policía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo como acusación particular.

Nada más empezar la vista, alrededor de las diez y media de la mañana, los acusados han mostrado una actitud desafiante desde el cubículo que los separaba de la sala."No reconozco la legitimidad de este tribunal y no voy a participar en el proceso", han afirmado los presuntos etarras. Los acusados han dejado claro que no contestarían a ninguna de las preguntas. Sus abogadas defensoras, por su parte, se han limitado a aportar las denuncias por torturas que presentaron los detenidos y tampoco han querido participar en el juicio.

Durante la primera fase del proceso han contestado a las preguntas de la acusación el instructor así como el secretario policial que firmaron el atestado. También han comparecido hasta cinco policías que estuvieron en el lugar del crimen, ratificando todos ellos los atestados presentados el día del asesinato. Los agentes han descrito el cráter que dejó la explosión y la situación de los demás vehículos que se encontraban situados en el aparcamiento donde se registro la detonación.

A continuación han contestado dos Guardias Civiles que participaron en la detención, registro de domicilios e interrogatorios. Estos han insistido en que la declaración de los encausados se hizo dentro de los parámetros legales, con abogado de oficio y sin mediar coacciones de por medio. Hasta ese momento no ha intervenido la defensa, cuya estrategia se ha basado exclusivamente en tratar de deslegitimar las declaraciones que realizaron los detenidos por haber sido conseguidas, según su criterio, bajo torturas. Los abogados de oficio que asistieron a Íñigo Zapiraín y Beatriz Etxebarría, sin embargo, han negado en todo momento que los detenidos hubieran recibido coacciones o que firmaran sus declaraciones sin estar de acuerdo con ellas. Al abogado que asistió al tercer detenido, Daniel Pastor, no se le ha citado.

Después de los agentes de la Guardia Civil ha llegado el turno de María Francisca Hernández y Sotelo, viuda de Eduardo Puelles. Con voz consternada, Hernández ha recordado el día en el que su vida cambió completamente. "Oí la explosión debajo de casa y enseguida supe que era él por el tiempo que había transcurrido desde que había salido de casa", ha explicado. La viuda ha descrito los momentos inmediatamente después de la explosión, citando a la gente que vio por el lugar, el fuego que envolvía el vehículo y cómo se la llevaron de ahí mientras el coche seguía en llamas. "Mi vida ya no es vida", se ha lamentado "aquí siempre se habla de derechos humanos [en referencia a la izquierda abertzale] pero lo que veo es que solo los tienen los asesinos".

Con este proceso se juzga el último asesinato perpetrado por la banda en el País Vasco antes de la tregua, aunque posteriormente a este atentado la banda mató a dos Guardias Civiles en Mallorca en julio de 2009 y a un Gendarme en Francia en marzo de 2010. El juicio proseguirá mañana a partir de las diez.

El comité de dirección del Partido Popular de la provincia de Valencia, que preside Alfonso Rus, aceptó la renuncia de Blasco como vocal de libre designación en la ejecutiva provincial y de José Manuel Haro, como secretario provincial de Vertebración territorial y presidente del PP de Chiva, cargo en el que fue reelegido el pasado 5 de abril.

“Cuando alguien tiene la categoría de poner su cargo a disposición del partido hay que valorarlo”, señaló Rus, que subrayó la decisión de ambos “para no dañar la imagen del partido”.

La renuncia no se extiende a los cargos públicos. Blasco es diputado autonómico y recientemente aceptó asumir la portavocía en una de las comisiones. Haro es alcalde de Chiva y diputado provincial responsable del área de Modernización.

Rafael Blasco ya está procesado en la causa por el desvío de subvenciones millonarias a concedidas a la Fundación Cyes, destinadas a un proyecto en Nicaragua, que acabaron en la compra de pisos en Valencia. Y, además, sigue imputado en otras dos causas que se instruyen dentro de la misma investigación.

José Manuel Haro tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados tras la decisión del juzgado de número 1 de Requena de abrir juicio oral por los supuestos delitos de prevaricación y falsificación en documento oficial por convocar un pleno urgente y destituir a un concejal de su equipo de Gobierno que se hallaba de viaje oficial en Burgos.

El portavoz socialista en la Diputación, José Manuel Orengo, pidió este martes que se aparte a Haro de sus responsabilidades en el equipo de gobierno que preside Alfonso Rus.

La decisión de apartar a Blasco y Haro de la ejecutiva provincial del PP es la continuación del criterio aplicado al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, imputado en el caso Gürtel por el Tribunal Superior de Justicia. Bataller ha renunciado a ejercer su función como presidente local del PP de Castellón, pero se ha mantenido en su puesto al frente del equipo de gobierno municipal.

Este martes, la sala de gobierno del TSJA exhortó a la juez a que permita la colaboración del juez de refuerzo Rogelio Reyes en las grandes causas, una ayuda que la instructora rechazó hace dos meses porque la consideraba innecesaria. El alto tribunal discrepa de Alaya y le reprocha “la prolongación temporal de algunas macrocausas, la preocupación por el calendario” y el número de imputados pendientes de declarar en estos casos que instruye la magistrada. Y para resolver estas anomalías, los jueces le piden que considere incorporar a Reyes a cualquiera de las cuatro grandes causas que tramita. Eso sí, los jueces del TSJA explican su tirón de orejas a Alaya con el lenguaje alambicado que acostumbran: “Aconseja que se valore la importancia de la sustitución interna y apoyo del juez de refuerzo en estas macrocausas”.

De momento, las investigaciones son un coto privado de la juez, que ha impuesto su fuerte personalidad en diferentes batallas jurídicas con la Junta y varios letrados.

Tras su prolongada baja de seis meses por enfermedad que acabó en marzo, el TSJA ofreció a Alaya trabajar con los dos magistrados de refuerzo destinados en su órgano, Rogelio Reyes y Ana Rosa Curra, un hecho insólito para quitar de un plumazo el gran retraso que arrastran las causas. Entonces Alaya rechazó la mano tendida, y solo aceptó al juez Rogelio Reyes, pero para llevar los casos que entran a diario en el juzgado, por lo que ella instruiría las cuatro grandes causas (el caso de los ERE, la venta de suelos y el delito societario en Mercasevilla y el caso Betis).

Cuando Alaya rechazó el refuerzo de la magistrada Ana Rosa Curra, la Sala de Gobierno del TSJA aceptó su propuesta, pero urgió a Alaya a que acelerara la investigación de sus causas. Los jueces destacaron su “extraordinaria dedicación” a las investigaciones, pero a continuación le recordaron que el proceso penal debe “ajustarse a pautas temporales razonables y asegurar que la acción de la justicia cumpla su función constitucional con la máxima eficacia”.

Porque ahí reside la pregunta clave: ¿Puede una sola juez instruir y resolver recursos de más de 90 imputados entre cuatro causas tan diversas y complejas? El TSJA estima que no, pero Alaya discrepa y de momento se resiste a ceder cualquier parcela de sus investigaciones a otro magistrado. El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, ha dejado claro que la autonomía de Alaya es irrenunciable y que su órgano no tiene potestad para relevarla de ninguna de sus causas. Ahora bien, la preocupación por el atasco es patente.

La semana pasada Alaya y Reyes enviaron sendos informes sobre el estado de las causas que instruyen, y este martes la Sala de Gobierno del TSJA valoró “positivamente” la actuación de Reyes, pero su opinión sobre Alaya fue bien distinta. Al contrario que con Reyes, los jueces subrayaron el retraso de las causas de Alaya (los exdirectivos de la empresa Mercasevilla declararán en octubre, tres años y medio después de su imputación por el delito societario) e instaron a la juez a cambiar de postura respecto a la posibilidad de que reciba ayuda.

La semana pasada Del Río avanzó con buenas palabras las intenciones de Alaya para ponerse al día: “Todas las causas se están moviendo y se están poniendo fechas para las declaraciones de todas”, dijo. Sin embargo, el tono del comunicado emitido ahora por el alto tribunal es muy distinto.

Uno de los ocho magistrados explicó este martes que el nuevo aviso del TSJA a Alaya “no es una injerencia”. “Es estrictamente gubernativo y en atención a la carga de trabajo, sobre si procede o no un apoyo que ahora tiene la juez”, puntualizó. “Tenemos una juez titular y hay que respetarlo”, incidió. La autonomía de Alaya para decidir e instruir sus investigaciones está fuera de toda duda y quedó claro durante las deliberaciones de los magistrados. Ahora bien, dado que el informe enviado por Alaya sobre las causas no daba plazos concretos para finalizar las causas, sino que dibujaba el panorama “genérico” sobre lo instruido y lo pendiente de instruir, la preocupación del TSJA por que se agilice la causa es obvia.