La insistencia del Gobierno y de su presidente, Mariano Rajoy, este fin de semana respecto a la inflexibilidad para hacer cumplir a las comunidades autónomas el objetivo de déficit, y los mecanismos puestos ya en marcha para una posible intervención de Asturias, están planteando como una opción más próxima que remota la toma de control por parte del Ministerio de Hacienda de las cuentas de algunas comunidades autónomas. A su vez, estas piden flexibilidad para recortar el déficit y reclaman hispanobonos para disponer de liquidez.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, viajó 20 veces en fines de semana al mismo hotel de lujo de Puerto Banús (Marbella, Málaga) entre noviembre de 2008 hasta marzo de este año. Dívar cargó a los presupuestos del Consejo de Poder Judicial 12.996,09 euros por esos viajes, según la ampliación de la denuncia que el vocal del Poder Judicial José Manuel Gómez Benítez presentó ayer en la Fiscalía General del Estado, como complemento de otra que interpuso el pasado día 8. Los indicios aportados por Gómez Benítez pueden constituir un delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal, que castiga con multa de seis a 12 meses y suspensión de empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y tres años a la autoridad que destine a usos ajenos a la función pública el dinero puesto a su cargo por razón de sus funciones.

La sentencia del Tribunal Supremo ha rebajado de 10 años a seis y medio la condena a Arnaldo Otegi, entre otros, por un delito de integración en organización terrorista. El tribunal, dividido entre tres magistrados a favor y dos en contra de la condena, considera a Otegi uno de los portavoces de la izquierda abertzale designados por ETA. Y afirma que la banda delegó en él y otros de los condenados la “labor negociadora y de aglutinación del sector soberanista en el País Vasco”. El cese de la violencia por parte de ETA se produjo después de que se lo pidiese formalmente la izquierda abertzale.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), difundido ayer, indica que el PP saca una ventaja de 11 puntos porcentuales al PSOE en estimación de voto si bien en solo tres meses ya ha descendido 2,1 puntos y los socialistas han subido 1,6. La distancia sigue siendo considerable pero se empieza a reducir al poco de haber iniciado el Gobierno de Rajoy su política de recortes. La consideración sobre Rajoy también ha descendido.

El líder del PP vasco, Antonio Basagoiti, dio ayer por roto el pacto que en 2009 permitió al socialista Patxi López acceder a la presidencia del Gobierno vasco, una decisión que puso término a varias legislaturas seguidas de mandato del Partido Nacionalista Vasco. Mientras Basagoiti reprocha al Ejecutivo socialista, justo en su tercer aniversario en el poder, sus iniciativas contra los recortes del presidente Mariano Rajoy, el entorno del lehendakari lamenta que el líder vasco del PP justifique esos ajustes frente al modelo alternativo que quiere representar el Gabinete vasco. En el trasfondo se acerca, además, el debate sobre el anticipo electoral.

El Ministerio de Defensa estudia paralizar el único portaviones que tiene España, el Príncipe de Asturias, y dos fragatas por falta de dinero para mantener los tres buques de guerra. Los expertos consideran que se trata de un primer paso para llevarlos al desguace, por tres razones: porque no hay perspectivas de que la situación presupuestaria mejore a medio plazo, porque los barcos se deterioran con gran rapidez si no se utilizan y porque, debido a su antigüedad, su puesta a punto requeriría grandes inversiones. La noticia se produce cuando se anuncian cierres de hospitales (dos, en Baleares), la eliminación de las recetas para los pensionistas o el aumento de las tasas universitarias para intentar recortar el déficit público.

Unos 8.000 agentes –entre policías nacionales, guardias civiles y mossos d,Esquadra- forman el enorme dispositivo de seguridad para evitar posibles acciones de protesta durante la reunión en Barcelona del consejo del Banco Central Europeo. Se trata del mayor despliegue policial en la capital catalana desde que se celebró allí la cumbre de la Unión Europea en 2002. Las Fuerzas de Seguridad habían detenido hasta ayer a 17 personas e impedido el acceso en frontera a 43, tras haber suspendido el pasado 28 de abril el Tratado de Schengen.

El candidato socialista a la reelección como presidente del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán, afirmó ayer en el debate de investidura que Andalucía representa una esperanza para muchos españoles que quieren un camino "distinto" del que está imponiendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para salir de la crisis y poder entrar en una fase de recuperación y crecimiento. Pero las medidas que puede elegir el próximo Gabinete autónomo del PSOE e IU están limitadas por los recortes de Rajoy y por la propia crisis.

La dirección de los socialistas se ha volcado en las manifestaciones de los sindicatos en el primer Día de los Trabajadores con Mariano Rajoy en La Moncloa. El “compromiso con los trabajadores” que el PSOE hace público cada año en esta fecha, acompañado de un llamamiento a “los socialistas” a manifestarse en defensa de sus convicciones, ha ido más lejos en esta ocasión: pidió directamente a los ciudadanos, no a los socialistas, que se unieran a las 80 marchas que se celebraron en toda España. Hizo más: envió a los miembros de su cúpula a manifestarse. El PP ha acusado al PSOE de crear “alarma social” por movilizarse contra el Gobierno.

Desde mayo de 2011 se han celebrado 11 encuentros entre víctimas del terrorismo y presos etarras, bajo los auspicios del Gobierno socialista. Todos ellos fueron solicitados por los reclusos, con el objetivo de pedir perdón por sus crímenes. Cinco fueron entre terroristas y sus víctimas directas. Los otros seis fueron entre víctimas y miembros de la banda que no estaban implicados en los atentados concretos que truncaron sus vidas. Los presos no obtuvieron a cambio ningún beneficio penitenciario, ya que, a efectos legales, el perdón debe ser pedido por escrito, trámite que todos ellos ya habían cumplido. Sus beneficios eran fundamentalmente emocionales. El Gobierno de Mariano Rajoy acaba de variar esa política de encuentros, desarrollada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de ahora, solo se producirán entre etarras y sus víctimas directas. El Ministerio del Interior no ha ofrecido una explicación clara para este cambio.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó ayer por segunda vez su intervención en un acto del PP para responder a quienes se manifiestan en la calle contra los recortes presupuestarios, especialmente en sanidad y educación, advirtiéndoles en esta ocasión que “cada viernes continuarán las reformas; el viernes que viene, también”.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha un programa de reinserción de presos de ETA que constará de dos fases. La primera supondrá el posible acercamiento de los reclusos por terrorismo a prisiones del País Vasco. La segunda contemplará la posibilidad de que obtengan beneficios penitenciarios como permisos, terceros grados y libertades condicionales. Los candidatos a acceder al programa deberán rechazar la violencia y desvincularse de la banda, pero no será necesario que pidan perdón a las víctimas, como ocurría hasta ahora con la llamada vía Nanclares. El nuevo plan de reinserción no supone cambio legal alguno. Lo que varía es la interpretación rígida de la ley que aplicaron hasta ahora tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy. En esencia, es un gesto político del Ejecutivo del PP tras las acusaciones de inmovilismo en el final de ETA que ha recibido por parte de los partidos políticos vascos.

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha una página web (www.gentcat/mossos) que incluye fotos de 68 personas para que los ciudadanos las identifiquen. Los Mossos creen que protagonizaron actos de violencia callejera durante la huelga general del 29-M en Barcelona. La página exige nombre, primer apellido, DNI y número de teléfono o correo electrónico de los informantes, pero promete que sus datos serán confidenciales. Aunque el director general de la Policía catalana afirmó que su departamento ha informado a la fiscalía y a la judicatura de la puesta en marcha de la web para “asegurar las garantías jurídicas”, admitió que no puede garantizar que algunas de las personas que aparecen en las fotos no sean menores de edad, por lo que estaría prohibida la difusión de sus imágenes. La intención de la Generalitat es que el sitio en internet sirva a partir de ahora para que los ciudadanos delaten a los protagonistas de incidentes violentos.

La confrontación en el Pleno del Congreso entre el Gobierno y el PSOE sobre los Presupuestos para 2012 se apoyó ayer en las acusaciones mutuas de engañar en relación con el déficit. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ocultó la cifra real de déficit de 2011, y el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recriminó a Montoro que haya escondido ante los ciudadanos y el Parlamento el hecho de que “conocía el dato del déficit” desde que el Ejecutivo del PP tomó posesión. Asimismo, el ministro de Hacienda puso en duda que las comunidades autónomas puedan bajar la cifra al 1,5%, objetivo para este año.

Los primeros Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno del PP han provocado no solo criticas de los sindicatos sino enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos parlamentarios del Congreso, incluida CiU pese a los esfuerzos del Gobierno para no quedarse solo. Dado que hasta ahora ha sido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Economía y Hacienda los que han dado la cara, algunas fuentes consideran que debe ser el presidente en esta ocasión quien salga a defender las cuentas públicas.