La sucesión del PP arranca entre críticas a la elección a doble vuelta
El sistema permite a los compromisarios corregir la elección de los afiliados
El sistema de doble vuelta con el que el PP sustituirá a Mariano Rajoy provoca las críticas de los candidatos con menos posibilidades y de dirigentes regionales, que temen que no se respete lo que decidan las bases. Aunque el 5 de julio el voto de los afiliados reducirá de siete a un máximo de dos el número de aspirantes, nada garantiza que el nuevo líder sea el que tenga más apoyos ese día. Los compromisarios podrán darle la victoria en el congreso del 21 de julio al candidato que haya quedado segundo en el voto popular.
Los afiliados del PP que hayan pagado sus cuotas y expresado su voluntad de participar en la elección del sustituto de Rajoy votarán el 5 de julio. Ese día elegirán a un máximo de dos candidatos y a los compromisarios que decidirán al ganador en el Congreso del 21 de julio. El sistema, aprobado en 2017, ha provocado quejas entre los aspirantes con menos opciones y cargos regionales. Los críticos creen que favorece a los políticos que se han asegurado la lealtad de las organizaciones autonómicas más potentes —capacitadas para coordinar a sus cargos e influir en la elección de los compromisarios— y que abre la puerta a que ocurra lo que ya pasó en el congreso de Jaén: no ganó el preferido por los afiliados.
"El resultado del 5 de julio hay que respetarlo", avisó el candidato y diputado José Ramón García Hernandez.
"Si la voluntad de los afiliados es muy clara, es difícil que los compromisarios cambien esa decisión", coincidió su rival, José Manuel García Margallo.
"Si las bases dan un resultado y luego en segunda vuelta los compromisarios dan otro, el partido implosionará y explotará", advirtió otro aspirante, José Luis Bayo.
Las quejas de los candidatos con menos opiciones tuvieron eco en cargos regionales, que subrayaron la necesidad de no defraudar a las bases.
"El sistema se está poniendo en cuestión", reconoció un presidente provincial. "Aparecen las dudas, y me parecen razonables", añadió. "Si el primer candidato saca una distancia sideral del segundo, será difícil justificar una corrección en el congreso".
"Lo ideal es respetar el voto popular", dijo un líder regional.
"El sistema es complejo y farragoso", lamentó el secretario general de una de las marcas autonómicas del PP más importante. "Se ha hecho una mezcla de participación directa e indirecta".
Perjudicial para Casado
Los defensores del sistema argumentan que garantiza la unidad alrededor de un líder. Y recuerdan que los afiliados pueden decantar totalmente el proceso sin que participen los compromisarios: si el 5 de julio un precandidato logra más del 50% de los votos, una diferencia de 15 puntos sobre el segundo, o es el más votado en la mitad de las circunscripciones, será candidato único.
Sin embargo, lo previsible es que 3.134 compromisarios decidan quién lidera el PP. De ellos, 522 son natos —todos los miembros de la junta directiva y diez de la comisión organizadora— y 2.612 se elegirán el 5 de julio —repartidos por cada Comunidad según el peso de su afiliación—.
"Yo estoy a favor de cumplir las reglas y los estatutos que hemos aprobado todos y no hacer trampas a mitad del juego", advirtió María Dolores de Cospedal, que como secretaria general conoce mejor que ningún otro candidato la estructura del partido.
"Nosotros somos respetuosos con el procedimiento, pero es evidente que el voto del afiliado tiene que pesar muchísimo en la decisión de los compromisarios", opinaron desde el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría.
"No vamos a protestar en absoluto, aunque el sistema nos perjudica", reconocieron desde la candidatura de Pablo Casado, que goza de gran predicamento entre las bases pero no concita el apoyo en bloque de ninguna organización territorial. "Lo respetamos, pero va contra nosotros".
Eliminar todas las deudas con 20 euros
Mientras los siete candidatos se preparan para iniciar hoy sus campañas, y al tiempo que arrecian las peticiones internas para que haya integración de candidaturas —por ejemplo, de la de Pablo Casado en la de Soraya Sáenz de Santamaría—, el PP va aclarando cómo organizará un proceso de votación inédito.
El partido anunció ayer que el pago de 20 euros permitirá regularizar su situación a todos los afiliados que no estén al corriente de pago, propiciando así que puedan participar en la votación si especifican que quieren hacerlo. Un intento de luchar contra la baja participación en un partido con más de 869.000 afiliados.
