El exinterventor de la Junta andaluza rectifica en sus críticas a los ERE
Manuel Gómez afirma que “con los ojos de hoy” solo ve “deficiencias” en el pago de expedientes
Manuel Gómez, ex interventor general de la Junta de Andalucía, ha reculado en sus sonoras críticas vertidas contra el procedimiento de pago de los ERE utilizado durante una década para pagar 855 millones en ayudas. Si en 2013 el ex alto cargo del Gobierno andaluz definió como "una patología presupuestaria muy singular" el procedimiento que sorteó los controles, en la tarde de este miércoles en el juicio de los ERE Gómez ha opinado que "con los ojos de hoy" hay "muchas deficiencias, pero no diría eso de que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento aplicado", expresión incluida en uno de sus informes.
La Intervención General de la Junta emitió 15 informes críticos con el procedimiento de pago de los ERE durante siete años (de 2003 a 2009), pero sus quejas cayeron en saco roto y el fondo siguió pagándose con el mismo mecanismo que derivó en un fraude. Hoy la versión de Gómez es otra.
Esas críticas formales a través de informes en la década con el fondo vigente, prosiguieron durante la instrucción y en 2013 el exinterventor se enfrentó con crudeza a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ambos se escudaron para justificar su inacción en que la Intervención General no emitió un informe de actuación, y Gómez respondió con virulencia y les acusó de mentir ante el Parlamento. Ahora en el juicio la consigna de los tres es defender el procedimiento de pago y evitar a toda costa el cruce de acusaciones.
Gómez ha planteado al fiscal: "¿No será que la razón de las deficiencias no derivan del procedimiento inadecuado sino que nos hemos encontrado con un gestor riguroso y otro no?". El ex interventor ha defendido que su departamento no tenía capacidad para detectar el fraude y que hizo todo lo que pudo.
Uno de los informes clave de la Intervención General censuró que el abono de las ayudas públicas se había hecho prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento "legalmente establecido". Sin embargo, esta tarde el exinterventor ha reculado respecto a esa visión y ha precisado que "con los ojos de hoy", esas conclusiones tan críticas con el procedimiento de pago "no caben".
La razón es que Gómez entiende ahora que los pagos de la Junta son "ayudas sociolaborales" y no subvenciones, por lo que resulta aplicable la Ley estatal de 1995 que aplicó el Ministerio de Trabajo. "Hay muchas deficiencias [en los pagos de los ERE], pero hoy mi opinión es diferente", ha admitido.
Gómez ha recriminado al fiscal que le interroga le haya imputado que no emitiera un informe de actuación que habría alertado del menoscabo de fondos públicos, ya que no lo incluyó en su escrito de acusación. Sobre por qué no se emitió dicho informe que habría significado una alerta roja para frenar los pagos, el ex interventor general ha aclarado: "Ni lo valoramos como un delito ni un supuesto de menoscabo de fondos públicos, ni yo ni la docena larga de personas que intervinieron en este examen".
Mientras, por la mañana el exconsejero de Innovación andaluz Francisco Vallejo ha tildado de "insólita e increíble" la tesis de que "cientos de personas" se confabularon durante 12 años para pagar los 855 millones con los que la Junta dotó el fondo de los ERE entre 2001 y 2010. En la sesión del juicio de los ERE, Vallejo ha criticado la idea de que existió un deseo de cooperar desde la cúpula del Gobierno andaluz para sostener un “sistema ilegal” de subvenciones.
El PP incluyó el delito de asociación ilícita contra los 22 procesados en el juicio y el juez instructor lo incluyó en su auto de procesamiento, pero el tribunal del juicio en la Audiencia de Sevilla rechazó que dicho delito tenga base fáctica para acusar junto al delito de malversación y prevaricación.
Vallejo ha concretado que nunca recibió “la más mínima referencia” sobre problemas de "legalidad" vinculados al convenio que permitieron el pago de los ERE. Esta mañana el exconsejero ha respondido a las preguntas de su abogada y ha precisado que consideró que el convenio firmado en 2001 era "correcto y legal".
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