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El tribunal rechaza la suspensión del juicio de Sito Miñanco que pidieron las defensas

Los abogados han denunciado que la sala estaba contaminada y que no les dieran traslado de dos pruebas documentales del fiscal

Sito Miñanco llega a la Audiencia de Pontevedra.Foto: atlas | Vídeo: óscar corral / ATLAS

José Ramón Prado, Sito Miñanco, ha afrontado desde este martes su primer proceso judicial por blanqueo de dinero, acusado de mover 10 millones de euros del narcotráfico a través de una inmobiliaria por lo que la Fiscalía pide seis años de prisión y 10 millones de euros de multa. Pero la comparecencia del narcotraficante no será hasta este jueves tras enredarse el tribunal de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra y las defensas en las deliberaciones previas que obligaron a la sala a hacer un receso de una hora para responder a la petición de suspender el juicio.

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Tanto el abogado de Miñanco, Gonzalo Boye, como los de los otros cuatro acusados, plantearon la prescripción de los delitos de blanqueo, y la contaminación de la sala al haber resuelto un recurso de apelación durante la instrucción de la causa, por lo que cuestionó su imparcialidad. Boye insistió en que el proceso había nacido viciado después de que el asunto nuclear del delito de blanqueo, la Inmobiliaria San Saturnino, ya hubiera sido investigado por otro juzgado y este lo acabó archivando a petición dela fiscalía.

También reprocharon las defensas que no se les hubiera informado de la composición del tribunal ni la admisión de dos pruebas documentales presentadas por el fiscal del caso, Jesús Calles, una de ellas aportada por Hacienda, y otra, es una pericial del catrastro de supuestas propiedades inmobiliarias de Miñanco.

Con todo, el tribunal que preside Xosé Xoán Barreiro rechazó las alegaciones una a una que fue leyendo el secretario, excepto la prescripción que será analizada en la sentencia. El presidente anunció que la vista se reanudará este jueves con la declaración de Miñanco y probablemente la del resto de los acusados entre los que se encuentra su exmujer, la mayor de sus tres hijas, una cuñada y un empresario que ya fue condenado por receptación por sus vínculos con el narcotraficante.

Miñanco, de 62 años, llegó a la Audiencia en torno a las 10 de la mañana, esposado y escoltado por la Policía. Sentado en el mismo banco que sus familiares, el acusado se mostró serio y cabizbajo, tratando de escapar de los focos de las cámaras.

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Boyé cree que se ha incurrido en un relato de los hechos prospectivo, que no contempla nuestro código penal, porque se basa en presuntos delitos que fueron archivados en 2012. Sobre la acusación de la exesposa de Miñanco, el abogado cree que tiene "tintes machistas": "Esta señora tiene que ser la que blanquea el dinero y comete los delitos, no puede tener vida propia porque le vinculan con su exmarido constantemente pese a que está separada de él desde 1987".

Miñanco se encuentra en prisión preventiva después de ser implicado en el transporte de casi cinco toneladas de cocaína. El conocido narcotraficante está recluido en la prisión de A Lama (Pontevedra), en donde este lunes inició una huelga de hambre indefinida en protesta por el trato recibido, según su versión. Su abogado ha denunciado también ante el tribunal el "trato vejatorio" que ha recibido y que le han impedido reunirse para preparar el juicio, por lo que ha pedido la suspensión.

Es el segundo intento de juzgar al capo gallego por blanqueo, después de ser archivada la primera causa en un juzgado de Vilagarcía de Arousa, en 2012. Pero esta vez, los negocios bajo sospecha de Miñanco con una antigua sociedad, Inmobiliaria San Saturnino, fundada en 1985 en su etapa de contrabandista de tabaco, han arrastrado a su exmujer y la mayor de sus tres hijas para las que el fiscal solicita la misma condena, multa de 10 millones para cada uno, el decomiso de la sociedad y de 21 fincas de un proyecto urbanístico a pie de playa en Sanxenxo.

Este varapalo a la supuesta infraestructura económica de Miñanco en el sur de Pontevedra se encadena a las intervenciones judiciales ordenadas por la Audiencia Nacional, en el contexto de la Operación Mito, de bienes e inmuebles por valor de 15 millones de euros, el bloqueo de 171 inmuebles, cinco barcos y 139 cuentas bancarias y otros productos financieros.

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