La juez procesa a un exalcalde del PP de Granada y a nueve de sus ediles
La magistrada abre un procedimiento por prevaricación urbanística y otros siete delitos en el ‘caso Serrallo’
El exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP), nueve de sus concejales y seis altos directivos de su equipo de gobierno municipal se enfrentan a hasta ocho acusaciones por diversos delitos urbanísticos presuntamente cometidos al permitir que en los terrenos anexos al centro comercial Serrallo de la capital, que estaban calificados como zona verde, se construyera una discoteca y una zona de recreo distinta a la originalmente planificada. En el auto también aparece como investigado el empresario de la construcción Roberto García Arrabal. Son 17 las personas que compartirán banquillo en este caso, a instancias de la juez de Instrucción 2 de Granada, María Ángeles Jiménez Muñoz, que ha dictado la apertura del procedimiento abreviado contra ellos. En unos días, tras la presentación de los escritos de la fiscalía y las acusaciones, se pondrá fecha al juicio oral.
El exalcalde, la concejal de urbanismo del momento, Isabel García Nieto, y la mayoría de altos directivos municipales investigados se enfrentan a siete presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias en este denominado caso Serrallo. Al empresario García Arrabal y quien fuera gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, les investiga además, por un delito de cohecho y el resto de concejales se enfrentan exclusivamente a una acusación por un presunto delito de prevaricación urbanística.
Las personas investigadas y que ostentaban cargos municipales permitieron supuestamente la construcción de una pista de patinaje cubierta, así como una sala de fiesta-discoteca y algunas otras edificaciones aledañas, en un espacio donde el Plan General de Ordenación Urbana no lo permitía por estar calificado como zona verde, según el auto de la juez Jiménez Muñoz. Además, añade el texto, el volumen de construcción es manifiestamente mayor a lo regulado. La zona de ocio es “un parque multiaventuras con tirolinas que no se corresponde con las atracciones infantiles permitidas y exigidas [en un concurso anterior que sí permitía una zona de recreo infantil pero que nunca se construyó]”. La juez valora todo esto como “una muy grave actuación de especulación urbanística de las zonas verdes de la ciudad de Granada” y una “apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos”.
La juez recrimina al exalcalde y a su equipo que, además, una vez conocidas las infracciones, ni el alcalde ni el equipo de Gobierno han realizado actuación alguna para reponer la legalidad urbanística conculcada sino que, por el contrario, para lograr la impunidad, se elaboraron unas Ordenanzas de Edificación "[…] que contemplaban la posibilidad de implantar usos de espectáculos, reunión en espacios libres o zonas verdes y dominio público en el término municipal, todo ello con la finalidad de legalizar a posteriori lo ilegalmente ejecutado”.
La juez señala en el auto que Torres Hurtado “tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo… y existen indicios de su participación en ella". Sobre su equipo de gobierno, la juez indica que no pueden limitarse a votar. "Como miembros de la Corporación Local, tienen la obligación de obtener datos o informaciones en poder de los servicios de la Corporación que resulten precisos para el desarrollo de su función”. Seis de los concejales encausados aún forman parte del grupo de concejales del PP en el Ayuntamiento.
El portavoz del actual equipo de gobierno, el socialista Baldomero Oliver, ha manifestado que no le sorprende la orientación del auto "porque obviamente el urbanismo en esta ciudad durante el mandato del Partido Popular ha dejado éste y otros casos urbanísticos que tendrán que ser depurados en el ámbito penal”, ha declarado. El Ayuntamiento de la ciudad es uno de los denunciantes de este caso.
Por su parte, los concejales populares procesados han anunciado ya un recurso al auto dictado este lunes. A través de un comunicado, el grupo municipal del PP ha mostrado su "más absoluto respeto" al auto, aunque ha manifestado que está "en desacuerdo" con él. Uno de los encausados y coordinador del grupo, Juan Antonio Fuentes, ha señalado que todos los investigados entienden que no hay "ningún motivo" para que la causa siga viva.
