Granada denuncia a dos exdirectivos del PP por los trabajadores fantasma del cementerio
La empresa pública cifra en 335.700 euros el coste de los contratos fraudulentos
El consejo de administración de Emucesa, la empresa municipal de cementerios de Granada, denunciará en los tribunales, tanto por vía penal como civil, el caso de los cinco trabajadores contratados por anteriores directivos de la empresa que nunca acudieron a su trabajo. Los contratos se materializaron entre 2002 y 2012 y, según un informe firmado hace dos meses por el actual gerente de la empresa, José Antonio Muñoz, cinco personas fueron contratadas pero “no trabajaron en la sede de la empresa y no me consta la realización de trabajos para la misma, dependiendo directamente del Consejero delegado”.
El coste de esos contratos ha sido 335.695 euros. La denuncia incluye tanto a los cinco trabajadores fantasma del cementerio como a los dos consejeros delegados responsables de los contratos, Eduardo Moral García, que firmó los tres primeros y María Francés, por los dos últimos.
Los hechos ocurrieron mientras el PP gobernaba la ciudad y nombraba los consejeros delegados de la empresa municipal. En ambos casos eran concejales del equipo de gobierno de aquel momento. Los cinco contratados son personas afiliadas o afines al PP. Una de las contratadas trabajó en la televisión local con el PP en el Ayuntamiento y otra, por ejemplo, fue secretaria particular del presidente provincial de la Diputación, el popular Sebastián Pérez, en este momento responsable del partido en la provincia.
María Francés, una de los dos directivos denunciados, sigue en la actualidad como concejal del PP y es miembro del consejo de administración de Emucesa en la actualidad. Francés, como consejera, tuvo que asistir ayer a la reunión del consejo que decidió llevar su actuación al juzgado. Tanto ella como el otro representante del PP en el Ayuntamiento se abstuvieron a la hora de votar. El resto, incluida la representación de Invernor S.L., socio privado al que pertenece el 49% de la entidad, votó a favor de la actuación judicial.
La decisión adoptada por el consejo de administración viene amparada por un informe emitido por un despacho de abogados a petición de Emucesa. El documento reconoce que “la contratación de estas personas se realizó realmente para fines ajenos a la actividad de Emucesa”. En paralelo confirma que “estaría fundamentado el ejercicio de la acción social de responsabilidad [contra los antiguos administradores], para la reparación del daño causado”, en el ámbito mercantil-societario, y, desde el punto de vista penal, “se estima que puede existir responsabilidad por posibles delitos de malversación de caudales públicos en los hechos analizados… sin perjuicio de la concurrencia de otras posibles figuras delictivas o de la concurrencia de circunstancias modificativas”.
El documento, no obstante, reconoce que al haber transcurrido cuatro años desde el cese del primero de los consejeros delegados afectados, Eduardo Moral García —cesado en junio de 2011—, parte de su responsabilidad podría haber quedado ya prescrita, lo que no ocurre en el caso de María Francés.
El informe, en definitiva, recomienda la interposición de denuncias en al ámbito civil y penal contra los consejeros delegados afectados y las personas contratadas, incluyendo la reposición del dinero cobrado sin trabajar. El consejo de administración de Emucesa ha seguido al pie de la letra las recomendaciones del equipo jurídico externo.
Los contratos de las cinco personas eran de alta dirección y estipulaban que la función de los trabajadores sería la de asesores de Relaciones institucionales, protocolo y relaciones con los medios de comunicación adjuntos al consejero delegado. El puesto de trabajo estaba también negro sobre blanco: “El lugar de prestación de servicios del directivo serán las oficinas de la empresa. No obstante, el directivo se obliga a atender cualquier gestión, reunión o conferencia para la que sea requerido allá donde ésta haya de tener lugar”.
Los salarios establecidos eran de 36.000 euros anuales en los primeros casos y, a partir de 2011, se fijaron en 34.000 euros al año, lo que dio lugar a los siguientes ingresos por cada una de las personas denunciadas: C. L., 108.266,94 euros; A. M., 110.473,63 euros; M. C., 67.569.59 euros; L. L., 16.863,80 euros y M.A., 32.521,29 euros. Todo ello completó 335.695 euros.
Baldomero Oliver, portavoz municipal del PSOE, ha considerado que estas supuestas contrataciones irregulares han contribuido al actual "agujero económico" del Ayuntamiento, y demuestran "el criterio político con el que durante 15 años [el PP] ha estado gobernando esta ciudad, anteponiendo intereses que no son generales al interés de la ciudad", y que “por acumulación, han producido una auténtica ruina de lo público".
Por el PP, su portavoz en el Ayuntamiento, Rocío Díaz, ha reconocido que no han abierto ninguna investigación por estos hechos contra su concejal María Francés, ha dicho que su partido no tiene nada que ocultar y ha pedido la presunción de inocencia para Francés.
