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Las asociaciones de militares reclaman el derecho de sindicación

AUME y ATME piden a los partidos que incluyan su revindicación en la reforma constitucional

Miguel González
Concentración de militares para presentar sus quejas al Defensor del Pueblo en noviembre pasado.
Concentración de militares para presentar sus quejas al Defensor del Pueblo en noviembre pasado.Samuel Sánchez

Las dos principales asociaciones de militares, AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles) y ATME (Asociación de Tropa y Marinería Española), quieren que la futura reforma de la Constitución incluya el derecho de sindicación para los miembros de las Fuerzas Armadas. Así se lo han trasladado a los grupos parlamentarios con los que se ya se han reunido, en los que han encontrado una actitud de apoyo (Podemos) o receptividad a su reivindicación (PSOE y Ciudadanos).

El artículo 28 de la Constitución dice que la ley “podrá limitar o exceptuar” el ejercicio del derecho de sindicación a los miembros de las Fuerzas Armadas e institutos armados, como la Guardia Civil, una excepción que ambas asociaciones quieren eliminar para que los militares españoles puedan sindicarse como sus compañeros de Alemania, Holanda o Suecia.

Los máximos dirigentes de AUME, Iñaki Urbaso, y AMARTE, Juan Carlos Tamame, han presentado miércoles su plan de “unidad de acción” para “sacar a la calle” a los miembros de las Fuerzas Armadas y hacer visibles sus problemas ante el resto de la sociedad.

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Una de las primeras medidas será presentar una queja ante el Defensor del Pueblo por la discriminación que sufren los militares en sus retribuciones respecto a otros colectivos como la Guardia Civil.

AUME ya reunió a cientos de militares ante la sede del Defensor del Pueblo hace poco más de un año para quejarse por el despido de quienes tienen un contrato temporal al cumplir 45 años, pero entonces acudieron de paisano y ahora planean hacerlo de uniforme. Según los responsables de las asociaciones miliares, la ley les prohíbe manifestarse de uniforme, pero no acudir con él a entregar un escrito al Defensor del Pueblo.

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Seis años después de la entrada en vigor de la Ley de Derechos y Deberes de los militares, “el tiempo de oír, ver, callar y aguantar se ha terminado”, asegura Urbaso. En su opinión, el Coperfas (Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas), el órgano en el que están representadas las asociaciones y a cuya reunión acudirá este jueves la ministra de Defensa maría Dolores de Cospedal, no ha servido para abordar sus problemas.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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