El próximo fiscal general avisa que perseguirá la desobediencia de la Constitución pero sin “criminalizar” ideologías
Toda la oposición recibe con desconfianza a Sánchez Melgar en el Congreso en la comparecencia previa a su nombramiento
El sucesor de José Manuel Maza, fallecido el mes pasado, como fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha comparecido este martes en la comisión de Justicia del Congreso, un trámite previo y solo formal a su nombramiento, posiblemente este viernes, en el consejo de ministros. Se ha referido a Cataluña para reafirmar la línea roja de la ley: “Si se reiteran los actos de desobediencia a los tribunales, que ya han sido condenados, o los actos de desprecio a la Constitución, sus autores se encontrarán con la respuesta de la Fiscalía”. “No entendemos por qué la ley debe cumplirse en una parte del Estado y en otra no", ha expresado sin medios términos.
Sánchez Melgar ha defendido la exigencia de “evitar fisuras en el Estado de Derecho” y que el desafío independentista “es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta nuestra democracia”, pero a continuación introdujo una precisión: “Entiéndase bien, la Fiscalía nada tiene que decir ante las legítimas iniciativas de modificar nuestro ordenamiento institucional a través de las vías que nuestra propia Carta Magna establece”. Y luego continuó en sa línea al decir que el ministerio público va “a permanecer atento” pero, subrayó, "en ningún caso se propone criminalizar declaraciones de índole meramente política o ideológica” y solo perseguirá "conductas con trascendencia penal".
El clima que dominó la comparecencia fue de franca desconfianza hacia el fiscal general por parte de todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, y Sánchez Melgar fue sensible a las críticas sobre la falta de imparcialidad de su puesto: "Me considero totalmente independiente, se lo aseguro. No voy a recibir órdenes de nadie, más que de mi conciencia y de la ley". Apuntó que para reforzar la independencia de la Fiscalía sería decisivo "desconectarla del ministerio de Justicia y que tenga autonomía presupuestaria". El único modo de desterrar la idea de dependencia del organismo sería "desanclándolo del Ejecutivo".
En efecto, toda la oposición fue crítica, no tanto hacia Sánchez Melgar en persona como a su puesto, cuya imparcialidad pusieron en duda. Los partidos hablaron prevenidos y escamados. "Los ciudadanos sienten una importante desconfianza hacia el fiscal general y su relación con el Gobierno", lamentó el portavoz del PSOE, Juan Carlos Campo, que esperó que Sánchez Melgar "se ponga del lado de los ciudadanos". "Mi grupo espera un enorme rigor en su actuación, porque vamos a estar vigilando", advirtió, tras expresar su respeto por la carrera del magistrado y confiar en que "no va a defraudar". "Desgraciadamente no va a contar con cien días" para que se evalúe su labor, le adelantó, porque "la situación es de caos". "Póngase a trabajar y este grupo le ayudará", concluyó.
Los portavoces de los partidos independentistas, ERC y PDeCAT, fueron muy ácidos con el papel de la Fiscalía en la crisis catalana, al igual que el de Unidos Podemos. Repasaron varios episodios recientes, desde las cargas policiales del 1 de octubre al encarcelamiento de los consellers y los Jordis. También le recordaron "el fiscal afinador" mencionado por el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en las grabaciones de su despacho o el encabezado "Más dura será la caída" que figuraba en el borrador del comunicado de prensa de la Fiscalía sobre las querellas contra la Generalitat. No obstante, la portavoz de ERC, Ester Capella, le reconoció la "oportunidad de enmendar un pasado".
Sobre su programa, Sánchez Melgar se extendió en una prolija intervención de una hora, en el que destacó reforzar la legislación para perseguir la violencia de género, defendió la necesidad de una reforma penal que convierta al fiscal en instructor "como en los países europeos modernos" y reforzar a los ojos de la ciudadanía "la lucha sin cuartel contra la corrupción". En varios momentos remarcó la "sustancial autonomía e independencia" de la Fiscalía respecto del Gobierno y que la división de poderes es "la piedra angular del sistema democrático".
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