Exteriores despide a los 33 contratados en las ‘embajadas catalanas’

El Ministerio de Asuntos Exteriores, que controla y dirige de hecho el funcionamiento diario de la Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales y Exteriores y Transparencia desde la aplicación hace más de un mes del artículo 155 de la Constitución en la Generalitat catalana, ha despedido finalmente a 33 trabajadores que ejercían distintas funciones en las denominadas embajadas de la Generalitat por el mundo. El Ministerio demandó en cuanto asumió esas tareas al secretario general que se quedó al mando de esa Consejería, Alex Villatoro, un plan para reubicar al personal en otros departamentos o fundaciones e institutos también dependientes de la Generalitat y le dio de plazo para realizarlo hasta el pasado 28 de noviembre. El plan no se ejecutó y el propio Villatoro ha asumido esa responsabilidad y ha mandado la carta de despido.

En la misiva enviada por Alex Villatoro a los despedidos se recuerda que entre las medidas que se aplicaron como consecuencia del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de España "se incluyen la supresión de las delegaciones del gobierno de la Generalitat en el exterior" y se explica, asimismo, que en la disposición adicional primera del Real Decreto que las acompañó, se dispuso "el cese de los titulares de los órganos administrativos suprimidos (...)".

El aún secretario general de la Consejería que dirigía hasta hace un mes el exconsejero Raül Romeva, ahora todavía en la cárcel, aprovecha para reseñar que ha "recibido instrucciones explícitas" del Ministerio de Asuntos Exteriores bajo el mando del ministro Alfonso Dastis, "sobre la necesidad de proceder al despido, con fecha del 30 de noviembre de 2017, de todo el personal que presta servicios a las delegaciones del gobierno en el exterior".

En el Ministerio precisan que la orden que se le dio a Villatoro hace ya cinco semanas fue que realizara un plan para recolocar a ese personal para no tener que ejecutar los despidos y que el secretario general de la Consejería no contestó a esa propuesta y no lo efectuó.

La Generalitat de Cataluña disponía hasta la puesta en marcha del artículo 155 de siete embajadas en funcionamiento y otras diez en proyecto. Su presupuesto consumía unos 18 millones de euros, con 78 personas contratadas (54 de alta dirección) pero se preveía incrementarlo hasta 35 millones. Las otras opciones internacionales del Ejecutivo catalán abarcaban también oficinas de representación del instituto de enseñanza y promoción del catalán Ramon Llull (dos millones de presupuesto); seis sedes compartidas del Instituto Catalán de Empresas Culturales (1,7 millones) y siete oficinas de la Agencia Catalana de Turismo (6,4 millones), según ha recopilado el Tribunal de Cuentas. En total unas 25 dependencias.

Diplocat, el Consejo de Diplomacia de Cataluña que ha servido estos años para publicitar el proceso separatista y favorecer campañas en medios internacionales, manejaba una partida de anual de 2,3 millones y también será reorientado. El Ministerio de Exteriores está realizando un estudio detallado ahora de todos esos servicios y de las cuentas de lo gastado hasta ahora.