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La juez imputa a 23 personas en otra pieza de cursos de formación en Andalucía

Anticorrupción denunció contratos irregulares de esta fundación de la Junta por 9,4 millones

La juez del caso de los cursos de formación, María Núñez.
La juez del caso de los cursos de formación, María Núñez.PACO PUENTES

La juez María Núñez ha citado como investigadas a 23 personas en la pieza separada que investiga los cursos de formación de la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de la Junta. La juez les cita para el próximo febrero junto a una decena de testigos después de que la Fiscalía Anticorrupción haya concluido que la Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9,4 millones de euros.

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La juez intentó archivar la pieza de la Faffe hace un año y medio, pero la Audiencia anuló su auto de sobreseimiento y obligó a continuar con la investigación. La Faffe ha estado durante años instalada en la polémica por un supuesto nepotismo en la Administración al contratar a decenas de trabajadores sin concurso público de méritos. Cuando se extinguió, 1.200 de sus 2.000 trabajadores fueron subrogados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En paralelo a la imputación de estas 23 personas, la magistrada Núñez acuerda numerosas diligencias, como librar a oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo para que remita el expediente de los distintos reintegros incoados contra la Faffe e informe "sobre los trabajos de justificación y liquidación previo a la integración de la Faffe en el SAE". De igual modo, reclama a la Faffe que emita un informe sobre las subvenciones investigadas y del resultado de revisión de las mismas por parte del grupo de trabajo que se formó en la propia Dirección General de Formación, "debiendo emitir informe definitivo, a la mayor brevedad, sobre posible fraude de estas subvenciones".

Además, la juez libra oficio a la Dirección General de Formación para el Empleo a fin de que facilite a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "las cuentas de las empresas beneficiarias de los contratos celebrados" por la Faffe, "incluyendo la adjudicación a empresas y sociedades con adjudicaciones de contratos irregulares".

También le pide que facilite a la UCO "el repositorio de correos electrónicos" de la Fundación Faffe y que "se informe sobre la existencia del repositorio de correos electrónicos de la Fundación", así como que se facilite a la Guardia Civil "la operativa sobre los pagos con tarjeta de los ingresos contables en efectivo de la caja central".

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La Fiscalía Anticorrupción realizó todas estas peticiones a la juez en un escrito fechado el 6 de septiembre, donde considera que la extinta Faffe realizó contratos "indiciariamente irregulares" por importe de 9.465.332 euros, según se desprende de un nuevo atestado remitido al Juzgado por la UCO el pasado junio.

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