La necesidad de un amplio pacto para mejorar el cupo vasco y el sistema común

Estos días se está tramitando el proyecto de nueva ley del cupo. El texto cuantifica la aportación de las haciendas vascas al Estado y fija los parámetros para el reparto del IVA entre ambas administraciones. La norma no introduce grandes novedades con respecto a su antecesora. En ella se mantienen los mismos coeficientes para el ajuste a consumo del IVA que se han usado desde hace décadas, perpetuando así el problema existente con este ajuste en perjuicio del Estado, y se revisan las variables pertinentes partiendo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, lo que se traduce en una reducción del cupo de 265 millones.

Repasando el proyecto, resulta muy difícil evitar la conclusión de que el importe del cupo y el ajuste del IVA son fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto, ajustando la valoración de las competencias estatales no asumidas por las instituciones vascas de la forma necesaria para llegar a la cantidad pactada. Esta forma de proceder, que se ha repetido en numerosos pactos de la misma naturaleza con distintas fuerzas nacionalistas, resulta muy difícil de evitar cuando es necesario completar mayorías para gobernar o aprobar presupuestos, pero ciertamente no es la mejor forma de avanzar hacia un diseño coherente y equitativo de nuestro modelo de financiación territorial. Lo deseable a estos efectos sería buscar un amplio pacto para mejorar y coordinar los sistemas foral y común, blindando su diseño frente a consideraciones de corto plazo y estableciendo mecanismos más respetuosos con el interés general para completar mayorías.

Todo esto se puede hacer respetando el régimen foral, pero ciertamente exigiría una revisión en profundidad de la forma en la que éste se aplica para ir adecuando el cálculo del cupo y el ajuste del IVA a los criterios que fija la propia Ley del Concierto. Esto permitiría reducir gradualmente las enormes diferencias de financiación que existen en la actualidad entre los territorios forales y el resto del país, reconduciendo así una situación con muy dudoso encaje constitucional y que ha contribuido a generar fuertes tensiones territoriales.

Un ingrediente fundamental de esta revisión habría de ser una valoración realista y transparente del coste de las competencias no asumidas por las comunidades forales, entre las que tiene que estar la nivelación interterritorial. La adecuada cuantificación de esta crucial competencia, sin embargo, resulta problemática con la actual metodología del cupo porque ésta proviene de una época en la que no había comunidades de régimen común y, por lo tanto, el presupuesto del Estado recogía prácticamente todo el gasto no foral relevante. En la actualidad no es así y buena parte de los flujos de nivelación interterritorial toman la forma de transferencias horizontales entre estas comunidades que no dejan un rastro claro en los Presupuestos Generales del Estado. Estos flujos deberían tenerse en cuenta y el componente del cupo ligado a ellos debería integrarse en el sistema de financiación de régimen común, tal como ha propuesto el Grupo de Expertos.

Ángel de la Fuente es director ejecutivo de Fedea y ha sido miembro del Grupo de Expertos para la revisión de la financiación autonómica.