El Supremo investigará a la senadora ‘popular’ Pilar Barreiro

El Tribunal Supremo investigará la relación de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro con la trama Púnica. La Sala Penal ha acordado, en un auto notificado ayer, abrir una causa contra la senadora por cinco delitos: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada.

En el mismo escrito, la sala nombra a la magistrada Ana Ferrer como instructora de este caso. La decisión del Supremo asume la exposición razonada que envió en mayo pasado el juez Eloy Velasco, que hasta junio estaba a cargo de la investigación de Púnica en la Audiencia Nacional. Velasco no podía investigar a Barreriro debido a la condición de aforada de la senadora, pero pidió al Supremo que lo hiciera al considerar que la exalcaldesa de Cartagena había contratado con dinero público a uno de los cabecillas de la Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejorara en las redes sociales su reputación, que estaba muy deteriorada después de verse presuntamente vinculada a casos de corrupción.

La actuación que se atribuye a la senadora es similar a la llevada a cabo, supuestamente, por el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que está procesado por el caso Púnica en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque en el caso de Barreiro los pagos sí se llevaron a cabo y en el de Sánchez, no.

Según el Supremo, los hechos más relevantes imputados a la senadora están relacionados con dos de los supuestos acuerdos a los que se refería el juez Velasco: uno para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y otro para defraudar a la Consejería de Educación de Murcia.

Respecto al primero, el magistrado recogía indicios que revelaban que Barreiro asistió a reuniones donde, “con abuso de su cargo al frente de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena”, puso en marcha un “plan defraudador” basado en crear cuentas de redes sociales y un diario digital a su servicio que costearía el Consistorio.

Sobre el acuerdo para defraudar a la Consejería de Educación, el juez describía indicios de que la aforada participó en un plan para que el Gobierno regional pagase a De Pedro por otro trabajo más completo de reputación online a favor de ella y del entonces presidente murciano.