Educación amplía las advertencias a los colegios por “adoctrinamiento”
Íñigo Méndez de Vigo asegura que "si no recibe la respuesta adecuada irá a los tribunales"
El Ministerio de Educación ha enviado a la consejería catalana de Enseñanza un segundo requerimiento por presuntos delitos y violación de la ley por “adoctrinamiento ideológico” en los centros escolares. El departamento asegura que las denuncias se han incrementado “exponencialmente” tras el referéndum ilegal y las cargas policiales del 1 de octubre. El ministro Íñigo Méndez de Vigo amenazo ayer con acudir a los tribunales si no recibe respuesta. La Generalitat asegura que responderá, aunque son “acusaciones infundadas”.
Entre los nuevos casos recogidos en el requerimiento, a cuyo borrador ha tenido acceso este periódico, figura el del instituto Palau de Sant Andreu de la Barca, un municipio en la provincia de Barcelona, donde existe un cuartel de la Guardia Civil. EL PAÍS contó la historia de dos profesores que cargaron contra el hijo de un agente después del 1-O. “Estarás contento de lo que ha hecho tu padre”, le reprocharon. Los profesores animaron a los alumnos a salir al patio a “hacer un minuto de silencio en protesta por la violencia policial, ante lo cual muchos de los hijos de los efectivos de la Guardia Civil se sintieron presionados y secundaron la condena para no quedarse en clase y ser señalados”, señala el texto del ministerio.
El departamento que dirige Méndez de Vigo señala en su escrito que “agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional están denunciando casos de acoso escolar que tienen como víctimas a sus hijos e hijas menores de edad en algunas escuelas e institutos de Cataluña”. Y asegura que “se ha constatado que, desde las aulas y las direcciones de los centros educativos, se permite y fomenta el adoctrinamiento del alumnado menor de edad, incitando al rechazo hacia España y utilizando el horario lectivo para realizar actividades cargadas de ideología política”.
Entre la docena de casos señalados está la situación vivida en la escuela Albert Vives de La Seu d'Urgell (Lleida), donde tres madres de niñas de cuarto de primaria (9 años) presentaron denuncias ante el juzgado de guardia y la fiscalía. Según el requerimiento del ministerio, los profesores explicaron a los alumnos “que la Guardia Civil es mala y pega a la gente”. También reproduce la carta de una adolescente de 13 años del Colegio la Mercè de Martorell (Barcelona), hija de un guardia civil. En ella, la alumna dice que le da “mucha pena” que culpen a su padre de lo que ha ocurrido y que él “solo hace su trabajo”. “No sé cómo acabará todo esto, tal vez me quede, quizás me marche y no vuelva, quién sabe. Pero lo que pido es que, por favor, pase lo que pase tratadme como siempre porque somos compañeros”.
“Niños señalados”
Este es el segundo requerimiento —que envió el ministerio el 5 de octubre a la Generalitat— con nuevos casos aparecidos en la prensa entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre y otros que ha “detectado la Alta Inspección”, según un portavoz oficial. Méndez de Vigo reveló su existencia ayer al ser interpelado en el pleno del Congreso por el diputado de Ciudadanos Toni Cantó sobre el “adoctrinamiento ideológico” en los centros educativos.
Según un portavoz del ministerio, no han recibido respuesta por parte de la consejería a ninguno de los documentos. Un portavoz del departamento de Enseñanza catalán señaló que han recibido el segundo escrito, al que asegura que contestarán, pero no el primero. Y añadió que las acusaciones “son infundadas”, informó Jessica Mouzo.
Según el ministro, algunos niños “se han visto señalados por la profesión de sus padres”. El 27 de septiembre Educación envió el primer requerimiento firmado por su número dos, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín. En el texto se enumeraban una docena de centros, mayoritariamente institutos, en los que los alumnos faltaron a clase por las movilizaciones y demandaba a la Generalitat que “depure responsabilidades”. Los casos son dispares. En Olot (Girona) decenas de alumnos protestaron delante del Ayuntamiento autorizados por sus familias. Estas habían recibido una carta de los centros con intención de “hacerse oír” porque consideraban que sus derechos habían sido “pisoteados”.
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