De Cánovas a Rajoy

En marzo de 1897 el presidente del Gobierno conservador, Cánovas del Castillo, es todo menos optimista sobre el curso de la guerra de independencia cubana, pero no encuentra otra salida que continuarla, y para ello escribe al general Weyler, encareciéndole que haga algo, tal vez pequeñas reformas en el oeste de la isla. Por su parte, no hará nada. "Es lo único que puedo intentar para no dejar perder los frutos de la guerra (sic), o para caer al menos con honor, dejando a otros la responsabilidad del inevitable desastre".

Semejante escapismo recuerda a la posición que Rajoy está adoptando ahora. Tal vez porque cree en el "inevitable desastre", prefiere seguir esperando en silencio a que otros le resuelvan los problemas que solo a él le competen. Esa pasividad, convertida en inhibición, le lleva a contemplar en silencio los acontecimientos del mismo modo que un registrador de la propiedad espera a que el cliente le traiga sus documentos.

Solo que la política nada tiene que ver con eso. Tiene legitimidad para decidir después de las entrevistas con Sánchez y Ciudadanos, pero no para verse a sí mismo como monarca que una vez escuchados los políticos, nada tiene que decir. Ese vacío ha quedado de manifiesto de forma espectacular cuando Felipe VI ha marcado ante los españoles unas líneas maestras de defensa del orden constitucional en Cataluña. No espere el Rey que el primer ministro se arriesgue a proponer nada para desarrollarlas. Parece que como Cánovas está esperando a que los demás de su entorno tomen iniciativas, para que carguen sobre ellos las culpas de cuanto ocurra, como sucedió el 1-O.

Tal es el caso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, sometida ahora a una reprobación del PSOE. Nada tiene de extraño pensando que de las claras tomas de posición constitucionalistas de Pedro Sánchez se han visto siempre corregidas por su interpretación restrictiva a cargo de Margarita Robles. Una vez cumplida una excelente labor frente al terrorismo de Estado, desde sus días con Belloch, Robles dio sobradas pruebas de una rigidez insalvable para afirmar, más que argumentar sus posiciones, fueran estas la petición de legalizar Herri Batasuna en 2005 o su actitud ante la persecución sufrida por el juez Garzón. Confundía la oposición al PP con una obsesiva descalificación, incluso cuando -conversaciones de Lausana- la actitud de Aznar no se prestaba a ello.

Posiblemente la reprobación de Soraya resulte muy satisfactoria para esa voluntad punitiva, cuando lo lógico sería exigir del Gobierno una explicación precisa del 1-O, para luego proceder en consecuencia. ¿No perciben Sánchez y Robles que con este paso, aquí y ahora, están prestando el mejor servicio a Puigdemont?