Los inspectores educativos reclaman más independencia del poder político para trabajar
"Nos instrumentalizan como si fuésemos la guardia pretoriana de la Administración”, denuncia la asociación mayoritaria
Son 1.500 funcionarios, aproximadamente uno por cada 400 profesores. Su labor como inspectores incluye evaluar el sistema educativo, asesorar o garantizar que se están cumpliendo las leyes en los colegios e institutos y también en las Administraciones. Pero no cuentan con la independencia suficiente del poder político para hacerlo. Así lo denuncia Carlos Utrera, presidente de la federación Adide, a la que pertenecen el 60% de este grupo educativo. “Con frecuencia se tiende a instrumentalizar la inspección educativa como si fuese la guardia pretoriana de la Administración”, ha denunciado.
Utrera ha intervenido en la comisión del Congreso de los Diputados que busca un pacto de Estado por la educación inédito en España y en la que los partidos están llamando a representantes de distintos sectores desde el pasado febrero. Ante sus señorías, el presidente de Adide ha asegurado que la capacidad de intervención de la inspección frente a la Administración es “limitada” y ha pedido “abrir un debate a nivel de Estado” para que este cuerpo de funcionarios dependa del Parlamento, en lugar de ser un grupo ligado al Ministerio de Educación y a las comunidades autónomas. Reclama además que los inspectores rindan cuentas en el Congreso y en los parlamentos autonómicos, como ocurre en Alemania o Reino Unido, para “promover su independencia, garantizar el desarrollo de sus planes y cumplir realmente con la misión constitucional de inspeccionar y homologar el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes”.
Hasta el 70% de interinidad
"La Alta Inspección no es una leyenda urbana"
Los diputados han preguntado ampliamente a Carlos Utrera por el papel de la inspección y la denuncia que ha hecho de su falta de independencia. Entre otros, la diputada Marta Martín, de Ciudadanos, que ha hecho referencia a un cuerpo muy específico, la Alta Inspección. “¿Ha visto alguna vez un alto inspector educativo? He llegado a creer que son secretos, como la fórmula de la Coca Cola?”, ha señalado en la comisión. Utrera ha explicado que son 17 funcionarios –uno por cada comunidad autónoma- que elige directamente el Gobierno, que cambian cuando hay cambio de Ejecutivo, que trabajan en paralelo a los inspectores educativos y no necesariamente son inspectores por oposición. A la Alta Inspección de Cataluña, por ejemplo, es a quien el Ministerio de Educación ha encargado un informe sobre los libros de texto de historia de esa comunidad tras la denuncia de un sindicato de profesores que señalaba que hay “manipulación” en esos manuales. “La Alta Inspección no es una leyenda urbana, existe”, ha señalado el responsable de Adide. “Pero desde nuestra asociación pensamos que es un grupo que debería ser ocupado por inspectores del cuerpo, que tienen un conocimiento más exacto a nivel administrativo y de gestión”. “Tienen un trabajo muy difícil”, ha ahondado, “porque a veces el Gobierno estatal coincide ideológicamente con el de esa comunidad, pero en ocasiones no y es cuando saltan chispas”. Según su valoración, “hay problemas porque el Estado se toma la Alta Inspección como un elemento disuasorio para que el otro no saque los pies del tiesto”.
Entre los aspectos que “limitan” su trabajo, ha señalado la figura de los inspectores accidentales, equivalente a los profesores interinos sin plaza fija en la Administración. Son funcionarios que, sin haber pasado un proceso de oposiciones, son seleccionados en comisión de servicio renovable cada año para cubrir el puesto de inspector. Su número varía ostensiblemente por comunidades autónomas. Utrera ha citado, entre otras, que en Galicia hay un 0% de accidentales “porque no renuevan a los que se jubilan”, en Andalucía son el 15%, el 30% en Madrid o hasta el 70% en el caso de Cataluña “donde hace años que no se han convocado oposiciones porque quieren desarrollar un cuerpo propio de inspectores”. Utrera ha explicado que un inspector accidental que tenga que elaborar un informe “que diga lo contrario de lo que el consejero está diciendo” se lo piensa dos veces. “Es una situación insostenible”, ha añadido.
“La experiencia y capacidad de las personas que acceden a realizar funciones de Inspección Educativa está minusvalorada y desaprovechada”, según el presidente de la federación. Asegura que, en algunos landers alemanes, los inspectores evalúan los centros con informes públicos en los que incluyen recomendaciones y cambios necesarios. “La subvención de esos centros depende del informe de la inspección, por lo que se los toman muy en serio”, ha explicado tras su intervención a EL PAÍS.
Además de reclamar un papel más independiente para su colectivo, el responsable de la asociación de inspectores ha solicitado otros cambios. Entre ellos, un incremento del presupuesto educativo que sitúe a España al l nivel de la media de la OCDE – actualmente destina el 4,3% del PIB frente a un 5,2% de media de los países industrializados-. Con un incremento anual del 0,2% para situarse en el grupo del 25% de países que más dinero dedican.
“Eligen Religión para subir la nota media”
Su asociación solicita, además, que en Bachillerato no pesen igual todas las materias a la hora de calcular la nota media. Como ejemplo ha señalado la asignatura de Religión, que volvió a ser evaluable y cuenta para la media desde la aprobación de la reforma educativa del PP, la LOMCE. “Es cierto que alumnos que antes no optaban por ella, ahora la eligen porque les resulta más fácil que otras y porque pueden subir la nota media más fácilmente que con otras”.
Ha pedido reducir la tasa de repetición de curso o un cambio en el currículo “excesivamente cargado” sobre todo en educación primaria, una etapa en la que, a su juicio, habría que centrarse en “la consolidación de objetivos básicos referidos al dominio de la lectura y la escritura, la expresión oral, la comprensión lectora”, entre otros.
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