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España pide precisiones a Londres sobre los derechos de sus residentes

Más de 100.000 españoles residen legalmente en Reino Unido

May, a su salida de la cumbre de Bruselas.
May, a su salida de la cumbre de Bruselas.EFE

La promesa de la primera ministra británica, Theresa May, de que ningún ciudadano comunitario será expulsado del Reino Unido tras el Brexit —quienes lleven residiendo cinco años podrán seguir en el país después del divorcio y los que lleven menos tiempo podrán permanecer hasta completar el plazo de residencia legal— no pilló por sorpresa al Gobierno español.

El ministro para el Brexit, David Davis, ya lo adelantó cuando visitó Madrid el pasado martes, un día después de que se iniciaran las negociaciones entre Londres y la UE. No en vano, más de 100.000 españoles residen legalmente en Reino Unido, mientras que los británicos residentes en España rondan oficialmente los 300.000.

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Madrid ha acogido favorablemente esta propuesta, pero pone salvedades y, sobre todo, pide precisiones. La principal salvedad es que Londres no acepta que el Tribunal de Justicia de la UE pueda dirimir las discrepancias de interpretación sobre los derechos de los respectivos ciudadanos. Las precisiones se refieren, además de a la fecha de corte —el momento en que deja de aplicarse la libre circulación, que debería ser el más próximo al Brexit—, a los derechos de los hijos presentes o futuros de los residentes comunitarios y de sus cónyuges. Además, España quiere que se simplifiquen al máximo los engorrosos trámites para acreditar la residencia.

Los Veintisiete, ya sin la premier británica, fijaron los criterios para adjudicar las sedes de las agencias comunitarias que saldrán de Reino Unido tras el Brexit. El Gobierno está convencido de que la candidatura de Barcelona es la que reúne mejores condiciones técnicas para albergar la Agencia Europea del Medicamento (EMA), pero teme que consideraciones de tipo político la perjudiquen. La competencia es tan feroz que el primer ministro belga, Charles Michel, llamó ayer a evitar una “batalla [de navajazos] trapera”.

Está previsto que el plazo de presentación de candidaturas acabe el 31 de julio y que la decisión se adopte en noviembre, mediante rondas sucesivas de votaciones en las que cada país dispondrá de seis votos a repartir entre tres aspirantes. Aunque las candidaturas serán sometidas en septiembre a un riguroso escrutinio de la Comisión, no está claro hasta qué punto la opinión de los técnicos vinculará a los países. España teme que le perjudique el hecho de albergar ya cinco organismos de la UE —en Vigo, Bilbao, Alicante, Sevilla y Torrejón de Ardoz—, mientras que muchos países del Este que entraron a partir de 2004 no tienen ninguno. Este argumento, según el Gobierno, vale para decidir la sede de una nueva agencia, pero no para reubicar una existente. En este caso, argumenta, el objetivo es garantizar la continuidad de una labor tan esencial como la de la EMA, que se encarga de homologar los medicamentos en la UE.

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El Gobierno tiene además una baza: el 92% de los 1.100 empleados de la agencia —altamente cualificados y difíciles de sustituir— prefieren trasladarse a Barcelona, según el secretario de Estado para la UE, Jorge Toledo.

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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