Del ‘caso Mercasevilla‘ al ‘caso ERE’
La investigación sobre la lonja derivó en la macrocausa, pero sus resoluciones no tienen influencia
La juez de lo Penal 13 de Sevilla ha puesto este miércoles un punto y seguido en el caso Mercasevilla, investigación que dio origen al de los ERE. Con su resolución absolutoria sobre la venta de los terrenos de la lonja, la magistrada ha cerrado la segunda de las tres ramas de esta causa (queda pendiente otra sobre un presunto delito fiscal). Pese a esa conexión en el origen, las resoluciones en el caso Mercasevilla no tendrán ninguna influencia en las que están por venir en los ERE al tratarse de instrucciones totalmente distintas. "La influencia es absolutamente ninguna. Son instrucciones distintas cuya única conexión es que una se descubrió a raíz de la otra", apuntan fuentes judiciales. Lo que sí es cierto es que la sentencia conocida este miércoles supone un varapalo a la instrucción de la juez Mercedes Alaya, quien inició esta investigación en 2009 y, posteriormente, abrió la de los ERE.
La madeja comenzó a desenredarse ese año a raíz de la investigación de un intento de soborno por parte de la anterior cúpula de la empresa municipal Mercasevilla. Los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron a dos empresarios hosteleros 450.000 euros a cambio de la concesión para una escuela de hostelería, hechos por los que ya han sido condenados. Los empresarios grabaron las reuniones y entregaron las cintas a la Consejería de Empleo, que las remitió a la fiscalía. A raíz de la investigación, la juez Alaya puso el foco en la adjudicación de los terrenos de la loja al descubrir una donación a la Fundación Mercasevilla de 240.000 euros de la constructora Sando, cuya filial sería la adjudicataria. En paralelo, la magistrada inició una tercera causa por un presunto delito fiscal.
La investigación sobre las cuentas de la lonja lleva a Alaya a investigar el ERE emprendido por la empresa municipal y la presencia de varios intrusos (personas ajenas a la empresa) en la lista de trabajadores beneficiados de las prejubilaciones. Es entonces, cuando la juez Alaya decide investigar otros expedientes de regulación de empleo de otras empresas financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz. La policía y la juez investigaron cómo fueron introducidos estas personas con la connivencia de intermediarios, conseguidores, consultores y un alto cargo de Empleo.
Y de esta forma, comenzaron a aflorar las irregularidades que alimentarían el caso de los ERE, desgajado de Mercasevilla en 2011. Esta investigación, que continúa la juez María Núñez tras la marcha de Alaya a la Audiencia, se centra en las ayudas concedidas por parte de la Junta a empresas en crisis entre 2001 y 2011. Los fondos, dotados con 855 millones de euros, se tramitaron a través de empresas consultoras y aseguradoras, que también están siendo investigadas, así como los responsables de empresas, sindicatos e instituciones beneficiarias y de las consejerías implicadas en todo el procedimiento. En la rama política de esta causa, están imputados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán así como otros 20 ex altos cargos. La fecha del inicio de este juicio se fijará este viernes.
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