España ha gastado 168 millones en frenar la llegada de cayucos a Canarias
Mauritania y Senegal han recibido entre 15 y 25 millones anuales desde 2006 por luchar contra la inmigración irregular
El modelo español de lucha contra la inmigración irregular ha sido tomado como ejemplo por la Unión Europea. Los resultados no pueden ser más espectaculares: los 31.678 inmigrantes irregulares que llegaron a Canarias en 2006, en plena crisis de los cayucos, se han reducido a unos pocos centenares al año (671 en 2016). Pero la política de combatir la inmigración ilegal en origen ha tenido un coste para las arcas públicas. Al menos, 168,21 millones de euros gastados en ayudas para Mauritania y Senegal en los últimos doce años.
Una pregunta del senador Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha permitido conocer por vez primera el coste de la política de freno a la inmigración irregular aplicada primero por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y luego por el de Mariano Rajoy.
En vez de levantar vallas. como en Ceuta y Melilla, o interceptar embarcaciones en alta mar, como en el Mediterráneo, se trata de frenar en origen la salida de embarcaciones con inmigrantes irregulares mediante el despliegue de destacamentos de la Guardia Civil que realizan patrullas conjuntas con las fuerzas de seguridad locales.
Los datos no son exhaustivos, pues no abarcan la totalidad de los países de origen o tránsito de emigrantes, pero sí incluyen los dos países de los que partían la mayoría de los cayucos hacia Canarias (Mauritania y Senegal) y los únicos donde se ha aplicado en toda su amplitud la política de condicionar la ayuda económica a la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal.
Si en 2005, antes de la crisis de los cayucos, Mauritania y Senegal recibían menos de 500.000 euros cada una en concepto de ayuda al desarrollo, a partir de 2009 las autoridades de Nuakchot han recibido entre 10 y 15 millones anuales y las de Dakar, entre 5 y 10. En total, Mauritania ha recibido 108,45 millones; de los que 88,6 se han destinado al control de fronteras y 19,8 a la ayuda al desarrollo. En el caso de Senegal, la asistencia española (59,7 millones en total) se ha repartido entre el control de fronteras (34,9) y la cooperación al desarrollo (24,8).
La Guardia Civil tiene desplegados con carácter permanente en el puerto de Nuadibú (Mauritania) dos patrulleras de 30 metros y un helicóptero del Servicio Aéreo de Rescate; y periódicamente desplaza un buque oceánico y un avión CN-235 de patrulla marítima. Además, ha donado cuatro embarcaciones a la Gendarmería Nacional mauritana y ha instruido a sus tripulaciones. En total, el destacamento cuenta con unos 25 agentes.
En Dakar (Senegal), la Guardia Civil cuenta con dos embarcaciones de 30 metros con carácter permanente y un buque oceánico y un avión CN-235 que acuden periódicamente. El destacamento lo integran 15 agentes.
Fiasco europeo
La UE aplicó el modelo español con la firma en 2016 de los llamados Migration Compact con Níger, Nigeria, Malí, Senegal y Etiopía, que condicionaban la ayuda financiera a la lucha contra la inmigración irregular. Fuentes diplomáticas admiten que, a la vista de las cifras de inmigrantes que cruzan el Mediterráneo (más de 13.000 en lo que va de año), salvo en el caso de Níger, los acuerdos no están dando el resultado esperado.
Los gastos sufragados por España incluyen la instrucción de las fuerzas de seguridad locales, el combustible y mantenimiento de las embarcaciones, así como dietas y costes operativos.
Pese a las críticas que hizo en 2015 el Tribunal de Cuentas a la falta de copntrol de estas ayudas, fuentes del Ministerio del Interior aseguran que no se financian con cargo a los fondos reservados sino a partidas sujetas a fiscalización previa y auditadas a posteriori.
La cooperación se extiende también al control de las fronteras terrestres y la lucha contra el yihadismo mediante programas como el GAR SI Sahel, liderado por un coronel de la Guardia Civil y financiado por la UE.
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