Un fenómeno irreversible

La incorporación masiva de las mujeres al trabajo desde la década de los sesenta del pasado siglo, a las tareas productivas y remuneradas, y no solo a las reproductivas y de cuidado, y progresivamente a la vida económica, política y social general, fue un fenómeno decisivo e irreversible, uno de los cambios sociales más profundos, si no el más profundo, del siglo XX. Ese hecho se ha calificado de más innovador que la aparición en Europa de las clases sociales surgidas de las revoluciones burguesa-liberal e industrial. Se ha dicho que la clase social ha sido la expresión de una ideología de supremacía blanca machista, cuya importancia ha sido y es infinitamente menor que la raza o el sexo, como mayores son los extremos de discriminación, explotación y coerción que han derivado de estos. Ese cambio significó, dicho en términos generales, que la mitad de la población trasladó gran parte de su actividad desde el ámbito doméstico de trabajo no remunerado al mercado, cuestionando el secularmente asentado modo de organización social patriarcal que establecía la separación y distribución social del trabajo según el sexo, principio de todas las divisiones.

La mujer se incorporó a un sistema jurídico masculino, en el que aún hoy buena parte de sus instituciones siguen constituyendo un buen ejemplo de esa masculinidad (como la regulación del tiempo, de su distribución y fijación, jornada, horarios), con olvido de la mujer “no-existente”, a la que la smithiana “mano invisible” hizo “invisible”, tan invisible como su trabajo no remunerado, y que, sin embargo, era y sigue siendo el sostén imprescindible del trabajo remunerado del hombre en los modelos económicos hegemónicos.

Ese portentoso cambio social, económico, jurídico y cultural tuvo lugar también en nuestro país con la Constitución, aprobada en las Cortes Constituyentes surgidas de las elecciones del 15 de junio de 1977, como motor, pese a la general invisibilidad del sexo femenino en los reconocimientos de derechos fundamentales presididos por un igualitarismo formal.

Con todo, las consecuencias de la Constitución sobre la organización familiar, la educación, la cultura, la economía, la vida social y la política, y la prohibición de discriminaciones históricas y arraigadas sufridas por las mujeres en todos esos ámbitos, han sido tan poderosas que nos han proporcionado, sin exageración, una nueva visión de nuestra sociedad, de nuestra existencia. Con una presencia pública indiscutible de las mujeres ante la expansión de su participación en todos los ámbitos. En 1977 había en el Parlamento 27 mujeres. Hoy son 234, lo que aún sigue representando una proporción baja (37,9%, 40% diputadas y 35,4% senadoras), que lamentablemente se sitúa en la parte inferior o por debajo de la horquilla de participación por sexos establecida en la ley de Igualdad, cuya constitucionalidad fue confirmada por la Sentencia del Tribunal Constitucional 12/2008.

El derecho a la igualdad de la mujer no acaba de implantarse en la realidad social aunque, más allá de la compleja serie de normas aprobadas para su promoción efectiva, se considere la característica básica de un ser humano, que encuentra su fundamento en su dignidad de persona. No puedo dejar por ello de denunciar la abominable e intolerable lista interminable de feminicidios y la insuficiencia de los instrumentos jurídicos para luchar con eficacia contra la violencia de género, que atenta contra los más elementales atributos de la persona. Nuestra sociedad debe aprestarse a esta tarea como la más urgente, pues sin ella no podremos reconocernos en los valores constitucionales.

En fin, con la gran transformación tecnológica se anuncia una nueva división en clases en todo el planeta marcada por el poder tecnológico que provocará más desigualdad, llevando a las clases inferiores hacia la segregación o la exclusión. Y a las mujeres, pues si el cambio protagonizado por nosotras no continúa, impulsado por la acción política y jurídica, hasta alcanzar cotas de igualdad real, seguiremos prácticamente ausentes de las élites que la revolución digital y la economía global han creado y de las instituciones que rigen el mundo en que vivimos. Sin razón alguna para el mantenimiento de viejos privilegios y discriminaciones por sexo femenino, pues el sexo divide de manera universal a toda sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados.

En las primeras elecciones democráticas de 1977 la sociedad española mostró una verdadera pasión por la libertad, por la democracia, por la igualdad. Hoy la socidad española sigue alimentando esa pasión, y su mantenimiento es, como hace 40 años, una necesidad, ahora también de cumplimiento constitucional, en el camino, en el que seguimos, por conseguir la igualdad plena de las mujeres ante el exponencial incremento de las desigualdades y de la pobreza, tras la gran recesión financiero-económica desatada en 2008, en que el sexo femenino resulta siempre afectado. La igualdad real no es una utopía, pero su logro requiere de un esfuerzo continuo y en todas las áreas, empezando por la defensa de la vida y la libertad, al que ha de responder la extensión a todos los ámbitos de las políticas públicas de género.

María Emilia Casas fue la primera mujer presidenta del Tribunal Constitucional.