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Los radares que anunció la DGT y nunca han llegado

Tráfico nunca compró los cinemómetros para las motos de la Guardia Civil que destacó el pasado verano en su plan para reducir la siniestralidad

La Guardia Civil controla el tráfico de automóviles en la A-8008, en una imagen de archivo.
La Guardia Civil controla el tráfico de automóviles en la A-8008, en una imagen de archivo.

En una de las convocatorias clave del año, un día antes de que arrancase la Operación Salida del verano de 2016, la entonces directora general de Tráfico, María Seguí, compareció ante los medios de comunicación para revelar una batería de medidas dirigida a combatir el auge de la siniestralidad, que le estaba acarreando duras críticas de la oposición y del sector. Entre las iniciativas, la máxima responsable de la DGT anunció la compra de 60 radares ligeros, que los agentes de la Guardia Civil iban a poder llevar en sus propias motos. "Vamos a equiparlos para que puedan trasladarse a lo largo de los puntos [de control] de manera diligente, rápida y eficiente", recalcó Seguí. Pero, según confirma la institución, esos cinemómetros nunca han llegado.

"No dio tiempo a la tramitación de compra", afirma la DGT; que alega que, apenas unos días después del anuncio de la medida, el Ejecutivo ordenó el cierre presupuestario para poder cumplir el déficit. "Así que no dio tiempo", insiste casi un año después de que Seguí afirmase que se gastarían un millón de euros en esta iniciativa. "Funcionan con base en un trípode. Darán una mayor versatilidad a la actuación de los agentes, que podrán compatibilizar el control de la velocidad con la vigilancia de otro tipo de infracciones", destacaba Tráfico en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación.

A mediados de julio del pasado año, el Gobierno anunció el cierre contable de la Administración, que entró en vigor el 8 de agosto y que supuso que no se pudieran ejecutar todos aquellos gastos que no estuviesen ya comprometidos. De hecho, a partir de entonces, cualquier nuevo contrato, subvención o convenio debía pasar por el Consejo de Ministros, para su aprobación explícita.

Seguí presentó su dimisión el 22 de julio. Y, con el cambio de Gobierno, Gregorio Serrano llegó a la DGT y Juan Ignacio Zoido sustituyó a Jorge Fernández Díaz en Interior. Un relevo que coincidió con un repunte de los muertos en accidente de tráfico, a lo que el nuevo ministro respondió con una nueva batería de medidas para combatir el alza de la siniestralidad: este plan incluía la compra de otros 60 radares fijos, pero no decía nada de los ligeros.