Rivera critica la “desvergüenza” del PP y la “injerencia directa” de Catalá en investigaciones de corrupción
El líder de Ciudadanos propone que el Congreso elija al fiscal general del Estado
El acuerdo de investidura que une al PP con Ciudadanos vive horas de crisis como consecuencia de la comisión parlamentaria que investigará la presunta financiación ilegal del partido de Mariano Rajoy; del procesamiento de Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia; y de los casos de corrupción desvelados por la Operación Lezo. Fernando Martínez Maillo, coordinador del partido que sostiene al Gobierno, ha criticado este miércoles la "radicalidad" de Ciudadanos; y Albert Rivera le ha contestado asegurando que existe una "injerencia directa" en la labor de la fiscalía por parte del PP y de Rafael Catalá, ministro de Justicia. "Es una desvergüenza", ha añadido el líder de Ciudadanos.
El PP y Ciudadanos han vuelto a chocar por la corrupción, único asunto que tensiona la aplicación de su acuerdo de investidura. Tras unirse hace una semana al PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias para aprobar en el Congreso los Presupuestos de 2017, los dos socios han elevado el tono para afearse mutuamente su actitud frente a la comisión que investigará la presunta financiación ilegal del PP. Este organismo está recogido en el pacto de investidura que une a las dos partes y no es el único asunto que separa a Rajoy y Rivera: el líder de Ciudadanos pide que Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia imputado en el caso Auditorio, deje su acta de diputado autonómico; y opina que el Ejecutivo ha presionado a la fiscalía en este caso y en la operación Lezo para favorecer a los intereses del PP.
"La están liando", ha dicho Rivera este miércoles en el Congreso de los diputados. "Cuando se dedican a llamar a los fiscales y muestran una injerencia directa sin ningún tipo de vergüenza, un partido que defiende la separación de poderes tiene que ejercer como oposición", ha añadido comparando al PP con Ciudadanos. "La gestión que ha hecho Catalá del caso Moix no ha sido la acertada y por eso ha demostrado que no es la persona adecuada", ha seguido. Y ha subrayado: "Pensé que Catalá podía ser un aliado para impulsar reformas, pero en pocos meses ha quemado buena parte de su crédito con su mala gestión de la independencia de la fiscalía. Los ministros los nombra el Gobierno, pero el Congreso puede legislar para que Catalá, o el futuro ministro de Justicia, no pueda seguir haciendo lo mismo que hasta ahora".
En ese sentido, Ciudadanos ha registrado este miércoles en el Congreso una proposición de Ley para que el nombramiento y la reprobación del Fiscal general del Estado dependan directamente del Congreso, que debería aprobar esas dos decisiones con una mayoría reforzada de dos tercios de los votos de la Cámara Baja (la Constitución establece que el nombramiento es a propuesta del Ejecutivo, por lo que podría ser necesaria su reforma; y difícilmente se alcanzarían esos dos tercios sin el apoyo del partido que lo sostiene). El objetivo de Rivera es cortar "el cordón umbilical" que a su juicio une al Gobierno con el Ministerio Fiscal, ampliando el mandato del Fiscal general del Estado (de cuatro a seis años; no cesará cuando lo haga el Ejecutivo) y obligando a que las comunicaciones entre las dos partes sean por escrito (para que quede constancia y registro de su contenido). Además, el Fiscal general solo podría dar instrucciones genéricas, y no específicas, a su subordinados.
Sin embargo, Ciudadanos registra la Ley con el único apoyo de sus 32 diputados, puesto que no ha entablado conversaciones con ninguno de los otros tres grupos mayoritarios en la Cámara Baja. Si no logra esas alianzas, no podrá sacar adelante el proyecto.
"Con esta Ley no habría habido caso Catalá ni caso Moix. Ni un ministro de Justicia se hubiera atrevido a dar instrucciones, ni un fiscal a atenderlas", ha argumentado Rivera. "Todas las medidas van enfocadas a romper el cordón umbilical, y que el Fiscal General del Gobierno pase a ser el Fiscal General del Estado".
La propuesta de Ciudadanos
- La duración del cargo del Fiscal General del Estado (FGE) se amplia de 4 a 6 años, y se suprime su cese automático al cesar el Gobierno.
- Para acceder al cargo de FGE se exigirán 25 años de ejercicio profesional, no 15 como hasta ahora, así como no haber desempeñado cargo público o de carácter electivo en los últimos 10 años.
- El nombramiento del candidato propuesto por el Gobierno, una vez oído el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, deberá ser ratificado por una mayoría de 2/3 de los miembros del Congreso, previa su comparecencia ante la Comisión de Justicia. Si el candidato propuesto no fuera ratificado por dicha mayoría, el Gobierno deberá presentar uno nuevo.
- La causa de cese vinculada al incumplimiento de sus obligaciones o de los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad, será apreciada por la misma mayoría del Congreso. Y no como ahora que es de libre apreciación por el Consejo de Ministros.
- Las comunicaciones del FGE con el Gobierno y las Cámaras se realizan siempre por escrito, para garantizar la transparencia de las relaciones y que no se producen injerencias indebidas.
- El Ministerio Fiscal dispondrá de autonomía presupuestaria, no sólo funcional, y, a tal efecto, dispondrá de una sección específica en los Presupuestos Generales del Estado, como el TC, el CGPJ o el Defensor del Pueblo.
- Se garantizará la pluralidad y representatividad del Consejo Fiscal, para que pueda actuar como elemento de equilibrio a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. Estará compuesto por 11 miembros: el FGE, el Teniente Fiscal del TS y nueve fiscales directamente elegidos por los propios fiscales.
- Se fortalecerá la autonomía de los fiscales en el ejercicio de sus funciones y, en concreto, se limitarán las órdenes de los Fiscales Jefes a instrucciones de carácter general, y sólo excepcionalmente respecto de casos concretos (en tal caso siempre por escrito). Igualmente se limita la capacidad de sustitución de un fiscal en la llevanza de un caso concreto, que en caso de discrepancia deberá contar con el parecer favorable del Consejo Fiscal.
- Se fortalecerá la aplicación de los criterios de mérito y capacidad en la carrera fiscal, reforzando el papel efectivo de la Sección Permanente de Valoración, que centralizará toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, y emitirá Informe valorando los candidatos para cada nombramiento. Los ascensos responderán exclusivamente a criterios de mérito profesional.
- Los nombramientos para cargos dentro de la carrera fiscal serán acordados por el FGE previa ratificación de su propuesta por mayoría cualificada del Consejo Fiscal, no como sucede ahora que todos los nombramientos para cargos en la carrera fiscal los efectúa el Gobierno, a propuesta del FGE.
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