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La hora del acuerdo contra el cambio climático en España

Los partidos deben cerrar en esta legislatura la ley contra el calentamiento y de transición energética. Sin reducir las emisiones de CO2 en el transporte y la electricidad no se cumplirán las metas

La central de As Pontes (A Coruña) es la térmica de carbón más grande del país.
La central de As Pontes (A Coruña) es la térmica de carbón más grande del país.

En los últimos 20 años —entre 1995 y 2015— murieron en España como consecuencia de desastres naturales 1.215 personas. Se trata, por ejemplo, de inundaciones —que se llevaron por delante a 328 personas— o de golpes de calor —178 fallecidos—, según los datos recopilados por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

La ONU y diversos organismos científicos alertan de que el cambio climático no solo afecta al aumento de las temperaturas medias, sino que incrementa el número y la intensidad de los desastres naturales. Es un efecto más del calentamiento global, que en España amenaza además con provocar la desertización de amplias zonas o la desaparición por la subida del nivel del mar de deltas tan importantes como el del Ebro.

España se sumó en 2015 al Acuerdo de París, que ya ha ratificado y donde tiene intención de seguir a pesar de la espantada de Donald Trump, que quiere sacar del pacto a EE UU, el país que más ha contribuido históricamente al cambio climático.

Al estar dentro del Acuerdo de París y de la Unión Europea, España sabe adónde tiene que llegar: a descarbonizar su economía, es decir, a conseguir crecer prescindiendo de los gases de efecto invernadero, generados por la quema de combustibles fósiles como el carbón y causantes del calentamiento según el consenso científico. Pero la senda que sigue el país no es la correcta: las propias proyecciones del Gobierno indican que, lejos de reducir las emisiones, España seguirá aumentándolas en los próximos 20 años. En 2040 el país expulsará a la atmósfera 353,7 millones de toneladas de CO2 equivalente (la unidad de medida para los gases de efecto invernadero). Esto supondría 18 millones más que en 2015.

Por eso España necesita un plan que le lleve a cumplir los compromisos adquiridos en París. La UE, y por lo tanto el país, se comprometió a reducir un 40% las emisiones en 2030 respecto a las de 1990. Esa es una de las razones por las que el Ejecutivo está preparando una ley de cambio climático y transición energética, que deberá ayudar a cumplir las metas y que debe estar lista esta legislatura, según el compromiso de Mariano Rajoy.

"Es un momento único", opina Mario Rodríguez, responsable en España de Greenpeace. "Tenemos los ingredientes pero hay que ver cómo se cocinan". En esa lista de ingredientes para cerrar una buena ley Rodríguez incluye, aunque resulte paradójico, el anuncio de Trump: "Europa emerge ahora como un líder climático mundial y España debe tener también su papel". Ahora, apunta, "el cambio climático está políticamente en la agenda".

En la lista de pros, Rodríguez incluye la fragmentación del Congreso. Porque la ley de cambio climático requerirá del acuerdo entre formaciones políticas. "Muchos partidos han introducido en sus programas medidas de fiscalidad ambiental y de cambio climático", añade Xavier Labandeira, director de Economics for Energy.

Desde diferentes ámbitos —las organizaciones ecologistas, empresariales o del mundo energético, por ejemplo— se coincide en demandar a los partidos estabilidad; es decir, que la ley —que por su razón de ser es de largo recorrido— cuente con el suficiente consenso y no esté sometida a los vaivenes de los cambios de Gobierno. Así se lo trasladaron al Ejecutivo los representantes de varios sectores que participaron hace diez días en unas jornadas organizadas por el Gobierno para la elaboración de la futura ley de cambio climático.

Cuando se habla de políticas climáticas los horizontes son a 2030 y 2050; para mediados de este siglo el compromiso de la UE es haber reducido en más de un 80% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso se traduce en una casi absoluta descarbonización energética.

Dos ministerios

Casi el 80% de las emisiones españolas proceden de la energía. Y, dentro de este grupo, la generación de electricidad supuso en 2015 el 26% de las emisiones de España, y el transporte, el 25%. Sin atacar las emisiones de estos dos sectores España no podrá cumplir. Por eso, de la futura ley de cambio climático no solo se está encargando el Ministerio de Medio Ambiente, sino también el de Energía, que paralelamente está preparando una hoja de ruta de la transición energética de nuestro país para enviarla a Bruselas.

En el campo de la electricidad, los avances tecnológicos y el abaratamiento de los costes de las renovables hacen que cada vez esté más cercana la generación limpia. Aunque los partidos y los sectores implicados deben acordar cuestiones tan importantes como el papel que jugará la energía nuclear, hasta cuándo se seguirá quemando carbón o qué espacio debe ocupar el autoconsumo.

En el transporte limpio España va mucho más retrasada, con una cuota de implantación de coches eléctricos, por ejemplo, casi insignificante. Entre 1990 y 2015, las emisiones del transporte en el país crecieron un 41%. Y, si no se aplican medidas adicionales, el Gobierno prevé que aumenten otro 15% de aquí a 2030.

Al menos 3.125 millones al año para limpiar el carbón

Para justificar la salida del Acuerdo de París y la eliminación de los programas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, Donald Trump ha defendido la necesidad de apostar por el carbón nacional. Y ha asegurado que apostará por el "carbón limpio". España está inmersa también en un debate sobre el futuro de la generación de electricidad con carbón, que es responsable del 15% de todas las emisiones de CO2 del país.

Pero, ¿qué es el "carbón limpio"? Con ese término se engloban las técnicas de captura y almacenaje del CO2 emitido por las centrales térmicas de carbón. El problema es que, tras años de experimentación, no llega ni al 1% la producción mundial de electricidad con este combustible cubierta con esas técnicas, que son muy costosas e impopulares.

Repsol señalaba hace unos días que el coste de almacenar una tonelada de CO2 ronda entre los 60 y los 80 euros en este momento. En España, las 15 centrales en activo emitieron 52,09 millones de toneladas en 2015. Si tuvieran que recurrir a la captura y almacenaje del CO2 —según los costes de los que hablaba Repsol— tendrían que pagar entre 3.125 y 4.170 millones de euros, algo que dispararía el coste de generar energía en un momento en el que las renovables son cada vez más baratas y competitivas.

Europa ha puesto en el punto de mira la generación con carbón, al ser la forma más contaminante de producir electricidad. Sin embargo, el Ministerio de Energía no quiere que Endesa cierre en 2020 dos de sus centrales —Compostilla y Teruel— que se nutren de carbón nacional. Varios partidos, sobre todo en Castilla y León y Aragón, apuestan por su permanencia.

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