Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Anticorrupción implica a ediles de PP, PSOE e IU en nuevos amaños urbanísticos de Púnica

Un informe de la fiscalía apunta que los 22 consorcios urbanísticos de la Comunidad de Madrid sirvieron para “engrosar las arcas” de los partidos

Granados, durante su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.
Granados, durante su comparecencia por videoconferencia en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

Un informe de la Fiscalía Anticorrupción incorporado al sumario del caso Púnica el pasado 12 de mayo afirma que las supuestas irregularidades en la venta de suelo de la Comunidad de Madrid a través de los 22 consorcios urbanísticos creados para ello no sólo benefició a Francisco Granados y otros cargos públicos supuestamente implicados, sino que también “sirvió para engrosas presuntamente las arcas del Partido Popular, Izquierda Unidad y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del Consejo de Administración del respectivo consorcio urbanístico”. Anticorrupción cifra en 2.000 millones de euros el dinero gestionado a través de estos entes en los que participaban tanto el Ejecutivo regional como los consistorios.

El escrito de la fiscalía sitúa en el origen de estas irregularidades a Granados, del que recuerda que “vino desde el año 2000 abusando sistemáticamente de sus cargos públicos, primero en Valdemoro y después en la Comunidad de Madrid y en el PP para detraer caudales municipales o autonómicos en cooperación con empresarios concertados”. Anticorrupción destaca que fue precisamente al saltar de la Consejería de Transporte a la de Presidencia en 2004 con Esperanza Aguirre al frente del Gobierno autónomo, cuando estableció en su departamento una estructura “a la carta” para poder controlar, entre otros, los fondos que gestionaba la empresa pública del suelo, Arpegio, así como la venta de suelo que se realizaba a través de los consorcios urbanísticos. “Esto le permitió conseguir, a través de comisiones entregadas por los empresarios beneficiarios de las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero público.

Un registro provocado por la falta de colaboración oficial

El escrito de Anticorrupción en el que solicitaba al juez Eloy Velasco la orden para registrar el pasado 16 de mayo la sede de la empresa pública Arpegio justifica esta medida en la supuesta falta de colaboración de las autoridades autonómicas. En el escrito, la fiscalía asegura que por parte de la Comunidad de Madrid “existe todavía una cierta autoprotección sobre aquellos que han ejercido funciones públicas y orgánicas” tanto en ésta como en el PP regional.
Anticorrupción detalla que la documentación que envió Arpegio el pasado octubre presentaba “inconsistencias y carencias que nos hacen pensar que existe más información que la que se transmite”. Por ello, la fiscalía reconoce que “se hace difícil confiar en que haya una colaboración espontánea y leal por parte de la Comunidad de Madrid”, por lo que considera necesario los registros que finalmente autorizó el juez. Desde el Gobierno madrileño se negaban ayer estos hechos e insistían en su plena disposición “a seguir a colaborando como siempre”.

Un “botín”, como lo califica la fiscalía, del que también se beneficiaron “todos los participantes en los hechos” y ediles de los tres principales partidos –PP, PSOE e IU- de los consistorios donde se asentaban los diferentes consorcios urbanísticos. El informe de Anticorrupción recuerda que el constructor David Marjaliza, socio de Granados y ahora colaborador de la Justicia, dio detalles durante su confesión de irregularidades en las adjudicaciones que consiguieron sus empresas para la construcción de viviendas de protección pública después de pagar comisiones. También destaca las anotaciones manuscritas que aparecieron en una agenda intervenida al propio Granados y que los investigadores vinculan tanto a los amaños en los consistorios como con Arpegio.

El informe explica que los consejos de administración de los 22 consorcios investigados los integraban consejeros de Arpegio, supuestamente controlada por el entonces consejero de Presidencia, “y los correspondientes concejales del respectivo municipio”. Dicho consejeros asumían las funciones de órgano de contratación y designaba a los integrantes de las Mesas de Contratación que realizaban el reparto de las parcelas del suelo público. “Aunque las adjudicaciones de las parcelas públicas de los consorcios se decidieron, formalmente, por su consejo de administración, la investigación ha revelado que existió un reparto concertado precio de dicha parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en el reparto”, se lee en el documento de fiscalía.

En este punto, Anticorrupción recalca que en aquellas parcelas sobre las que decidían los consistorios, “fueron repartidas entre diferentes grupos políticos” de los mismos. “En la trama de corrupción ideada se buscaba el acuerdo ‘sceleris’ entre los sectores de influencias de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento implicado, y cada uno con sus intermediarios habituales”, continúa su escrito. En este sentido, destaca que ese acuerdo previo de reparto de las parcelas entre Arpegio y los respectivos ayuntamientos se tradujo en que las decisiones tanto en la Mesa de Contratación como en el Consejo de Administración de los consorcios “se adoptaran siempre por unanimidad”. Un detalla que, en opinión de Anticorrupción, “explicaría las comisiones cobradas por los representante del Ayuntamiento”.

El informe destaca el papel que jugó en este entramado el abogado José Luis Jaraba Pérez, ahora imputado, y que ocupaba el puesto de secretario en los consejos de administración de los Consorcios Urbanísticos. Este letrado era socio de Jaraba & Tamame Asociados SL, una sociedad que facturó a Arpegio entre los años 2003 y 2012 más de 1,1 millones de euros. Anticorrupción también destaca que dicha sociedad mantuvo “dudosas relaciones” con otro presento implicado, el empresario Adolfo Fernández Maestre, también imputado, de cuyas dos mercantiles recibió cerca de 800.000 euros. La firma de Jaraba también facturó 3,1 millones a otra empresa bajo sospecha, Técnicas Territoriales Urbanas. Tanto ésta como las dos de Fernández Maestre tuvieron a su vez como clientes a Arpegio y los consorcios urbanísticos.

Más información