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El cambio de decenas de líderes para las elecciones de 2019 provoca conflictos en el PP

"Se eliminan los malos hábitos que se consiguen con el paso del tiempo", dice Génova

Juan José Mateo

La dirección del PP ha aplicado las normas de incompatibilidad entre cargos públicos y orgánicos aprobadas en su Congreso de febrero; el argumento de que es necesario reactivar a las bases; y presiones internas, para cambiar a una treintena de presidentes provinciales y autonómicos en el proceso congresual que vive desde marzo. La renovación del partido con vistas al ciclo electoral de 2019, cuando coincidirán elecciones municipales, autonómicas y municipales, ha desplazado del poder a dirigentes que llevaban décadas en puestos de mando y ha provocado tensiones en provincias clave como Valencia (donde Génova no descarta imponer una gestora), Jaén, Córdoba o Sevilla, así como en Autonomías como Cantabria o La Rioja.

Mariano Rajoy, en una imagen de archivo.
Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. Uly Martín

“Buscamos savia nueva, más ilusión y así se eliminan los malos hábitos que se consiguen cuando el paso del tiempo (en el cargo) es excesivo”, resume una fuente de la dirección nacional del partido de Mariano Rajoy. “Ha habido muchos cambios en seis meses, una gran renovación, primero en los congresos regionales y luego en los congresos provinciales”.

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Los cambios no son cosméticos ni afectan solo a las caras. Hay una redistribución del poder que afecta a los equilibrios internos del partido. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué el PP afronta en toda España un proceso que inevitablemente provoca tensiones?

Entre las elecciones generales de 2011 y las de 2016, el partido de Rajoy pasó de 186 escaños a 137 (en medio, obtuvo 123 en la cita de diciembre de 2015). La aparición de Ciudadanos, que también compite por el espacio electoral del centro derecha, ha contribuido en parte a ese resultado. No es, sin embargo, el único factor que explica el desgaste electoral del partido que sostiene al Gobierno. Génova busca rejuvenecer al PP. Subrayar, también, que el partido se aleja de aquel que acogió a presuntos protagonistas de múltiples casos de corrupción. Y trasladar al electorado que vuelve a ser una formación dinámica, en la que los líderes locales viven por y para los electores de su provincia: frente a una minoría de diputados y senadores, la mayoría de los nuevos presidentes provinciales son concejales, alcaldes, diputados autonómicos o delegados del Gobierno que en teoría viven alejados de los centros de poder de Madrid.

Barones territoriales que llevaban más de 15 años en el poder, como Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Ramón Valcarcel (Murcia) o Pedro Sanz (La Rioja) ya dieron un paso al lado en marzo. Desde entonces, el relevo se ha reproducido y multiplicado a nivel provincial: no siguen en su puesto, entre otros, Antolín Sanz (17 años en Ávila); Antonio Torres (17 en Huesca); José Enrique Fernández de Moya (17 en Jaén); Fernando Martínez Maíllo (13 en Zamora); o José Antonio Nieto (11 en Córdoba). Tampoco continúan Arturo García-Tizón (10 en Toledo); Dolors López (9 en Lleida); Carmen Pobo (9 en Teruel); Luis María Beamonte (9 en Zaragoza) o Ramiro Ruiz (8 en Valladolid).

"Queremos lanzar un mensaje de renovación a la ciudadanía", dicen desde la dirección nacional, donde destacan que no se han hecho excepciones, puesto que hasta Martínez Maillo, el coordinador nacional, se ha visto afectado por los cambios.

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Sin embargo, el relevo no ha sido sencillo en todos los casos. Ha habido presidentes del PP que han tenido que dejar el puesto sin desearlo. Por ejemplo, los de Jaén, Córdoba y Palencia pidieron a la dirección nacional que les permitiera compatibilizar la presidencia provincial con sus cargos públicos, lo que les fue denegado en aplicación de los estatutos aprobados en febrero.

No han sido los únicos problemas a los que se ha enfrentado la dirección nacional, donde Martínez Maillo ha pilotado todo el proceso. El PP de Valencia no tendrá líder hasta que los candidatos entierren sus diferencias, lo que han obligado a Génova a retrasar hasta nueva orden el congreso provincial e incluso a valorar la imposición de una gestora ante la dureza del enfrentamiento personal entre los aspirantes. Lo mismo ha pasado en Girona, donde las dos facciones buscan un candidato de consenso que sustituya a Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña. En Vizcaya también hay problemas por el agrio enfrentamiento entre las dos candidaturas. La victoria de Virginia Pérez en Sevilla acabó con una denuncia de Juan Bueno, el candidato derrotado, ante el Comité nacional y el autonómico de garantías. Y el triunfo de Juan Diego Requena en Jaén se cerró con gritos de “¡pucherazo! ¡pucherazo!”.

"Vamos a presentar una demanda judicial contra los órganos del PP que han actuado de forma fraudulenta", asegura Miguel Moreno, el candidato derrotado en Jaén, que ganó cuando votaron los afiliados y perdió cuando lo hicieron los compromisarios. "Esto no es un calentón. Esto va acabar muy mal si se cierra en falso", añade.

“Lo que ha sucedido es que a través de irregularidades manifiestas se ha torcido la voluntad de la mayoría de afiliados”, argumenta Joaquín Solanas, portavoz del sector crítico de Cantabria, que ha impugnado ante los tribunales la victoria de María José Sáenz de Buruaga sobre Ignacio Diego (les separaron cuatro votos). “Es evidente que Génova está desoyendo peticiones de afiliados, cartas y solicitudes para que intervengan y convoquen una gestora”, añade. Y subraya: “El peligro y el riesgo de escisión es real, pero nosotros intentamos sujetar a aquellos que desde el primer momento dijeron que se marchaban”.

Son las tensiones provocadas por un cambio tan discreto como profundo: el PP busca rearmarse para las elecciones de 2019.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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