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Imputado el exlíder minero de UGT por apropiarse fondos de una residencia de ancianos

Anticorrupción investiga a Fernández Villa, a su mano derecha y familiares de ambos por el supuesto desvío de una subvención pública

El ex secretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, en el juzgado de Oviedo.

La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Oviedo, Beatriz Fernandez, ha imputado este martes al histórico líder del sindicato minero SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, por el presunto desvió de parte de una millonaria subvención pública destinada a construir en Asturias una residencia para trabajadores jubilados del sector que investiga dentro de la Operación Hulla. Junto a él también está siendo investigado quien fuera su más directo colaborador en el sindicado, José Antonio Postigo, exsecretario de Acción Sindical del mismo y expresidente del Montepío de la minería asturiana que gestionó dicho centro de mayores, así como “los familiares más directos de ambos y otras personas”, según ha informado en una nota lla Fiscalía Anticorrupción.

Entre estos últimos se encuentran el asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, y el arquitecto Manuel Sastre, autor del proyecto para la construcción del centro de mayores ‘La Minería’, en la localidad de Felechosa-Aller, y el administrador de la constructora que levantó el mismo, José Antonio Fernández. Estos tres últimos y Postigo fueron detenidos este martes por la Guardia Civil.

La fiscalía detalla que la investigación se inició “por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales” que dio pie a la apertura en 2014 de unas diligencias en las que han colaborado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), la Agencia Tributaria y la Administración General del Estado. El pasado mes de abril, la juez Beatriz Fernández abrió un sumario en el que, además del delito de lavado de fondos, se investigan otros de falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a las subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la hacienda pública. Anticorrupción no descarta que también concurran prevaricación, delitos urbanísticos y malversación de caudales públicos.

La investigación que ha provocado ahora la imputación de Fernández Villa es independiente de la que en su día inició la Fiscalía de Asturias contra el sindicalista para aclarar el origen de los 1,4 millones de euros que acumuló de patrimonio personal, y cuyo juicio está próximo a celebrarse. En esta, el Ministerio Público pide para el exlíder minero cinco años de cárcel por el supuesto desvío de fondos del sindicato a su patrimonio personal a través del cobro presuntamente irregular durante años de dietas que correspondían a otros compañeros, lo que le permitió acumular parte de fortuna que ocultó al fisco durante años. Fue, precisamente, la regularización que hizo de la misma en la amnistía fiscal de 2012 -destapado por EL PAÍS en 2014- lo que provocó las pesquisas de Anticorrupción que ahora también han desembocado en su nueva imputación. Para esta, la fortuna también se nutrió de fondos públicos que supuestamente se apropió gracias a la expedición de certificaciones falsas de obra de la citada residencia para mineros jubilados. La misma fue sufragada por el Gobierno central.

Las obras de la residencia se iniciaron en 2009 y tardaron tres años en concluirse. Durante todo este tiempo estuvieron bajo el control del Montepío que dirigía José Antonio Postigo, mano derecha de Fernández Villa en el sindicato y ahora detenido. Además, el exlíder minero colocó como gerente del centro a uno de sus dos hijos con un sueldo de 50.000 euros anuales y un blindaje de una anualidad en caso de despido. Una hija de Postigo también comenzó a trabajar en la residencia. Las obras salieron a concurso por 27,73 millones de euros, aunque finalmente se elevaron hasta los 29,9 millones. Postigo siempre ha negado el desvío de fondos de este proyecto y ha alegado que se hicieron cuatro auditorías que no revelaron irregularidades.

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