Archivada la causa contra un exconsejero andaluz por unas ayudas
El juez no ve "indicios racionales" en Antonio Ávila y otros 29 investigados por prevaricación
El juez de instrucción 2 de Sevilla ha archivado la causa contra el exconsejero andaluz de Economía e Innovación Antonio Ávila y otras 29 personas acusadas de los delitos de fraude, malversación y prevaricación en unas ayudas concedidas de forma excepcional por el Servicio Andaluz de Empleo en 2012 por valor de 5,8 millones de euros. El magistrado considera que no existen "indicios racionales" de estos hechos, denunciados por la fiscalía en marzo de 2015 de acuerdo con un informe de la Cámara de Cuentas.
Estas ayudas fueron concedidas a las 94 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) para financiar los gastos de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales tras la extinción de estos consorcios en 2010. En ese momento, el diputado socialista Antonio Ávila era exconsejero de Economía y ordenó los pagos de las indemnizaciones a los asesores de empleo. "En su cualidad de Director Gerente del SAE, basó en todo momento su decisión en el contenido de la referida memoria justificativa y su posterior actuación se adecuó a los trámites legalmente previstos, consideramos que su actuación es ajustada a derecho al haberse aprobado la concesión de las ayudas excepcionales conforme a la ley que las regula", se lee en el auto.
El magistrado considera además que los incumplimientos señalados en el informe de la Cámara de Cuentas en el que la fiscalía basó la denuncia carecen de relevancia penal. "Parece evidente que los incumplimientos descritos, aun teniendo trascendencia en el ámbito administrativo, carecen de relevancia penal, debiendo ponerse de manifiesto que la falta de control efectivo sobre la gestión desarrollada, en modo significa que haya existido una mala gestión o una gestión fraudulenta", añade el juez, que consider que "todos y cada uno de los expedientes de subvención extraordinaria se tramitaron conforme a la ley 28/2003".
Por su lado, la fiscalía veía irregularidades: "No se ha acreditado suficientemente que las UTEDLT que recibieron las subvenciones reunieran todos los requisitos de la orden 21.01.04", recogía el escrito de denuncia de marzo de 2015, cuando la Junta informó de que el Tribunal de Cuentas archivó las actuaciones tras remitir la fiscalía un oficio a la Cámara de Cuentas sobre la gestión de las UTEDLT de 2010 a 2012. Una información que recoge el auto: "En su día, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía fue remitido al Tribunal de Cuentas incoándose en la fiscalía del mismo las Diligencias Preprocesales nº49/2014, las cuales fueron archivadas el 22 de julio de 2014, al considerar que no hay nada que reprochar, desde el punto de vista contable".
En el texto se destaca también que de forma previa a la concesión de las subvenciones, se elaboró una Memoria Justificativa del Interés Público Social por parte de la Jefa de Servicio de Promoción del Desarrollo Local. "Se ponía de manifiesto, de una parte, el evidente interés público y social de las subvenciones, toda vez que las mismas tenían como finalidad hacer frente a los despidos de un número importante de personas, y de otro lado, que al estar contemplada dicha situación en la orden de 24 de enero de 2004, que regula las UTEDLT, sólo cabía la posibilidad de recurrir a esta subvención excepcional". Entre lo implicados estaban también directores de Utedlt, agentes locales de promoción y empleo (Alpes) y varios directores generales del SAE.
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