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Méndez de Vigo se desentiende de las condiciones de los psicólogos de teléfono ‘antibullying’

PSOE y Ciudadanos preguntan en el Congreso por los contratos de los trabajadores, que cobran menos de 500 euros al mes por media jornada como telefonistas

Pilar Álvarez
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la presentación de un informe de la CEOE, este jueves.
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, en la presentación de un informe de la CEOE, este jueves. Emilio Naranjo (EFE)

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha manifestado este jueves que “no competen” a su departamento las condiciones laborales de los psicólogos que atienden el teléfono estatal contra el acoso escolar, reveladas por EL PAÍS. La plantilla está formada por psicólogos que tuvieron que acreditar su titulación y su experiencia con menores, preferiblemente víctimas de bullying, a la empresa adjudicataria del servicio público y que están contratados como gestores telefónicos por el convenio de despachos y oficinas. Cobran menos de 500 euros al mes por media jornada de trabajo. "El ministerio no es responsable de eso", ha añadido Méndez de Vigo

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Preguntado sobre si su departamento tiene intención de revisar el contrato, el ministro ha señalado que “las condiciones laborales de la empresa que ganó el concurso público con absoluta transparencia no competen al Ministerio de Educación”. El Consejo General de Psicología de España ha pedido explicaciones al Gobierno por este contrato. El organismo consideraba “vergonzoso” que el ministerio “ampare y financie estas formas fraudulentas de relación laboral”. 

“A nosotros lo que nos importa es que el servicio que se dé sea bueno”, ha añadido el ministro, que este jueves ha presidido la presentación del Libro Blanco de los Empresarios Españoles. La Educación importa' en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto al presidente del organismo, Juan Rosell. “En todo caso lo miraremos”, ha señalado Méndez de Vigo, tras reiterar que “si existen algunas dificultades o algunas irregularidades, será de la empresa con estas personas, pero el ministerio no es responsable de eso”. La adjudicataria del servicio es una empresa de call center, Alcalá BC.

Trabajadores y extrabajadores, con los que contactó este periódico y que solicitaron anonimato, han señalado que en ocasiones se queda una sola persona al frente del servicio para atender todas las llamadas de España o que los responsables del servicio les apremian para que atiendan el mayor número de consultas posibles.

Preguntas en el Congreso

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Los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos han registrado este jueves preguntas en el Congreso de los Diputados sobre el teléfono del acoso escolar, después de que este periódico publicara las condiciones laborales de los psicólogos que atienden el servicio.Ciudadanos quiere saber si el Gobierno conocía la situación laboral de los trabajadores, entre otras cuestiones. La diputada Marta Martín suscribe el texto en el que también reclaman: "¿Considera el Gobierno que retribuir a profesionales por debajo de su cualificación y responsabilidades es compatible con la obtención de un buen servicio?" o "¿Ha comprobado el Gobierno si esta baja remuneración puede afectar a la calidad del servicio?".

Además, solicitan saber si se va a llevar a cabo alguna medida desde el Ejecutivo para "reducir la precariedad" de estos profesionales y si el Gobierno tiene datos relativos a la calidad del servicio "más allá del volumen y tipología" de las llamadas atendidas. Por último, preguntan por qué los pliegos para adjudicar el servicio no incluían requisitos técnicos "para evitar que empresas totalmente ajenas a los servicios de psicología pudieran concurrir con éxito en el proceso".

Los socialistas plantean en su pregunta, firmada por los diputados Miguel Ángel Heredia, Manuel Cruz y Ricardo Antonio García, cuestiones como “qué opinión tiene el Gobierno sobre que los profesionales que atienden el teléfono contra el acoso escolar tengan unas condiciones laborales precarias” y “qué grado de responsabilidad considera el Gobierno que tiene sobre el trato laboral vejatorio que están sufriendo estos trabajadores”. También se interesan, como Ciudadanos, por si el Gobierno  “va a permitir que se siga produciendo este agravio comparativo entre estos profesionales según trabajen para el teléfono contra el acoso escolar o para el sector sanitario en general” y “qué medidas tienen pensado llevar a cabo para corregir esta injusta situación de desagravio”

 

"¿La baja remuneración puede afectar a la calidad del servicio?"

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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